El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) puso fin a una norma el 12 de junio tras el fallo de varios tribunales federales. Los jueces determinaron que la administración Obama se excedió cuando emitió una regla inusual que prohíbe la discriminación en el cuidado de la salud y el seguro médico en base al «sentido interno de género» de los pacientes.
«El HHS respeta la dignidad de cada ser humano, y como hemos demostrado en nuestra respuesta a la pandemia, protegemos y hacemos cumplir enérgicamente los derechos civiles de todos en la mayor medida permitida por nuestras leyes aprobadas por el Congreso», dijo Roger Severino, director de la Oficina de Derechos Civiles del HHS, en una declaración.
«Somos firmes en nuestro compromiso de hacer cumplir los derechos civiles en la atención médica».
La nueva norma, según la agencia, podría ahorrar a los hospitales, aseguradoras y otros 2900 millones de dólares en cinco años al liberarlos de las cargas reglamentarias.
«Ahora más que nunca, los estadounidenses no quieren que miles de millones de dólares en cargas regulatorias ineficaces aumenten los costos de su atención médica. Estamos haciendo nuestra parte para poner fin a costos innecesarios que agregan cargas económicas a los pacientes, proveedores y aseguradoras por igual», dijo Severino.
La nueva norma revelada por Severino trata de las disposiciones de no discriminación de la Sección 1557 de la Ley de Atención Asequible, el estatuto Obamacare. Dicha ley declaró ilegal discriminar por «raza, color, nacionalidad, sexo, edad o discapacidad en ciertos programas y actividades de salud».
En 2016, la administración Obama publicó una regla del HHS que interpretaba que «sexo» significa identidad sexual o género, que definía como «el sentido interno de género, que puede ser masculino, femenino, ninguno, o una combinación de masculino y femenino».
Que tal regla fuera aprobada era algo que probablemente iba en contra de la ley de derechos civiles aplicable, la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa y la Ley de Procedimiento Administrativo, según lo determinó preliminarmente un tribunal federal a finales de 2016. El tribunal emitió su sentencia final en octubre de 2019, anulando las disposiciones infractoras de la norma. Un segundo tribunal federal falló del mismo modo.
En consonancia con dichos fallos judiciales, esta nueva norma revertiría la regla de la era Obama que ampliaba el «sexo» para incluir el concepto más difuso de la identidad de género.
La falta de claridad lingüística ha enturbiado la cuestión en los últimos años, ya que los conceptos de sexo e identidad sexual, o género, un concepto polémico desde el punto de vista político y científico cuya definición no es universalmente aceptada, se han vuelto difíciles de separar. A pesar de los distintos significados de ambas palabras, muchas instituciones y personas utilizan «género» para referirse al sexo biológico, especialmente en los formularios y documentos a cumplimentar.
La nueva norma, según el HHS, sigue disponiendo la aplicación de las leyes federales de derechos civiles en función de la raza, el color, el origen nacional, la discapacidad, la edad y el sexo, y «restaura el estado de derecho revisando ciertas disposiciones que van más allá del simple significado de la ley tal como fue promulgada por el Congreso».
El razonamiento de la administración Trump es que si el Congreso quisiera prohibir la discriminación basada en el género o la identidad sexual, en lugar del sexo biológico, lo habría hecho explícitamente.
Los críticos dicen que la nueva norma pondría en peligro a los transexuales vulnerables.
«No puedo evitar preguntarme si el momento [de publicación de esta norma] es un plan para que esto sea algo a lo que la gente no prestará atención», dijo a NPR Tia Sheree Gaynor, profesora de ciencias políticas en la Universidad de Cincinnati.
Pero James Shupe, que repudió dramáticamente el movimiento transexual hace meses, no estaba de acuerdo. Shupe, que ahora dice que la idea de que uno puede cambiarse de sexo es un fraude, hizo historia cuando obtuvo el reconocimiento legal de su designación de sexo «no binario» y luego rescindió el estatus y restauró el sexo en su certificado de nacimiento a «masculino».
La nueva regla es «correcta (…) porque una agencia del gobierno no debe ser una organización que mienta a los pacientes», dijo Shupe a The Epoch Times.
«Por ejemplo, soy biológicamente masculino. (…) así que todos en el campo de la medicina deberían haber sido honestos conmigo sobre eso en vez de seguirme la corriente con la artimaña de que era una mujer».
«¿Los médicos rechazarán a los pacientes? Algunos lo harán y otros siempre lo han hecho. Debería ser su derecho, especialmente en el ámbito de la libertad religiosa. Ningún médico debería tener que realizar en contra de su voluntad una cirugía a una persona sana para permitir un fetiche sexual o para pretender que va a aliviar un problema de salud mental. Un doctor creando una vagina falsa para mí no es algo diferente a pedirle a un doctor que me implante cuernos en la cabeza para que pueda identificarme como un dragón».
Cuando la nueva norma se aprobó los magistrados de la Corte Suprema se encontraban dirimiendo un caso de derechos laborales de los transexuales que conocieron en octubre de 2019, llamado Harris Funeral Homes contra Equal Employment Opportunity Commission (EEOC). Está previsto que la corte emita su fallo en las próximas semanas y se espera una decisión sobre el caso en cualquier momento.
Lo que está en juego en este caso es si la discriminación contra las personas transgénero está cubierta por la disposición sobre discriminación por sexo del Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964. La palabra «sexo» no aparecía en el borrador original de la ley, pero se añadió más tarde durante el proceso legislativo a una sección que prohibía a los empleadores discriminar por «raza, color, religión o nacionalidad».
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