Una mujer de Texas presentó una demanda federal contra los fiscales que la arrestaron y encarcelaron por presunto asesinato después de que intentó autoinducirse un aborto en enero de 2022.
Lizelle González, cuyo apellido era Herrera en ese momento, está demandando al condado de Starr, al fiscal de distrito Gocha Ramírez y a la fiscal adjunta de distrito Alexandria Barrera por los cargos ahora retirados presentados en su contra, según la demanda presentada el 28 de marzo.
La Sra. González pasó tres días en prisión antes de que el fiscal de distrito “tomara la decisión de desestimar los cargos infundados en su contra”, dice la denuncia.
Según la ley de Texas, una madre está exenta de cargos penales por la muerte de un feto.
La Sra. González había tomado misoprostol, uno de los dos medicamentos utilizados para inducir un aborto, a las 19 semanas de gestación.
El 7 de enero de 2022, luego de tomar el medicamento, acudió a urgencias, donde le realizaron un examen obstétrico. Los médicos observaron un latido del corazón fetal y fue dada de alta el 8 de enero. Más tarde esa misma tarde, la llevaron en ambulancia a la sala de emergencias con dolor abdominal y sangrado vaginal, y un examen de seguimiento encontró que no había latidos del corazón.
Se realizó una cesárea para dar a luz al bebé muerto.
La Sra. González fue acusada de asesinato el 30 de marzo de 2022, cuando el caso se presentó ante un gran jurado. Fue arrestada por la Oficina del Sheriff del Condado de Starr el 7 de abril y encarcelada durante dos noches antes de ser liberada.
La abogada Cecilia Garza, que representa a la Sra. González, dijo que su cliente fue atacada por funcionarios del condado de Starr y quiere que rindan cuentas por violar sus derechos de la Cuarta y 14va Enmienda.
«La Sra. González fue perseguida por el Fiscal de Distrito del Condado de Starr, su asistente y el Condado de Starr», dijo la Sra. Garza durante una conferencia de prensa, informó Courthouse News Service. «No sabemos si fue por razones personales o razones políticas, pero sus acciones no pueden ser caracterizadas, y no serán caracterizadas, simplemente como errores».
La Sra. González reclama un millón de dólares en concepto de daños y perjuicios por procesamiento injusto y violación a sus derechos civiles.
Las consecuencias del procesamiento
La demanda argumenta que la Sra. González sufrió la “humillación de una acusación y arresto muy publicitados, que ha afectado permanentemente su posición en la comunidad”.
La Sra. González, que no tenía antecedentes penales, tenía 26 años en el momento del incidente que llevó su nombre a los titulares nacionales apenas unos meses antes de que la Corte Suprema anulara Roe vs Wade.
Sus abogados dijeron que la demanda no responde a la legalidad del aborto; más bien, se basa en la violación a sus derechos civiles.
“La base legal de la demanda de la señora González no son sus derechos reproductivos”, dijo Garza a los periodistas. “El fundamento legal de esta demanda es la violación inconstitucional de sus derechos básicos al ser arrestada y acusada de un delito que no existe en el estado de Texas”.
“Lizelle González tomó una decisión difícil y profundamente personal con respecto a su embarazo”, continuó. “Si bien existe un gran debate sobre si la señora González debería o no poder tomar esa decisión, no hay absolutamente ningún debate sobre si su decisión no violó las leyes del estado de Texas y su conducta no fue criminal”.
En Texas, los fiscales suelen tener inmunidad absoluta de responsabilidad en casos civiles, pero no cuando “funcionan como el equivalente de un detective en lugar de como un abogado que se prepara para el juicio”, argumenta la demanda.
La Sra. González afirma que los fiscales “tergiversaron intencionalmente las pruebas ante un gran jurado” para presentar cargos en su contra.
El Colegio de Abogados del Estado de Texas investigó el caso y descubrió que el Sr. Ramírez había permitido que los fiscales asistentes acusaran a la Sra. González por “actos claramente no criminales”, según Courthouse News Service.
El Colegio de Abogados de Texas suspendió al fiscal de distrito del ejercicio de la abogacía durante un año y le impuso una multa de 1250 dólares. La suspensión del Sr. Ramírez comenzó el 1 de abril.
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