La Casa Blanca defendió el miércoles la nueva moratoria a los desalojos, que los funcionarios dijeron anteriormente en esta semana que era ilegal.
El presidente Joe Biden «no habría apoyado seguir adelante con ninguna acción en la que no creyera que hubiera una base legal y apoyo legal», dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, a los periodistas en Washington.
Biden y funcionarios de la administración dijeron en los últimos días que un fallo de la Corte Suprema sobre la moratoria significaba que la administración no podía extenderla antes de que expirara el sábado, o emitir una versión más específica.
“Sobre este tema en particular, el presidente no solo ha examinado cuidadosamente; ha comprobado dos, tres, cuatro veces. Le ha pedido a los CDC que analicen si se podría incluso aplicar una moratoria de desalojo selectiva —que solo aplicara para los condados que tienen tasas más altas— y tampoco han podido encontrar la autoridad legal para incluso nuevas moratorias de desalojo selectivas. Gene Sparling, asesor principal de Biden, dijo a los periodistas el lunes.
Dos tribunales federales dijeron que los CDC incurrieron en una extralimitación federal con la moratoria. En junio, la Corte Suprema dejó vigente la moratoria, emitida y extendida por los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), pero el juez Brett Kavanaugh, nominado por Trump, dijo que no se podía imponer otra pausa sin la aprobación del Congreso.
Eso dejó a la Casa Blanca en apuros cuando el Congreso no logró llegar a un acuerdo sobre un proyecto de ley que ampliaría la moratoria en medio de luchas internas entre demócratas y la oposición de muchos republicanos.
La moratoria expiró a la medianoche del sábado.
Los CDC emitieron una nueva orden el martes. La orden detiene los desalojos durante 60 días en aproximadamente el 80 por ciento de los condados de Estados Unidos.
Psaki dijo que los abogados de los CDC y de la Casa Blanca finalmente identificaron una vía legal que permitió a la agencia emitir otra orden a pesar de los fallos judiciales.
El lunes, esa vía no había sido nombrada. Pero el martes lo fue, dijo.
“No controlamos los tribunales. No sabemos qué harán. Todos conocemos la decisión de la Corte Suprema de fines de junio y lo que se estableció en su fallo de fines de junio. Esto también va a ser una solución temporal a pesar de todo y la solución a largo plazo requerirá una acción legislativa», dijo.
Aunque Psaki no dijo cuál era la vía, la Dra. Rochelle Walensky dijo en su orden que la acción de emergencia se adoptó en virtud de la autoridad prevista en el 42 CFR 70.2, que permite al director de los CDC tomar medidas para prevenir la propagación de enfermedades.
Las personas que infrinjan la orden se exponen a una multa de hasta 100,000 dólares y a una pena de hasta un año de prisión.
Los demócratas elogiaron en gran medida la medida.
«¡Estoy agradecido de que la Administración Biden haya ampliado la moratoria de desalojos para el 90% de los estadounidenses!», dijo el representante Jim Langevin (D-R.I.) en Twitter.
Pero los republicanos dijeron que la medida no era legal.
«El mes pasado, los tribunales dejaron claro que los CDC carecen de autoridad para ampliar la moratoria de desalojos. Incluso el presidente Biden admitió este hecho», dijo el representante Patrick McHenry (R-N.C.) en un comunicado. «Ahora la Administración está tratando de eludir el poder judicial con esta idea a medias que no hace nada para ayudar realmente a los inquilinos».
Biden dijo a los periodistas la noche del martes que consultó a los expertos en la Constitución sobre lo que los CDC podrían hacer al respecto.
«La mayor parte de los estudiosos de la Constitución dicen que no es probable que cumpla con las normas constitucionales. Número uno. Pero hay varios estudiosos clave que piensan que puede y que vale la pena el esfuerzo. Pero en el presente, no se pudo, la Corte ya se ha pronunciado sobre la actual moratoria de desalojos”, dijo.
«[Los CDC] me han informado de que están a punto de analizar otras posibles opciones. Si esa opción aprobará una medida constitucional con esta administración, no puedo decírselos. No lo sé. Hay algunos expertos que dicen que lo hará y otros que dicen que no es probable que lo haga. Pero, como mínimo, para el momento en que se litigue, probablemente dará algo de tiempo adicional mientras conseguimos que esos 45,000 millones de dólares lleguen a la gente que, de hecho, está atrasada en el pago de la renta y no tiene el dinero».
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