Al menos seis migrantes murieron a tiros por militares mexicanos el pasado primero de octubre durante una persecución en Chiapas, según confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Son de Egipto, de El Salvador y de Perú”, explicó la presidenta durante su rueda de prensa matutina este 3 de octubre.
La Secretaría de la Defensa Nacional informó el 2 de octubre que integrantes del ejército mexicano detectaron a un vehículo tipo pick up que iba a alta velocidad, mismo que al ver personal militar huyó, según un comunicado.
Señaló que dos camionetas de redilas (caja montada en la parte trasera de camionetas) escoltaban la pick up «como las que usan grupos delincuenciales en la región». Dijo que el personal militar manifestó escuchar disparos, por lo que dos militares abrieron fuego contra una de las camionetas que escoltaban la pick up.
Tras los disparos, los militares se acercaron a la camioneta y descubrieron a 33 migrantes de nacionalidad egipcia, nepalí, cubana, hindú, pakistaní y árabe, de los cuales cuatro fallecieron en el momento.
«Es un hecho lamentable, y tiene que ser investigado y sancionado», señaló Sheinbaum a la prensa, agregando que los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que dispararon «ya están puestos a disposición de la Fiscalía General de la República».
Sheinbaum dijo que la fiscalía del país tiene que investigar cómo ocurrieron los hechos y si hay responsabilidad de mandos superiores en el tiroteo. Informó que la secretaría de gobernación y la secretaría de relaciones exteriores se pusieron en contacto con las embajadas «para poder dar apoyo a los familiares de las personas que fallecieron».
Las declaraciones de Sheinbaum ocurrieron luego que la cancillería de Perú manifestó su condena enérgica a los hechos que causaron la muerte de un ciudadano peruano.
«El Perú condena enérgicamente los hechos acontecidos, que han causado hasta el momento el fallecimiento de seis migrantes, incluyendo la irreparable pérdida de la vida de un connacional», expresó la cancillería en un comunicado del 2 de octubre.
Los hechos ocurren en medio de la aprobación de la reforma constitucional para que la Guardia Nacional se incorpore a las Fuerzas Armadas.
Los críticos de la legislación afirman que otorgaría a los militares demasiado poder sobre la ley y el orden en México. Mientras que sus partidarios dicen que responde a la realidad que enfrenta el país en su lucha contra la delincuencia.
La iniciativa de reforma precisa que además de la adscripción a la Secretaría de la Defensa Nacional, el personal de la guardia sería de origen militar pero con formación policial y tendrá facultades para ejecutar tareas de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Asimismo, la Guardia Nacional tendrá facultades para investigar delitos mediante acciones coordinadas con el Ministerio Público y las distintas policías.
El partido Morena, que promovió la reforma, niega que el cambio vaya a militarizar México e insiste en que hará que la Guardia Nacional se convierta en una fuerza de seguridad más eficaz.
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