Miembros de la administración Biden estuvieron en investigaciones y monitoreos a la campaña de Trump

Análisis de noticias

Mientras Joe Biden construye su nueva administración, los individuos de la administración Obama están resurgiendo silenciosamente en posiciones de poder. Algunas de estas personas son bien conocidas, otras menos. Pero todos jugaron papeles críticos en varios momentos durante la administración de Obama.

Susan Rice, asesora de seguridad nacional de Obama y ahora la «principal asesora del presidente en política nacional y decisiones relacionadas», admitió haber participado en el desenmascaramiento de miembros del equipo de transición de Trump. El desenmascaramiento es el proceso mediante el cual se revela la identidad de un ciudadano estadounidense a partir de vigilancia recopilada.

Inicialmente, Rice negó públicamente las acusaciones, diciendo: “No sé nada sobre esto. Me sorprendió ver los informes del presidente Nunes sobre ese aspecto hoy”. Dos semanas después, Rice declaró que no lo había hecho por «ningún propósito político». Más tarde se informó que Rice le dijo a los investigadores de la Cámara de Representantes que «desenmascaró las identidades de altos funcionarios de Trump para comprender por qué el príncipe heredero de los Emiratos Árabes Unidos estaba en Nueva York».

Rice también participó en una reunión a principios de enero de 2017 con el presidente Barack Obama, el vicepresidente Joe Biden, el director del FBI James Comey y la fiscal general adjunta, Sally Yates, en la que se habló de la llamada del teniente general Michael Flynn, asesor de seguridad nacional entrante del presidente electo Donald Trump, con el embajador ruso, Sergey Kislyak.

Según una presentación en el caso legal de Flynn, las notas del agente del FBI Peter Strzok revelaron que «el expresidente Obama, James Comey, Sally Yates, Joe Biden y aparentemente Susan Rice discutieron las transcripciones de las llamadas de Flynn y cómo proceder en su contra. El propio Obama ordenó que ‘las personas adecuadas’ investiguen al general Flynn». Según las notas de Strzok, también parece que «Biden planteó personalmente la idea de la Ley Logan» que inicialmente se utilizaría para perseguir a Flynn.

Rice, cuyo nivel de participación en el espionaje a la campaña Trump 2016 aún no se conoce del todo, se envió a sí misma un correo electrónico sobre el último día de Obama en el cargo, allí detalló los eventos que tuvieron lugar durante esta reunión. Además de Flynn, Rice también señaló que Obama le pidió a su equipo que sea «consciente de determinar si hay alguna razón por la que no podemos compartir información completa [con el equipo entrante de Trump] en lo que respecta a Rusia».

Mientras tanto, Samantha Power ha sido nombrada administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Su puesto aún no ha sido confirmado. Power fue la exembajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas en la administración Obama. Según una carta, del 27 de julio de 2017, enviada al entonces director de Inteligencia Nacional, Dan Coats, el representante Devin Nunes (R-Calif.) señaló que “un funcionario, cuyo puesto no tenía una función que pareciera relacionada con la inteligencia, hizo cientos de solicitudes de desenmascaramiento durante el último año de la administración Obama”. Ese funcionario fue posteriormente identificado en los medios como Power. Por su parte, Power ha negado que ella fuera la persona que hizo las solicitudes de desenmascaramiento.

Además de los nombres más conocidos de la administración de Obama, hay otros miembros menos conocidos de la nueva administración de Biden que habían desempeñado papeles, a veces cruciales, en la vigilancia al equipo de transición de Trump.

El procurador general adjunto en funciones, John Carlin

John Carlin, actualmente procurador general adjunto, está involucrado en la investigación del Departamento de Justicia sobre los eventos del 6 de enero en la capital de Estados Unidos. Carlin confirmó recientemente que más de trescientas personas han sido acusadas en relación con los hechos del 6 de enero y más de doscientas ochenta han sido arrestadas. Carlin le dijo a la prensa el 26 de febrero que la investigación «avanza a una velocidad y escala sin precedentes». Al principio de su carrera, Carlin fue subdirector de personal y consejero del entonces director del FBI, Robert Mueller, quien luego sería designado como abogado especial durante la administración Trump.

Durante la administración de Obama, Carlin fue asistente del fiscal general de seguridad nacional y jefe, desde abril de 2014 hasta octubre de 2016, de la División de Seguridad Nacional (NSD) del Departamento de Justicia. Además, estuvo involucrado en la investigación del FBI sobre la campaña de Trump, Crossfire Hurricane.

