La nieta de una mujer de 92 años que fue violada y asesinada en la ciudad de Nueva York el mes pasado ha culpado a las políticas santuario por su muerte.
El presidente Donald Trump invitó a Daria Ortiz, de 19 años, una de las nietas de la víctima María Fuertes, al escenario para hablar durante un evento de seguridad fronteriza en la Casa Blanca el 14 de febrero, donde dijo a la audiencia que su abuela seguiría viva si no fuera por esa polémica política.
Visiblemente emocionada Ortiz comenzó su discurso diciendo a la audiencia que su abuela había inmigrado legalmente a Estados Unidos desde República Dominicana y que era una «mujer muy generosa y educada» que «dedicaba su tiempo a ayudar a los demás».
«Ella es un ejemplo brillante de cuando la gente viene legalmente a este país, trabaja duro y hace lo correcto, y son ciudadanos respetuosos de la ley», dijo Ortiz entre lágrimas. «Desafortunadamente, mi abuela tuvo que ser el ejemplo de por qué algo como esto, [estos] horribles crímenes, nunca deberían ocurrir».
«Nuestras familias esperan que su muerte no haya sido en vano y que se pongan en marcha medidas preventivas para asegurar que nada como esto vuelva a sucederle a nadie. La tragedia de todo esto es que podría haberse evitado si no hubiera habido una ley santuario. La tragedia es que mi abuela no volverá a estar aquí nunca más».
«El hombre que es responsable de esto nunca debería haber tenido la oportunidad de hacerlo, si sus múltiples delitos no hubieran sido ignorados. El sistema no sólo le falló a nuestra familia, sino que también le falló a nuestra ciudad».
La abuela de Ortiz, María Fuertes, fue agredida sexualmente y asesinada en enero mientras caminaba cerca de su casa en Queens, según las autoridades.
Un ciudadano guyanés de 21 años, Reeaz Khan, fue arrestado por la policía de Nueva York el 10 de enero y acusado de asesinato, abuso sexual, contacto por compulsión forzada y abuso sexual de Fuertes.
Anteriormente había sido aprehendido en noviembre bajo los cargos de agresión y posesión criminal de un arma después de haber golpeado presuntamente a su padre.
Sin embargo, Khan fue liberado más tarde a pesar de que los funcionarios de inmigración presentaron una solicitud de «detención» a la policía de Nueva York pidiendo que fuera entregado para su deportación.
En el momento de su arresto en enero, Matthew Albence, director en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), dijo a los periodistas en una conferencia de prensa en Nueva York que las denominadas «políticas santuario» de la ciudad eran las culpables de la muerte de Fuertes.
«No se equivoquen, son las políticas santuario de esta ciudad la única razón por la que a este criminal se le permitió vagar libremente por las calles y acabar con la vida de una mujer inocente», dijo Albence.
«Estas políticas, lisa y llanamente, tanto aquí como en otras partes del país, nos hacen a todos menos seguros, lo cual es lo opuesto de lo que debería ser el objetivo principal de cada oficial de la ley, cada agencia y cada funcionario».
Albence añadió que la muerte de Fuertes podría haberse evitado si los funcionarios de la ciudad hubieran cumplido con una solicitud federal para entregar a Khan para su deportación. La policía de Nueva York, sin embargo, disputó esas reclamaciones y dijo que no obtuvo una «orden de detención con respecto a este individuo».
Trump también culpó a la «ciudad santuario de Nueva York» por la muerte de Fuertes durante su discurso sobre el Estado de la Unión el mes pasado, diciendo a los periodistas que ella «todavía estaría viva hoy», si Nueva York hubiera «honrado la solicitud de detención del ICE».
«Trágicamente, hay muchas ciudades en América donde los políticos radicales han elegido dar refugio a estos inmigrantes ilegales criminales. En las ciudades santuario, los funcionarios locales ordenan a la policía que libere a los inmigrantes criminales peligrosos para que se aprovechen del público, en lugar de entregarlos al ICE para que sean retirados de forma segura», dijo Trump.
El 13 de febrero, la administración Trump anunció que extenderá la emergencia nacional en la frontera entre EE. UU. y México por un año más, para hacer frente a la «crisis humanitaria que amenaza los principales intereses de seguridad nacional».
La declaración del estado de emergencia el año pasado permitió a Trump acceder a fondos federales para construir su muro fronterizo. El jueves, funcionarios del Departamento de Defensa notificaron a los legisladores que desviarían 3800 millones de dólares de varias cuentas del Pentágono para financiar la construcción del muro fronterizo, informó The Hill.
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