Aún no está claro cuándo entrará en vigor una nueva norma de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) que exige a más de 80 millones de trabajadores del sector privado una vacunación obligatoria contra el COVID-19, dijo este miércoles la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dirigiéndose a los periodistas.
La orden ejecutiva del presidente Joe Biden, anunciada el 9 de septiembre, exigirá que todos los trabajadores de empresas privadas con 100 empleados o más se vacunen contra el COVID-19 o muestren una prueba de detección del virus negativa cada semana. También exigirá a las empresas con más de 100 empleados que proporcionen tiempo libre remunerado para que los trabajadores se vacunen o se recuperen si sufren una reacción adversa a la vacunación.
Las multas para las empresas que no cumplan la ley podrían ascender a 13,600 dólares, pero el paquete de conciliación presupuestaria de Biden que se está estudiando en el Congreso incluye una medida para multiplicar por diez las sanciones de la OSHA.
El secretario del Departamento de Trabajo, Marty Walsh, está supervisando la creación de una Norma Temporal de Emergencia (ETS) para aplicar el nuevo requisito de vacunación. Tras el anuncio de Biden, los funcionarios dijeron que se espera que la ETS se aplique en las próximas semanas.
Psaki reiteró el miércoles, casi cuatro semanas después del anuncio inicial, que la Casa Blanca no ha establecido ningún plazo fijo.
«Nunca hemos dado una fecha exacta», dijo. «Tal vez deberíamos haber sido más específicos en ese momento. Obviamente, se necesita algo de tiempo y queremos asegurarnos de que, cuando lo publiquemos, sea claro y proporcione la orientación necesaria para las empresas».
«No puedo darles un calendario. La OSHA está trabajando en ello. Espero que sepamos más en las próximas semanas», añadió.
La ley de OSHA sobre la Norma Temporal de Emergencia establece que «bajo ciertas condiciones limitadas, la OSHA está autorizada a establecer normas temporales de emergencia que entren en vigor inmediatamente y estén vigentes hasta que sean sustituidas por una norma permanente. La OSHA debe determinar que los trabajadores se encuentran en grave peligro debido a la exposición a sustancias o agentes tóxicos o físicamente nocivos, o a nuevos peligros, y que es necesaria una norma de emergencia para protegerlos».
Mientras que el gobierno de Joe Biden sostiene que las órdenes son legales según la ley de OSHA, varios legisladores y fiscales generales republicanos han expresado su oposición a la orden ejecutiva y muchos prometieron luchar contra ella en los tribunales.
«Las vacunas COVID-19 son herramientas seguras y eficaces para prevenir la enfermedad, pero vacunarse es y debe ser una elección», dijo el gobernador de Arizona, Doug Ducey, en una declaración tras el anuncio de Biden. «Estas órdenes son escandalosas. Nunca se sostendrán en los tribunales. Debemos oponernos y lo haremos».
Muchas empresas privadas y gobiernos estatales pusieron en vigor sus propias órdenes de vacunación sin la ley federal y algunas grandes empresas despidieron a cientos de trabajadores que se niegan a vacunarse.
United Airlines dijo que va a despedir a 593 de sus empleados que decidieron no cumplir con su orden de vacunación. Casi 200 trabajadores sanitarios de Minnesota demandaron a sus empleadores en un intento de bloquear la orden en sus establecimientos y miles de trabajadores de salud de Nueva York fueron puestos bajo licencia no remunerada tras la fecha límite del 27 de septiembre impuesta en el estado para que se vacunen.
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