WASHINGTON – Para ayudar a resolver la crisis de la inmigración ilegal proveniente de América Central, Estados Unidos está trabajando al sur de la frontera para reducir aquello que la impulsa –como la pobreza, la delincuencia y las gobernaciones débiles.
Cerca de la mitad de la población de América Central –ubicada en El Salvador, Guatemala y Honduras– vive en la pobreza, según estimaciones del Departamento de Estado.
En 2015, El Salvador y Honduras tenían las tasas más altas del mundo de homicidios intencionales, respectivamente, según datos de Naciones Unidas. Aunque estos números disminuyeron drásticamente en ambos países en 2017, según datos del Departamento de Estado, siguen superando a la mayoría de los países de la región.
Los líderes del Departamento de Seguridad Nacional esperan trabajar en estrecha colaboración con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, para alinear las políticas de inmigración –especialmente en lo que respecta a los solicitantes de asilo– y para tomar medidas enérgicas contra la violencia transnacional.
«Creo que si podemos proponer un enfoque para proteger a los solicitantes de asilo en una visión compartida con México, Canadá y otros socios regionales, eso es algo que podríamos hacer a corto plazo», dijo Kevin McAleenan, comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en un evento celebrado en Washington el 27 de julio.
«Si se mira a El Salvador, la migración de El Salvador se ha reducido en un 65 por ciento este año», dijo McAleenan. «Lo que están haciendo es trabajar, tanto en el frente de la seguridad como en el de las oportunidades económicas. Queremos lograr esos mismos éxitos también en Honduras y Guatemala».
Cambios demográficos
La demografía de los inmigrantes ilegales que ingresan a Estados Unidos ha estado cambiando a lo largo de los años, pero en los últimos cinco años registró el cambio más significativo, dijo McAleenan.
Desde la década de 1930 hasta 2009, más del 90 por ciento de los inmigrantes ilegales fueron hombres mexicanos solteros que cruzaron la frontera en busca de trabajo de temporada, dijo. El primer año que la proporción de ciudadanos mexicanos que cruzaron ilegalmente cayó por debajo del 90 por ciento fue en 2009.
«Tres de los últimos cinco años han tenido más del 50 por ciento de ciudadanos no mexicanos», señaló el Comisionado. El cambio ha sido impulsado por los centroamericanos.
«Este año vemos que un 40 por ciento de los que cruzan nuestra frontera son niños no acompañados, que representan un 15 por ciento, o familias, en un 25 por ciento» dijo McAleenan. La mayoría de las unidades familiares están formadas por una mujer adulta y un niño.
Otro fenómeno es el número de inmigrantes ilegales que solicitan asilo, que se ha disparado de menos del uno por ciento en 2013 a cerca del 20 por ciento, entre todos los que cruzan la frontera ilegalmente.
En 2009, el Departamento de Seguridad Nacional procesó más de 5000 solicitudes de asilo de temor creíble, según cifras del Departamento de Justicia. Para 2016, ese número había aumentado a 94.000.
Alrededor del 20 por ciento de todas las solicitudes de asilo son aprobadas por los jueces de inmigración.
El viaje
El gobierno de Estados Unidos también está trabajando para tratar de mitigar el crimen y abuso perpetrado contra los centroamericanos mientras viajan hacia el norte a través de México.
Según Médicos Sin Fronteras (MSF), dos tercios de los migrantes que viajan por México declaran haber sufrido violencia durante su viaje, incluidos secuestros, robos, extorsiones, torturas y violaciones. La organización ha estado brindando atención médica y de salud mental a migrantes y refugiados en México desde 2012.
«La gente en esos países ya no es capaz de mantener una calidad de vida decente y se ven obligados a huir. Se van porque no tienen elección», dice Rachel Kiddell-Monroe, miembro de la junta internacional de MSF, en un video publicado el 19 de julio. «No tenemos idea del número de personas que están desapareciendo [en el viaje hacia el norte].»
Casi una de cada tres mujeres encuestadas por MSF dijo que había sufrido abusos sexuales durante su viaje, incluyendo un 60% de violaciones.
