Comentario
Un nuevo estudio ha revelado que el número de víctimas mortales del COVID-19 duplica las estimaciones anteriores de la Organización Mundial de la Salud. La OMS calculaba 3.2 millones de muertes, pero el director Chris Murray, del Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud (IHME, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Washington, declaró al Financial Times que «la cifra real es significativamente peor».
Un nuevo estudio del IHME estima que el coronavirus mató a 6.9 millones de personas. Sin incluir los daños económicos del confinamiento, el sufrimiento de los supervivientes, los costos soportados por la sociedad por la hospitalización y las nuevas vacunas, los daños futuros por el crecimiento continuo de la pandemia, o las sanciones penales, China ya es responsable de aproximadamente 19 billones de dólares en daños, según mis cálculos.
Según el estudio del IHME, las muertes en Estados Unidos se estiman en casi 900,000, en lugar de las 570,000 de las estimaciones anteriores. India tiene una subestimación aún peor, ya que se calcula que las muertes reales triplican las cifras oficiales. Las muertes en Rusia se calculan ahora en 593,000, en lugar de la cifra oficial de 109,000. El Instituto explicó que las inconsistencias en la calidad de las pruebas y el subregistro de las muertes en los centros de atención explican las subestimaciones anteriores.
Las nuevas cifras de mortalidad se han calculado restando las tendencias de mortalidad anteriores al COVID de las tendencias de mortalidad reales durante la pandemia. La Universidad de Washington ajustó la estimación para tener en cuenta los cambios indirectos de la pandemia, por ejemplo, el aumento de las muertes por el miedo a los hospitales durante la pandemia, y el descenso de las muertes por la reducción del tránsito de vehículos.
Las antiguas subestimaciones tienden dejar escapar a China y facilitan las afirmaciones del gobierno de que lo hicieron bien en cuanto a limitar los efectos del COVID. Pero China no debe escapar.
Tanto la Administración de Trump como la de Biden confirmaron dos hechos clave. Primero, el laboratorio de Wuhan ocultó su trabajo con los militares chinos. Y segundo, varios investigadores mostraron síntomas similares a los del COVID en otoño de 2019.
Los analistas sostienen que China es legalmente responsable de la pandemia. El profesor de Derecho de Harvard James Kraska escribió en marzo: «Mientras el nuevo coronavirus se incubaba en Wuhan desde mediados de diciembre hasta mediados de enero, el Estado chino hizo declaraciones evidentemente intencionadas a su pueblo en relación con el brote, proporcionando falsas garantías a la población antes de la proximidad de las celebraciones del Año Nuevo Lunar el 25 de enero».
El experto en China Gordon Chang escribió en un correo electrónico que el país «propagó intencionadamente el COVID-19 más allá de sus fronteras», y lo calificó como una forma de «asesinato masivo». Aportó tres razones principales para esta conclusión.
En primer lugar, «el régimen trató de convencer al mundo de que el COVID-19 no era transmisible de persona a persona cuando sabía que lo era».
En segundo lugar, después de que Beijing admitiera la transmisibilidad de la enfermedad, «intentó entonces convencer al mundo de que la enfermedad no provocaría muchas infecciones y muertes cuando sabía que ya lo había hecho, engañando así a los funcionarios de salud pública para que no tomaran las precauciones que de otro modo habrían adoptado».
Y en tercer lugar, «China presionó [a otros países] para que no impusieran restricciones de viaje y cuarentenas cuando estaba cerrando su propio país».
Según Chang, «Beijing argumenta simultáneamente que los países no deben vetar a los viajeros chinos mientras mantiene los cierres, lo que sugiere inequívocamente una intención de propagar la enfermedad más allá de las fronteras de China». Sostiene que China «vio cómo el COVID-19 había paralizado a China. Si quisieran paralizar a otras sociedades con el virus, habrían hecho lo que de hecho hicieron (…). Difundieron maliciosamente el virus por el mundo».
Según la fuente de Chang, la Comisión Nacional de Salud de China ordenó a todos los laboratorios, hospitales y otros centros de investigación del país que destruyeran las muestras del coronavirus el 3 de enero. La intención podría haber sido destruir pruebas. Chang dijo que la destrucción de las muestras era contraria a las mejores prácticas durante una epidemia. «La práctica universal es conservar las muestras, especialmente durante las primeras fases de una epidemia, cuando son necesarias para el rastreo de contactos y el desarrollo de vacunas».
El título del artículo de marzo del profesor Kraska concluía que las reclamaciones contra China por el COVID-19 «podrían ascender a billones». Escribió en un correo electrónico que «en la ley las muertes se calculan como un costo económico de los ingresos esperados del fallecido, las posibles herencias y beneficios laborales, y los bienes y servicios que habría producido en vida, más los gastos de su asistencia médica y funerarios. En general, estos costos han estado en el rango de 2.5 a 3.0 millones de dólares para una sola persona. En mi opinión, estos costos podrían (y deberían) añadirse a una demanda contra China por muerte por negligencia».
Multiplicar 6.9 millones de muertes por COVID-19 por 2.75 millones de dólares por persona indica que China debería indemnizar a las familias por 19 billones de dólares en concepto de daños por muerte por negligencia a causa del COVID. Esto no incluye los daños futuros de la pandemia en curso, el sufrimiento de los supervivientes, las pérdidas económicas de la sociedad por los confinamientos o las sanciones penales por lo que el Sr. Chang llama «asesinato masivo». El total de los daños adicionales también podría ascender a billones.
Si China no paga estos costos, nuestros gobiernos deberían obligar a China a pagar embargando sus activos extranjeros. La inmunidad soberana no es excusa para gobiernos no elegidos que no son mejores que los terroristas, según el profesor de la Universidad de Chicago Teng Biao y la abogada de derechos humanos Terri Marsh.
Si nuestros propios gobiernos no persiguen agresivamente a China por sus crímenes del COVID-19, están faltando a su deber más sagrado de proteger a la ciudadanía.
Anders Corr es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Yale (2001) y doctor en gobernación de la Universidad de Harvard (2008). Es el director de Corr Analytics Inc., editora del Journal of Political Risk, y ha llevado a cabo extensas investigaciones en Norteamérica, Europa y Asia. Es el autor de “The Concentration of Power” (Concentración del poder), de próxima aparición en 2021 y “No Trespassing” (Prohibido el paso), y el editor de “Great Powers, Grand Strategies” (Grandes poderes, grandes estrategias).
Siga a Anders en Twitter: @anderscorr
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo click aquí
Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en Estados Unidos y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.