Según el testimonio de la abogada del FBI, Lisa Page, Carlin estaba recibiendo informes sobre las investigaciones de Clinton y Trump directamente del subdirector del FBI, Andrew McCabe. Page testificó que Carlin «se mantenía al tanto del tipo de actividad de investigación que se estaba llevando a cabo» y dijo que «Carlin podría llamar a Andy McCabe y hacer el lanzamiento de su equipo». Como parte de este proceso, Carlin estaba recibiendo informes sobre el progreso de las ordenes FISA (Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera) sobre el asistente de campaña de Trump, Carter Page.

Probablemente no fue la primera vez que Carlin se enteró de Page. El 11 de marzo de 2016, Carlin y Preet Bharara, el fiscal de Estados Unidos para el distrito sur de Nueva York, emitieron una declaración conjunta en la que señalaron la declaración de culpabilidad de Evgeny Buryakov, un oficial de inteligencia ruso condenado por espionaje. Page había ayudado en esta investigación y se había reunido con el FBI sobre el asunto el 2 de marzo de 2016. El conocimiento de Carlin sobre la asistencia previa de Page al FBI sugiere que él habría sabido que Page no era un agente ruso. Sin embargo, esto no impidió los esfuerzos del FBI para obtener una orden FISA contra Page el 21 de octubre de 2016.

A pesar de la participación de Carlin en las ordenes FISA contra Page y el caso de espionaje anterior en el que Page había asistido, Carlin declaró que su recuerdo sobre Carter Page y la solicitud de FISA del FBI contra Page era limitado, esto lo dijo cuando fue entrevistado en julio de 2017 por el Comité Selecto de Inteligencia de la Cámara.

Cuando le preguntó el entonces Rep. Trey Gowdy (R-S.C.) si había participado en alguna solicitud FISA relacionada con Page, Carlin declaró: “Creo, creo que lo hice. Ha habido muchos informes públicos desde que me fui, pero recuerdo haber estado involucrado en la preparación de la solicitud FISA para un individuo que estaba relacionado con la campaña de Trump». Carlin le dijo a Gowdy: “Recuerdo que había una solicitud. No recuerdo si la firmé o no».

Como jefe de la NSD del DOJ, Carlin también supervisó el uso de la Sección 702 por parte de las agencias de inteligencia. La NSD y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) realizan conjuntamente, cada 60 días, revisiones de las actividades relacionadas con la Sección 702 por parte de las agencias de inteligencia y la NSD debe informar cualquier incidente de incumplimiento o mala conducta de la agencia al Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISC).

Además, el Fiscal General y el Director de Inteligencia Nacional (DNI) están obligados por la Sección 702 a proporcionar al FISC certificaciones anuales y demostrar que las agencias de la Comunidad de Inteligencia están siguiendo los procedimientos de focalización y minimización aprobados por el FISC. Estas certificaciones anuales son archivadas por la NSD.

Un informe del 7 de enero de 2016 del inspector general (IG) de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), George Ellard, reveló un problema fundamental que parecía causar problemas con la supervisión de los datos de la Sección 702. El IG, Ellard, señaló que la metodología que el DOJ y NSD «han acordado no incluye proporcionar todos los registros de consultas realizadas». Además, el informe del IG también encontró que “los controles para monitorear el cumplimiento de las consultas no se han desarrollado completamente” y no se estaba realizando “ningún proceso para identificar de manera confiable las consultas”.

El informe del IG del 7 de enero de 2016 señala que la » la Oficina del Asesor General (OGC) de la NSA notificó a la NSD del DOJ los inconvenientes con las ordenes FISA». Sin embargo, no parece que la NSD haya revelado nunca el informe de Ellard a la FISC.

Además de los hallazgos del IG, el 9 de marzo de 2016, «el personal de supervisión del DOJ que realizaba una revisión de minimización en el [letras tachadas] del FBI se enteró de que el FBI había revelado información sin procesar de la FISA» a una entidad no revelada. En un fallo de abril de 2017, el FISC señaló que esta división o centro desconocido estaba «en gran parte atendido por contratistas privados» y que estos contratistas «tenían acceso a información sin procesar de la FISA en los sistemas de almacenamiento del FBI».

