La Administración Nacional de Archivos y Registros de Estados Unidos (NARA) respondió este viernes a las declaraciones del expresidente Donald Trump de que el expresidente Barrack Obama se llevó registros clasificados de la Casa Blanca cuando terminó su mandato en 2016.
«El presidente Barack Hussein Obama guardó 33 millones de páginas de documentos, muchos de ellos clasificados. ¿Cuántos de ellos pertenecían al ámbito nuclear? Se dice que muchos!», dijo Trump en una declaración el viernes.
Trump repitió su afirmación sobre los archivos presidenciales de Obama en un posteo en Truth Social después de que el FBI realizara una redada sin precedentes en su propiedad de Florida para buscar documentos presidenciales clasificados.
La NARA emitió una declaración para refutar las afirmaciones de Trump, diciendo que son ellos los que mantienen exclusivamente los registros presidenciales de Obama de acuerdo con la Ley de Registros Presidenciales (PRA).
«NARA trasladó aproximadamente 30 millones de páginas de registros no clasificados a una instalación de NARA en el área de Chicago donde son mantenidos exclusivamente por NARA», dijo la NARA en una declaración.
«Además, NARA mantiene los registros presidenciales clasificados de Obama en una instalación de NARA en el área de Washington, D.C.». Tal y como exige la PRA, el expresidente Obama no tiene control sobre dónde y cómo almacena NARA los registros presidenciales de su administración».
The Epoch Times se puso en contacto con la oficina de Obama para pedirle un comentario.
Búsqueda de los archivos de Trump por parte de la NARA
No está claro por qué fue necesaria una orden del FBI y la posterior redada, dada la cooperación de Trump con la NARA para devolver los documentos presidenciales.
A lo largo del año 2022, la NARA ha publicado una serie de declaraciones sobre los registros presidenciales de Trump, comenzando en enero, cuando habló de recibir algunos «registros en papel que habían sido arrancados por el expresidente Trump».
En una de las declaraciones, NARA dijo que los registros presidenciales de Trump «deberían haber sido transferidos a NARA desde la Casa Blanca al final de la administración Trump en enero de 2021».
En febrero, NARA señaló que Trump y sus representantes habían estado cooperando con la NARA para transferir cajas de registros de la propiedad de Mar-a-Lago a los Archivos Nacionales.
El funcionario de la NARA, David Ferriero, dijo en febrero con respecto a los registros de Trump que la NARA «persigue la devolución de los registros siempre que nos enteramos de que los registros han sido retirados indebidamente o no han sido transferidos apropiadamente a las cuentas oficiales».
Cinco meses después, el 8 de agosto, el FBI llevó a cabo una redada en la finca de Trump en Mar-a-Lago, en Palm Beach, en busca de documentos presidenciales.
Después de las presiones, el Departamento de Justicia pidió al tribunal que desclasifique la orden, la que reveló que Trump está siendo investigado por presuntas violaciones del 18 USC 2071 —ocultamiento, eliminación o mutilación, del 18 USC 793 de la Ley de Espionaje —recopilación, transmisión o pérdida de información de defensa, y del 18 USC 1519 —destrucción, alteración o falsificación de registros en investigaciones federales.
«Número uno, todo fue desclasificado», dijo Trump en una declaración. «Número dos, no necesitaban ‘incautar’ nada. Podrían haberlo tenido cuando quisieran sin jugar a la política y sin irrumpir en Mar-a-Lago».
El senador Lindsey Graham (R-S.C.) pidió al Departamento de Justicia que «dé a conocer la información de por qué era necesaria una orden judicial» indicando que el «Departamento de Justicia debe poner sus cartas sobre la mesa”.
Trump y los republicanos dijeron que la redada es un ejemplo de la «conversión del sistema de justicia en un arma» contra un oponente político del presidente en funciones, que está considerando presentarse contra el presidente Joe Biden en 2024.
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