Las últimas pruebas sugieren que en todo el Tíbet se está recogiendo sistemáticamente el ADN de niños de guardería, en algunos casos específicamente de niños de 5 años o más, según reportó Human Rights Watch el 5 de septiembre.
El informe identificó campañas de recogida masiva de ADN, que no requieren consentimiento, en 14 localidades distintas de las siete prefecturas o municipios del Tíbet.
Tal y como afirmaba uno de los documentos oficiales comunistas, la recogida masiva es necesaria «para que los órganos de seguridad pública detecten diversos casos ilegales, y para reprimir eficazmente a los elementos ilegales y criminales», según Human Rights Watch.
«El gobierno chino ya está sometiendo a los tibetanos a una represión generalizada», dijo Sophie Richardson, directora para China de Human Rights Watch. «Ahora las autoridades están literalmente extrayendo sangre sin consentimiento para reforzar su capacidad de vigilancia».
Infraestructura de bases de datos
Human Rights Watch afirmó que esta recopilación es selectiva en otras partes de China, pero generalizada en el Tíbet y Xinjiang, lo que demuestra la intrusión policial del régimen para dirigirse específicamente a las poblaciones de estas dos zonas.
Una investigación anterior reveló que en septiembre de 2016, la oficina de la policía regional de Xinjiang hizo dos peticiones de fondos —de 8.69 y 2.9 millones de dólares— para un total de 12 secuenciadores de ADN, 30 amplificadores de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y 1000 lotes de kits de genotipado. La compra presagia que las autoridades tienen la intención de construir una infraestructura a gran escala para elaborar el perfil de un gran número de personas, según un informe de 2017 de Human Rights Watch.
Un informe del Instituto Australiano de Política Estratégica (ASPI), titulado «Genomic Surveillance-Inside China’s DNA Dragnet», también afirmaba que, a partir de finales de 2017, el Ministerio de Seguridad Pública amplió la red de detección en toda China, dirigiéndose a millones de hombres y niños en edad preescolar.
Este programa de recopilación masiva de datos de ADN, con el objetivo de construir un control social exhaustivo, «viola la legislación nacional china y las normas mundiales de derechos humanos», según el informe.
También se dijo que numerosas empresas de biotecnología están ayudando a la policía china en la construcción de esta base de datos y pueden resultar cómplices de estas violaciones. «Incluyen empresas multinacionales como la estadounidense Thermo Fisher Scientific y grandes empresas chinas como AGCU Scientific y Microread Genetics.
«Todas estas empresas tienen la responsabilidad ética de garantizar que sus productos y procesos no violan los derechos humanos fundamentales y las libertades civiles de los ciudadanos chinos», según el informe de ASPI.
Vigilancia desde abajo
Human Rights Watch informó que la recogida de ADN en las aldeas forma parte de la campaña de vigilancia de China en la región que hace hincapié en las «tres grandes» en un esfuerzo por «fortalecer el sistema de gobernanza social de base».
Los tres grandes —inspección, investigación y mediación— exigen que la policía visite cada hogar, interrogue a los residentes sobre sus opiniones, lleve a cabo una investigación y realice una mediación en las disputas.
Desde al menos 2018, las autoridades chinas han prohibido a cualquier persona, excepto a los funcionarios del régimen y del Partido Comunista Chino, llevar a cabo la mediación informal de disputas, una importante función civil en el Tíbet que los lamas, los ancianos de las aldeas u otras figuras respetadas localmente generalmente habían llevado a cabo anteriormente, dijo Human Rights Watch.
Privacidad de los niños
Human Rights Watch afirmó que la recogida de ADN de los niños se realizó sin su consentimiento informado y se extrajo en entornos educativos en los que no podían optar por no hacerlo o negarse a proporcionar sus datos personales de salud.
«El uso de estos datos —la detección de delitos— no parece constituir un propósito legítimo y proporcionado que sirva al interés superior del niño», argumentó Human Rights Watch.
Varios informes indican que se ha incluido a niños de tan solo cinco años en algunas de las campañas de recogida de ADN. Las fotografías de un informe del municipio de Qingzheng, en Golok, de abril de 2021, muestran cómo la policía toma el ADN de niños que están en el primer año de la escuela primaria.
Human Rights Watch advirtió: «La recopilación, el procesamiento y el uso de la información genética plantea mayores riesgos para la privacidad de los niños. El ADN contiene información altamente sensible que podría identificar de forma única y permanente a un niño, a sus familiares y a las condiciones médicas heredadas que podrían conducir a discapacidades y problemas de salud importantes».
Según la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, el uso y la exposición de estos datos «puede tener consecuencias adversas para los niños, que pueden seguir afectándoles en etapas posteriores de su vida».
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