El Departamento de Justicia (DOJ) nombrará a un oficial de seguridad de la información clasificada (CISO) en el caso que el fiscal especial Jack Smith ha presentado contra el expresidente Donald Trump por sus esfuerzos para impugnar los resultados de las elecciones de 2020.
La moción fue presentada el 22 de agosto, junto con una moción para ingresar la orden de protección acordada. El oficial fue nombrado únicamente en órdenes selladas.
La jueza de distrito estadounidense Tanya Chutkan había aprobado anteriormente una orden de protección limitada que no restringía el acceso del presidente Trump a ningún registro al que ya tenía acceso, y podía acceder a información confidencial que formaba parte del caso, pero no podía compartir públicamente la información confidencial sin autorización judicial. Permitió que el Departamento de Justicia marcara varios tipos de materiales como sensibles.
Detalles de la orden
La orden cubre cualquier documento o información que haya sido clasificado por cualquier agencia del poder ejecutivo, incluida la que el presidente Trump ya tiene o conoce.
«Cualquier información clasificada proporcionada por el Gobierno a la Defensa debe ser utilizada únicamente por la Defensa para preparar una defensa en este caso», se lee. «La Defensa no puede revelar ni hacer que se divulgue en relación con este caso ninguna información que se sepa o se crea razonablemente que es información clasificada, excepto que se disponga lo contrario en esta Orden».
El CISO designado será responsable de proporcionar medidas de seguridad para proteger la información clasificada y asesorar al equipo del presidente Trump sobre «almacenamiento, manejo, transmisión y uso apropiados de información clasificada».
El CISO también será responsable de establecer un área segura aprobada y procedimientos para que el equipo legal del presidente Trump pueda revisar los materiales de descubrimiento, que pueden contener información clasificada. Sin embargo, no pueden revelar la información ni la existencia de esta información.
«La Defensa discutirá información clasificada sólo dentro del Área Segura o en otra área autorizada por el CISO y no discutirá ni intentará discutir información clasificada a través de ningún instrumento telefónico o sistema de comunicación, incluso a través del correo electrónico o Internet», dice la orden. La divulgación de esta información requeriría la aprobación del Departamento de Justicia.
Solicitud de orden mordaza
La solicitud original había sido mucho más amplia.
Un día después de que el presidente Trump se declarara inocente de cuatro cargos penales, publicó en Truth Social: «¡Si tú me persigues, yo iré por ti!».
Su campaña siguió con vídeos en los que aparecían los fiscales de sus casos, alegando «interferencia electoral».
Esa publicación inicial de Truth Social se destacó en la solicitud de Smith de una orden de protección, pidiendo a la juez Chutkan que restrinja lo que el presidente Trump puede decir sobre el caso.
«Tal restricción es particularmente importante en este caso porque el acusado ha emitido previamente declaraciones públicas en las redes sociales sobre testigos, jueces, abogados y otras personas asociadas con asuntos legales pendientes en su contra», escribió el Sr. Smith en un documento (pdf).
Argumentó que los testigos potenciales pueden sentirse intimidados por la perspectiva de aparecer en las redes sociales del presidente Trump, lograr un «efecto paralizador dañino» o influir de otra manera en los miembros del jurado.
Los abogados del presidente Trump prometieron oponerse a la solicitud, dada la naturaleza de alto perfil del exmandatario.
“La prensa y el pueblo estadounidense en temporada de campaña tienen derecho a saber cuáles son las pruebas en este caso, siempre que estas pruebas no estén protegidas de otra manera”, dijo el abogado John Lauro a CNN. «Entonces, nos vamos a oponer».
Segunda orden de protección
En un caso separado que el Sr. Smith está procesando, el presidente Trump enfrenta un juicio en Florida por supuestamente mal manejo de documentos clasificados.
Dado que el caso se centra en documentos clasificados, el Departamento de Justicia y el equipo legal del presidente Trump han estado discutiendo sobre cómo manejar la información clasificada, incluido cuánto acceso debería tener el expresidente.
Según una orden del 17 de agosto de la jueza de distrito estadounidense Aileen Cannon, se programará una audiencia sellada para discutir «cuestiones delicadas relacionadas con la seguridad relacionadas con el descubrimiento clasificado».
En julio, Smith había solicitado una orden de protección en virtud de la Ley de Protección de Información Clasificada (CIPA) para limitar el acceso del presidente Trump a la información del caso, así como lo que se le permite revelar sobre el caso.
«Como parte de la investigación se recopilaron documentos y materiales clasificados, incluidos, entre otros, documentos por los que el acusado Trump fue imputado de retener ilegalmente», escribió. «La CIPA establece que el Tribunal emitirá una orden, a petición de Estados Unidos, ‘para proteger contra la divulgación de cualquier información clasificada revelada por Estados Unidos a cualquier acusado en cualquier caso penal'».
El presidente Trump se opuso a cualquier orden que impidiera discutir el caso con su equipo legal y pidió la aprobación de un lugar seguro para hacerlo.
Luego, el Departamento de Justicia y el equipo del presidente Trump discutieron sobre la ubicación de la instalación de información confidencial compartimentada (SCIF) autorizada que se utilizará en este caso. El presidente Trump señaló que solía haber un SCIF aprobado en Mar-a-Lago y solicitó que se restableciera; Smith argumentó que era una solicitud «extraordinaria» y que el expresidente buscaba un «trato especial».
El equipo del presidente Trump refutó la caracterización de que su solicitud estaba «basada en la ‘inconveniencia'». Dado el protocolo de seguridad para su viaje, los «obstáculos y costos» harían que fuera «prácticamente imposible» para el equipo legal discutir el caso con su cliente de otra manera, dijeron.
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