Varias nuevas leyes que afectan a un amplio espectro de californianos, desde los consumidores a las empresas, incluyendo los trabajadores de la salud y los estudiantes, entrarán en vigor el 1 de julio.
Estas medidas son parte de un conjunto más amplio de proyectos de ley promulgados por el gobernador Gavin Newsom durante la última sesión legislativa, muchos de los cuales entraron en vigor en enero.
Estas son algunas de las nuevas leyes:
Tarifas ocultas (SB 478)
Considerada una ley de transparencia de precios, la SB 478 prohíbe a las empresas anunciar o indicar un precio por un producto o servicio que no incluya todas las tasas o cargos exigidos, excluidos determinados impuestos gubernamentales, prestaciones opcionales o gastos de envío.
Según una hoja de preguntas frecuentes del Departamento de Justicia de California, la ley se aplica a las entradas de eventos, alquileres a corto plazo como Airbnb, hoteles, restaurantes, entrega de alimentos y la mayoría de las ventas o arrendamientos de bienes y servicios para uso personal, con el objetivo de eliminar las «tasas basura» en estos negocios.
Kits de análisis de drogas en bares (AB 1013)
Ciertos bares y clubes nocturnos que venden exclusivamente cerveza, vino y licores deben ofrecer kits de pruebas de drogas, incluyendo tiras, pegatinas o pajitas, a la venta o sin coste alguno. Estos kits pueden detectar drogas comunes del violador, como rohipnol y ketamina, también conocidas como «roofies».
El establecimiento debe exhibir un cartel que informe a los clientes de la disponibilidad de los kits.
Esta ley se aplica a unos 2400 bares y clubes nocturnos de todo el estado, en los que no se permite la entrada a menores y sirvan o no comida.
Impuesto sobre las armas (AB 28)
Se añadirá un impuesto especial estatal del 11% a las armas de fuego y munición vendidas en el estado, además de los impuestos ya existentes. Los ingresos, estimados en 160 millones de dólares anuales, servirán para financiar programas de seguridad y prevención de la violencia en las escuelas.
Mantener a los alumnos en la escuela (SB 274)
Será ilegal que las escuelas públicas de California suspendan a los estudiantes de TK-12 por interrumpir la clase o desafiar a los maestros, una práctica conocida como suspensiones por desafío intencional.
Los profesores pueden sacar a un alumno de clase por comportamiento indisciplinado, pero el joven no sería suspendido. En su lugar, los administradores de la escuela serían responsables de implementar intervenciones adecuadas en la escuela o apoyo para el estudiante.
Tradicionalmente, se han impuesto a los alumnos las suspensiones por rebeldía intencionada, por perturbar las actividades escolares, como llevar la gorra hacia atrás, cabecear en clase, hablar mal o discutir con los profesores.
La ley también incluye una fecha límite de 2029 para los grados 6-12 para permitir la reevaluación del impacto de la política.
Productos para la menstruación (AB 230)
La nueva ley amplía el requisito existente de que las escuelas públicas proporcionen productos para la menstruación gratuitos en los baños, incluyendo ahora los grados 3 a 5, además de los grados 6 a 12, em los colegios comunitarios y el Sistema Universitario Estatal de California.
Derecho a reparación (SB 244)
Los fabricantes de productos electrónicos cuyo precio sea igual o superior a 50 dólares deberán facilitar documentación y piezas de repuesto o herramientas para su reparación durante tres años a partir de la última fecha de fabricación del producto. Para productos con un precio igual o superior a 100 dólares, este requisito se amplía a siete años.
La ley abarca aparatos electrónicos y electrodomésticos, incluidos teléfonos móviles, ordenadores portátiles, tabletas y productos electrónicos del hogar.
Depósitos de garantía (AB 12)
Según la nueva ley, no se puede exigir a los inquilinos de California un depósito de garantía superior a un mes de alquiler, excluido el primer mes.
Anteriormente, los propietarios podían pedir depósitos equivalentes a dos meses de alquiler para las viviendas sin amueblar o a tres meses de alquiler para las viviendas amuebladas.
Violencia laboral (SB 553)
La ley obliga a los empresarios a elaborar y aplicar planes de prevención de la violencia en los lugares de trabajo. Esto incluye formación obligatoria, registro de incidentes y procedimientos para responder a los informes de violencia en el lugar de trabajo.
Las empresas también deberán adoptar procedimientos para tramitar estas denuncias y tienen prohibido tomar represalias contra los empleados que las realicen.
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