El Tribunal también declaró que el acceso del contratista a los datos sin procesar de la FISA parece haber sido el «resultado de una toma de decisiones deliberada» y el acceso a los sistemas del FBI «fue objeto de un memorando de entendimiento entre agencias» que había sido «preparado o revisado por los abogados del FBI». A pesar de este acuerdo multiinstitucional preexistente, «no se notificó esta práctica al FISC hasta 2016».

El informe del IG de la NSA, combinado con los descubrimientos del 9 de marzo de 2016, dio lugar a una revisión de cumplimiento interno instigada por el entonces director de la NSA, el almirante Mike Rogers. El 24 de octubre de 2016, Rogers informó verbalmente al tribunal de la FISA de los hallazgos de su investigación, que según la FISC incluían «un incumplimiento significativo de los procedimientos de minimización de la NSA que implican consultas de datos adquiridos bajo la Sección 702 utilizando identificadores de personas estadounidenses».

El tribunal señaló que «el alcance total de las prácticas de consulta marginadas de los procedimientos no se había revelado previamente al Tribunal» y que los resultados preliminares de revisiones adicionales sugirieron que «el problema era generalizado en todos los períodos examinados».

Carlin había presentado las certificaciones de la Sección 702 propuestas por el gobierno para 2016, el 26 de septiembre de 2016, pero no reveló el informe del IG del 7 de enero de 2016 al tribunal de la FISA. Además, parece que la corte no fue nuevamente notificada del informe del IG durante una audiencia de seguimiento, el 4 de octubre de 2016.

En su fallo de abril de 2017, «la Corte atribuyó el hecho de que el gobierno no reveló esas revisiones del IG y OCO en la audiencia del 4 de octubre de 2016 a una ‘falta de franqueza’ institucional».

El 27 de septiembre de 2016, el día después de que presentó las certificaciones anuales, Carlin anunció su renuncia al Departamento de Justicia, la cual entraría en vigencia el 15 de octubre de 2016. En ese momento, la solicitud de la orden FISA por parte del FBI estaba a punto de completarse. El 21 de octubre de 2016, el DOJ y el FBI obtuvieron una orden FISA contra Page. En este punto, el tribunal de la FISA aún desconocía las violaciones a la Sección 702.

Victoria Nuland

Biden anunció recientemente que nominó a Victoria Nuland como “subsecretaria de estado para asuntos políticos”, el tercer puesto de mayor rango en el Departamento de Estado. Nuland tiene una larga trayectoria en el Departamento de Estado y desempeñó varios papeles durante la investigación del FBI sobre la campaña de Trump.

En algún momento, después de junio de 2014, Christopher Steele, autor del infame expediente sobre la desmentida colusión con Rusia, comenzó a proporcionar de manera informal informes que había preparado para un cliente privado al Departamento de Estado. Una de las destinatarias de los informes fue Victoria Nuland, entonces secretaria de Estado adjunta para Asuntos Europeos y Euroasiáticos.

El 5 de julio de 2016, el agente del FBI, Michael Gaeta, viajó a Londres y se reunió con Steele en las oficinas de la firma de Steele, Orbis. En algún momento, a principios de julio, los primeros informes del expediente de Steele se pasaron a Nuland y al Departamento de Estado, posiblemente a través de Jonathan Winer, entonces funcionario del Departamento de Estado que era amigo de Steele, tal vez a través de Gaeta o posiblemente a través del propio Steele.

Durante una entrevista, Nuland dijo que se empezó a preocupar “a mediados de julio, cuando él [Steele] estaba haciendo este otro trabajo… [Steele] pasó de hacer dos a cuatro páginas de puntos cortos de lo que estaba encontrando y nuestra reacción inmediata a eso fue, esto no es de nuestra competencia. Esto tiene que ir al FBI si hay alguna preocupación de que un candidato o las elecciones en su conjunto puedan ser influenciadas por la Federación Rusa». Nuland dijo más tarde que estos documentos fueron transmitidos en algún momento tanto al FBI como al Secretario de Estado, John Kerry.

Más tarde, Nuland fue informada sobre el expediente más amplio de Steele durante una reunión con un asociado del senador John McCain, David Kramer, en diciembre de 2016. Kramer dijo que McCain le dio instrucciones para reunirse con Nuland y la directora de asuntos rusos, Celeste Wallander. El propósito de la reunión fue verificar si el expediente «se estaba tomando en serio». Kramer dijo que no compartió físicamente el expediente con ellos en este momento, pero se reunió nuevamente con Wallander, un miembro del Consejo de Seguridad Nacional, «alrededor de Año Nuevo» y «le dio una copia del documento».

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