Mujer china enfrenta una nueva forma de persecución tras ser liberada luego de 3 años de cárcel

Una transmisión en vivo de un tribunal chino sobre un caso de suspensión de pensión se interrumpió abruptamente el 26 de agosto en medio del juicio.

Tang Yuehua, la demandante, demandó a las autoridades locales por retener su pensión luego de que salió de la cárcel. Tang fue encarcelada entre 2015 y 2018 por su creencia en Falun Gong.

Hubo más de 1400 personas viendo el juicio online cuando la señal se cortó mientras el tribunal cuestionaba las identidades de la demandante y su representante.

El abogado de derechos humanos Liu Lianhe dijo a The Epoch Times que el régimen manipula a la corte para perseguir a ciudadanos chinos y a defensores de derechos con decisiones administrativas ilegales, en este caso legitimando la suspensión de las pensiones, a pesar de que carece de fundamento legal. Él agregó que cree que los juicios online se utilizan como propaganda para las audiencias nacionales.

Tang Yuehua es una mujer de 60 años jubilada de un centro de servicios de administración de la ciudad. Ella se jubiló en enero de 2012 y fue sentenciada a 3 años de prisión en 2015 por su creencia en Falun Gong.

Falun Gong, también conocido como Falun Dafa, es una práctica espiritual pacífica de cuerpo y mente que tiene sus raíces en la cultura tradicional china y se basa en verdad, benevolencia, y tolerancia.

Desde que el exlíder del régimen, Jiang Zemin, inició la persecución a Falun Gong en 1999, miles de practicantes han sido perseguidos hasta la muerte, mientras que decenas de miles han sido encarcelados, según el Centro de Información de Falun Dafa.

Cuando Tang fue liberada en 2018, el Centro de Gestión de Fondos de Seguro Social-Sucursal de Nankai (Centro SIF) suspendió su pensión y trató de recuperar los pagos de pensión que recibió mientras estaba encarcelada.

Presentación de la demanda

Tang presentó una demanda administrativa contra el Centro SIF en el tribunal de distrito local. Pero el tribunal rechazó la demanda el 8 de diciembre de 2020.

En febrero de 2021, Tang apeló al Tribunal Intermedio No. 1 de Tianjin.

El 22 de marzo, el tribunal intermedio aprobó el retiro de la apelación y ordenó al tribunal de distrito que presente el caso.

El caso finalmente se presentó en el tribunal local y la transmisión online del juicio se fijó para la tarde del 26 de agosto.

Los tribunales chinos comenzaron los juicios por transmisión vía online en septiembre de 2016. El régimen dijo que la transmisión pública era significativa para la «confianza judicial china» y permitía al público ver grabaciones de juicios pasados.

El juicio se fijó para la 1:30 p.m., pero se retrasó hasta pasadas las 2 p.m. The Epoch Times siguió la transmisión online del juicio, pero la señal se apagó justo cuando el representante de Tang respondió al tribunal y dijo que estaba exagerando al cuestionar la ocupación y las identidades de Tang y su representante. En China, a algunos abogados de derechos humanos se les prohíbe ejercer, se les revoca la licencia y, por lo tanto, solo pueden actuar como representantes ante el tribunal, pero no como abogados.

La reportera intentó llamar al tribunal de distrito local sobre el caso y el problema de la señal. Ellos respondieron que el trámite continuaba y que el problema estaba relacionado con la conexión a Internet.

No hubo más detalles disponibles en torno al caso al momento de esta publicación.

Las acciones administrativas son ilegales: abogado

Liu Lianhe, un abogado de derechos humanos de Tianjin, ha trabajado en muchos casos de suspensión de pensiones.

Sabiendo que el juicio salió del aire en medio del proceso, Liu dijo que las autoridades son selectivas sobre lo que se permite que se haga público. “Independientemente del efecto de la transmisión en vivo, la suspensión de las pensiones es ilegal”, dijo Liu.

En 2001, el Departamento de Trabajo y Seguridad Social de China (DLSS) en una «carta de respuesta», declaró que los beneficios de pensión de los jubilados se suspenderán mientras cumplan condenas de prisión.

Liu dijo que la llamada «carta de respuesta» carece de base legal.

Él dijo: «A juzgar por la constitución, la ley del seguro social y la ley laboral, no existe ninguna disposición que indique que los beneficios del seguro de pensión de los trabajadores deban suspenderse durante su encarcelamiento luego de la jubilación».

Es obvio que el departamento administrativo tomó una decisión ilegítima con base en una carta de respuesta emitida hace más de 20 años por un departamento oficial que ya no existe, agregó. El tema de las pensiones y el trabajo ahora lo rige un departamento creado en 2008, Recursos Humanos y Seguridad Social.

Liu dijo que el departamento administrativo tiene derecho a recuperar los pagos si se utilizaron medios fraudulentos para obtener una pensión, pero en la mayoría de los casos, los demandantes no participaron en ninguna actividad ilegal.

Es común que a los presos chinos se les suspenda la jubilación. En los últimos años, muchos practicantes de Falun Gong han perdido sus pensiones tras haber sido encarcelados debido a la campaña de persecución del régimen comunista chino, según lo documentado por el Centro de Información de Falun Dafa.

Según el fallo comunista, las personas sufren la falta de revisión constitucional de las leyes y regulaciones y, por lo tanto, se ven privadas de sus derechos cuando estas leyes y regulaciones se convierten en herramientas de persecución, según los abogados chinos de derechos humanos, Xie Yang y Yang Hui.

Liu dijo, “los funcionarios van tras las pensiones de los que están presos, eso es lo que han estado haciendo. Me he encontrado con muchos casos similares, de practicantes de Falun Gong, a defensores de derechos, entre otros”.

Liu dijo que ha pedido a la corte que revise la legalidad de esta ley de administración en casos relevantes.

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