KENOSHA, Wisconsin — Una mujer de Milwaukee que dijo que estaba legalmente autorizada a matar a un hombre porque traficaba sexualmente con ella, fue sentenciada el lunes a 11 años de prisión después de declararse culpable de un cargo reducido de homicidio imprudente.
Un juez del condado de Kenosha sentenció a Chrystul Kizer a 11 años de reclusión inicial seguidos de 5 años de supervisión extendida por la muerte en 2018 de Randall Volar, de 34 años. Se le acredito por 570 días, alrededor de un año y medio, de tiempo servido.
El juez no hizo que Kizer fuera elegible para participar en ningún programa de liberación anticipada en el Departamento de Correcciones, y debía ser liberada en 2033, según la oficina del Defensor Público del Estado de Wisconsin.
Kizer se declaró culpable en mayo de homicidio imprudente en segundo grado por la muerte de Volar, lo que le permitió evitar el juicio y una posible cadena perpetua.
Los fiscales dijeron que Kizer disparó a Volar en su casa de Kenosha en 2018, cuando ella tenía 17 años, y que luego incendió su casa y robó su BMW. Kizer fue acusada de múltiples cargos, incluido homicidio intencional en primer grado, incendio premeditado, robo de automóviles y ser una delincuente en posesión de un arma de fuego.
Kizer, que ahora tiene 24 años, dijo que conoció a Volar en un sitio web de tráfico sexual. Según ella, durante el año que precedió a su muerte, Volar abusó de ella y la vendió como prostituta. Dijo a los detectives que le disparó después de que intentara tocarla.
Sus abogados dijeron que Kizer no podía ser considerada penalmente responsable de nada de ello en virtud de una ley estatal de 2008 que absuelve a las víctimas del tráfico sexual de «cualquier delito cometido como resultado directo» de haber sido objeto de trata. La mayoría de los estados aprobaron en los últimos 10 años leyes similares que otorgan a las víctimas del tráfico sexual al menos cierto nivel de inmunidad penal.
Los fiscales replicaron que los legisladores de Wisconsin no podían considerar que la protección se extendiera al homicidio. Los grupos antiviolencia acudieron en masa en defensa de Kizer, argumentando en escritos judiciales que las víctimas de trata se sienten atrapadas y a veces sienten que tienen que tomar el asunto en sus propias manos. La Corte Suprema del estado dictaminó en 2022 que Kizer podía plantear la defensa durante el juicio.
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