Un nuevo informe de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) de EE.UU. encontró que las muertes por sobredosis de fentanilo en Oregon aumentaron en un asombroso 1526 por ciento desde antes de la pandemia, eclipsando a todos los demás estados.
El siguiente estado que más ha sufrido por el aumento de las muertes a causa del fentanilo es Oklahoma, con un crecimiento del 954 por ciento.
En el lapso de un año hasta septiembre de 2019, Oregón había contabilizado 77 muertes conocidas por sobredosis de fentanilo. Se atribuyó a la droga dos muertes por cada 100,000 personas en el estado.
En el período de 12 meses anterior a septiembre de 2023, las muertes por el potente opioide se dispararon a unas 1268, lo que representa 30 muertes por cada 100,000 habitantes.
Las muertes por sobredosis de fentanilo ahora representan la mayor cifra de decesos por sobredosis de drogas en el estado.
Pero no es el único problema de drogas en Oregón.
Los CDC informan que el 74.2 por ciento de las muertes por sobredosis en Oregón involucraron al menos un opioide (más comúnmente el fentanilo) y el 65 por ciento involucraron al menos un estimulante, con mayor frecuencia la metanfetamina.
Estos sorprendentes hallazgos de los CDC se publicaron mientras los legisladores de Oregón debatían un proyecto de ley para revertir la Medida 110, la controvertida legalización de las drogas duras aprobada por los votantes en Oregón.
Una medida fallida
Los votantes de Oregón aprobaron la Medida 110, la “Ley de Recuperación y Tratamiento de la Adicción a las Drogas” en noviembre de 2020 con un apoyo del 58 por ciento. La medida despenalizó la posesión de drogas duras que consumen los usuarios, incluidos el fentanilo, la cocaína, la metanfetamina y la heroína, a favor de opciones de tratamiento a las adicciones que se financiarían con el impuesto estatal al cannabis.
Pero el tratamiento tardó en llegar en los tres años posteriores a la aprobación de la medida.
En los 15 meses posteriores a la entrada en vigor de la medida, solo 119 personas llamaron a la línea directa del estado para pedir ayuda. Eso significaba que cada llamada a la línea directa costaba aproximadamente USD 7000.
Hoy, la mayoría de los votantes considera que la ley es un fracaso.
Una encuesta del Emerson College entre 1000 votantes registrados de Oregón encontró que el 56 por ciento apoya una derogación completa de la Medida 110, mientras que el 64 por ciento cree que se deberían derogar partes para restablecer las penas por posesión de pequeñas cantidades de drogas duras.
Una encuesta realizada por GS Strategy Group muestra un apoyo bipartidista a la penalización al porte de drogas: El 59 por ciento de los demócratas, el 93 por ciento de los republicanos y el 74 por ciento de los votantes no afiliados están de acuerdo. Los habitantes de Oregón también están de acuerdo en que a los consumidores que son citados por posesión de drogas se les debería exigir que se sometan a un tratamiento de drogas supervisado (82 por ciento) en lugar de que el tratamiento sea voluntario (11 por ciento), según esa encuesta.
“Un aumento del 1500 por ciento en las sobredosis es el resultado directo de que Oregón permitió el uso de drogas con la Medida 110”, escribió el líder republicano de la Cámara de Representantes de Oregón, Jeff Helfrich, sargento retirado de la policía de Portland, en un comunicado de prensa.
«La gente seguirá muriendo a tasas top en el país mientras se mantenga esta política fallida».
Un nuevo enfoque
Los legisladores ahora están considerando cambios a la Medida 110 que convertirían la posesión menor de drogas en un delito nuevamente, darían al acusado múltiples oportunidades de evitar la cárcel y darían a las autoridades más poder para procesar a los traficantes.
El proyecto de ley 4002 de la Cámara de Representantes propuesto por los demócratas crearía un nuevo tipo de delito menor que incluye pena de cárcel solo si un acusado no ingresa a tratamiento.
En un nuevo enfoque llamado “desviación”, aquellos que se encuentren en posesión de drogas ilícitas tendrían la oportunidad de buscar tratamiento antes de ser arrestados. Los programas de desviación no serían obligatorios, pero los condados que decidieran ofrecerlos podrían recibir millones de financiación estatal.
Aquellos que sean encontrados en posesión de cantidades menores de drogas como heroína, metanfetamina y fentanilo podrían cumplir penas de cárcel de hasta 180 días.
El proyecto de ley también busca fortalecer los programas contra las adicciones en todo el estado y aumentar el acceso a medicamentos que puedan disminuir los síntomas de la abstinencia de opioides. Fortalecería las penas para los traficantes de drogas que operan cerca de centros de tratamiento, parques y refugios para personas sin hogar.
Se le quitaría fuerza al requisito de que los agentes de policía ayuden a conectar a las personas con el tratamiento en lugar de llevarlas directamente a la cárcel.
El Sr. Helfrich dijo que apoya un posible acuerdo bipartidista para proporcionar mejores vías para sacar de las calles y llevar a tratamiento a quienes luchan contra la adicción, así como para volver a penalizar las drogas.
“A lo largo de esta sesión, los republicanos de la Cámara de Representantes se han mantenido firmes junto con las autoridades y los fiscales de distrito para resolver la crisis de la Medida 110”, escribió Helfrich. «Parte de esa solución debe incluir absolutamente el estándar criminal sobre la posesión de drogas».
Los republicanos están revisando el texto del proyecto de ley para garantizar que “logre nuestros objetivos de restaurar la responsabilidad de la justicia penal y brindar apoyo a los habitantes de Oregón que luchan contra la adicción”, dijo Helfrich.
Pero no todos están de acuerdo.
La ACLU de Oregón expresó “serias preocupaciones” sobre el proyecto de ley.
«El liderazgo legislativo de Oregon está cavando una profunda, inconcebible y costosa trinchera de sufrimiento humano al volver a criminalizar a los residentes de Oregon que sufren adicción a las drogas», escribió en una carta a los legisladores.
«Las soluciones reales a la adicción a las drogas son más tratamiento, vivienda, educación preventiva, equipos móviles de crisis no policiales y esfuerzos de revitalización comunitaria», dijo el director ejecutivo de la ACLU, Sandy Chung.
Cualquier cambio a la Medida 110 entraría en vigor el 1 de septiembre.
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