McAleenan también señaló que la inteligencia y las entrevistas de Protección de Aduanas y Frontera tienen cifras aún más altas.
Explicó que la industria multimillonaria del contrabando de personas y drogas por parte de organizaciones criminales transnacionales ha causado problemas significativos para los ciudadanos mexicanos que viven a lo largo de las rutas de contrabando y cerca de la frontera suroeste.
«Este proceso de los contrabandistas que controlan el acceso es realmente un fenómeno de solo los últimos cinco a diez años», dijo. «Anteriormente, si querías migrar a Estados Unidos, podías trazar tu propio camino, conseguir transporte hasta la frontera mexicana, ver dónde se reunían otras personas e intentar cruzar junto con un grupo».
Ahora, dijo, es imposible cruzar sin pagar a un contrabandista, por lo general alrededor de USD 500 solo para cruzar la frontera en sí.
«Por eso la violencia es tan intensa en Tamaulipas. Están luchando por cada centímetro de acceso a ese río», dijo. Tamaulipas es el estado directamente al sur del Valle del Río Grande en el sureste de Texas, y es el punto de cruce ilegal más concurrido de la frontera sur de Estados Unidos.
La tasa de asesinatos en Tamaulipas ha crecido a más del doble en los últimos 18 meses, dijo McAleenan. En el último ciclo electoral, 122 candidatos a cargos políticos en México fueron asesinados a nivel federal, estatal y local. Varios cientos de candidatos tuvieron que renunciar o abandonar debido a amenazas, dijo.
«Ese es el resultado de nuestro marco legal», afirmó McAleenan, culpando a las brechas del sistema de inmigración de Estados Unidos que alimentan la violencia en la frontera e «invitan a la gente a hacer este peligroso viaje».
«Tenemos que ser conscientes de lo que está haciendo nuestro sistema tanto en Centroamérica como en México», dijo. Asociarse con esos países es esencial tanto para abordar el factor de empuje económico de América Central como para desmantelar las organizaciones criminales transnacionales que están victimizando a las personas más vulnerables en su camino hacia Estados Unidos, agregó.
«Hemos hablado con estos líderes. Ellos no quieren perder su juventud y energía por este flujo migratorio. Ellos no quieren poner a sus familias y niños vulnerables en manos de los contrabandistas», dijo el Comisionado.
Prosperidad y seguridad
McAleenan expresó que este mes, Seguridad Nacional está lanzando una campaña de mensajes en Centroamérica, en español y en dialectos indígenas, para explicar los peligros del viaje y también para promover la futura oportunidad económica en su país de origen.
También dijo que aunque la mayor parte de la charla es sobre la violencia de las pandillas, el flujo migratorio es impulsado por las preocupaciones económicas y la falta de oportunidades económicas.
«Eso es realmente fundamental para entender: hay mucha discusión sobre la violencia de las pandillas, mucha discusión sobre la coacción, pero la economía es el núcleo fundamental de esto».
Él expresó que la administración de Trump está ampliando el alcance del Plan de la Alianza para la Prosperidad que se lanzó a fines de 2014. Fue iniciado por Guatemala, Honduras y El Salvador y ha sido apoyado cada año desde Estados Unidos con la asignación por parte del Congreso de entre USD 460 millones y USD 750 millones.
El plan se basó en uno similar que se aplicó en Colombia y que ayudó a desmantelar los cárteles de la droga, aumentar la seguridad y fomentar la actividad económica.
En América Central, los programas estadounidenses contribuyeron con USD 92,2 millones en exportaciones y ventas nacionales y con la creación de más de 29.000 empleos en 2017, según el Departamento de Estado.
En una conferencia en junio de 2017 para analizar la prosperidad y la seguridad en América Central, los gobiernos centroamericanos se comprometieron a implementar reformas para mejorar sus climas comerciales, incluyendo la eliminación de trámites burocráticos, la mejora de la transparencia y la optimización de los procesos de formalización empresarial.
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