El gobernador de California, Gavin Newsom, vetó el 25 de septiembre un proyecto de ley que habría creado un proceso para que los californianos soliciten una indemnización o la devolución de una propiedad que habría sido confiscada a un expropietario o miembro de su familia a través de acciones motivadas racialmente.
El proyecto de ley 1050 del Senado, presentado por el senador Steven Bradford, habría permitido a los propietarios desposeídos, o a sus descendientes directos, solicitar que el Estado considere la devolución de sus tierras o que se les compense justamente mediante un pago u otro bien si las tierras ya no están controladas por el organismo que se las confiscó.
El gobernador argumentó la falta de una agencia estatal que se encargue de cumplir los mandatos del proyecto de ley.
«Agradezco al autor su compromiso de reparar las injusticias raciales del pasado», dijo Newsom en su carta de veto. «Sin embargo, este proyecto de ley encarga a una agencia estatal inexistente que lleve a cabo sus diversas disposiciones y requisitos, lo que hace imposible su aplicación».
Los críticos dijeron estar «profundamente decepcionados» con el veto y afirmaron que el proyecto de ley era un primer paso importante para compensar a las víctimas de injusticias.
«Las familias afectadas por estas acciones merecen una restitución, y la no aprobación de este proyecto de ley es una injusticia en sí misma», dijo la Coalición por una California Justa y Equitativa, una organización sin ánimo de lucro que busca asegurar reparaciones para los descendientes de esclavos, a través de un posteo en X el 26 de septiembre.
Los defensores de las reparaciones dijeron que mediante una medida sorpresiva, el 31 de agosto, último día de la sesión legislativa, algunos legisladores del Caucus Negro Legislativo retiraron dos proyectos de ley relacionados con las reparaciones, incluido el Proyecto de Ley de la Asamblea 1403, de Bradford, que habría establecido la Agencia nominada California American Freedmen Affairs. Esta agencia habría sido la responsable de la aplicación de los programas de reparación, como es el caso del proyecto de ley de dominio eminente, vetado por Newsom.
En declaraciones a The Epoch Times, la oficina de Bradford dijo que el senador, quien es el vicepresidente del grupo, no quería que se retiraran los proyectos de ley.
Decenas de manifestantes se alinearon en el pasillo de la rotonda del Capitolio durante unas ocho horas después del retiro de los proyectos de ley. El mismo día, el grupo parlamentario emitió un comunicado en el que afirmaba que había retirado el SB 1403 porque el proyecto de ley cedía la autoridad de supervisión legislativa.
El grupo prometió volver a presentar un proyecto de ley similar en 2025.
El SB 1050, el proyecto de ley de dominio eminente vetado por el gobernador, fue aprobado por la legislatura el 28 de agosto, consiguiendo una votación de 72-0 en la Asamblea y de 38-0 en el Senado.
En los análisis legislativos no figuró ningún grupo que se opusiera al proyecto de ley, mientras que decenas de organizaciones, entre ellas la American Civil Liberties Union California Action, la Bay Area Regional Health Inequities Initiative y la Greater Sacramento Urban League, ofrecieron su apoyo. También se sumaron gobiernos locales, como la ciudad de Chula Vista, y juntas de supervisores de los condados de Los Ángeles y San Diego, entre otros, junto con particulares.
«Si bien no podemos cambiar el pasado, podemos actuar ahora en el presente para corregir los errores históricos, identificando y devolviendo las tierras que fueron injustamente confiscadas», dijo la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles en un análisis legislativo. «Es esencial garantizar los derechos de los propietarios y el bienestar público, proporcionando una compensación justa por cualquier confiscación de tierras o propiedades privadas bajo la autoridad del dominio eminente».
Si el proyecto de ley se hubiera convertido en ley, el Comité de Asignaciones de la Asamblea calculó presiones de gastos sobre los escasos millones de dólares anuales para financiar la agencia responsable de procesar e investigar las reclamaciones, con gastos adicionales para los fondos estatales y locales, los que potencialmente alcanzarían cientos de millones de dólares, dependiendo de cuántas reclamaciones se hicieran y las cantidades totales de compensación.
The Epoch Times se puso en contacto con el Sr. Bradford y el gobernador Newsom para solicitar sus comentarios, pero no obtuvo respuesta antes de la publicación.
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