La legislación presentada el 5 de marzo retiraría a los fabricantes de vacunas contra COVID-19, las protecciones de responsabilidad, lo que permitiría a los estadounidenses perjudicados por las vacunas demandar a las empresas.
El proyecto de ley, propuesto por el representante Chip Roy (R-Texas), eliminaría retroactivamente las protecciones de la Ley de Preparación Pública y Emergencias (Ley PREP) para los fabricantes de vacunas contra COVID-19.
«Ninguna ley federal… puede hacer que el fabricante de una vacuna contra COVID-19 sea inmune a demandas o responsabilidades, o a limitar la responsabilidad de dicho fabricante, con respecto a reclamaciones por pérdidas causadas, que surjan o se relacionen como resultado de la administración o el uso por parte de un individuo de una vacuna contra COVID-19», afirma el proyecto de ley.
La Ley PREP actualmente protege de responsabilidad a los fabricantes y a las personas que administran las vacunas, según una declaración de 2020 presentada por el entonces Secretario de Salud, Alex Azar, durante la administración del expresidente Donald Trump en 2020. Y desde entonces, la administración del presidente Joe Biden ha extendido la manifestación.
La única excepción a la protección de la Ley PREP es en casos de muerte o lesiones graves causadas por “mala conducta intencional”.
La protección cubre incluso a personas que “razonablemente podrían haber creído” que estaban protegidas aunques, en realidad, no lo estuvieran, según un dictamen del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS).
“Millones de estadounidenses se vieron obligados a vacunarse contra COVID-19 por miedo a perder sus trabajos y bajo falsos pretextos. Muchos se han visto perjudicados por la vacuna, pero a pocos se les ha brindado los recursos”, dijo Roy en un comunicado.
También dijo, que estaba presentando el nuevo proyecto de ley “para facultar a los estadounidenses a eliminar las protecciones de responsabilidad federal de favoritismo hacia los fabricantes de vacunas contra COVID-19 y otorgar poder a los estadounidenses afectados”, y agregó: “El pueblo estadounidense merece justicia por la violación a su libertad médica personal y aquellos médicamente perjudicados merecen ser compensados”.
Como parte del sistema federal de vacunas, las personas que han sufrido lesiones presuntas o confirmadas a causa de las vacunas contra COVID-19 pueden solicitar una indemnización del gobierno en el marco de un programa denominado Programa de Compensación por Lesiones de Contramedidas. Pero hasta enero, solo 11 personas han sido compensadas, siendo el pago más alto de solo 8961 dólares.
La inmensa mayoría de las solicitudes tramitadas han sido rechazadas, según el HHS, que dirige y administra el programa. Algunas de las negaciones involucraron a personas cuyos médicos les diagnosticaron lesiones por vacunas. Una demanda ha cuestionado la constitucionalidad del programa, describiéndolo como un “tribunal canguro”.
La nueva legislación deja claro que no afecta la capacidad de las personas para solicitar una indemnización a través del programa de compensación.
Pfizer y Moderna no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre el proyecto de ley y no han aparecido para comentar públicamente a lo que respecta.
Un portavoz de Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, el grupo comercial de compañías farmacéuticas, dijo a Fox News que “al alterar el marco de responsabilidad existente en el que los fabricantes confían para proporcionar un desarrollo predecible de vacunas, estará en riesgo nuestra capacidad para hacer frente a futuras amenazas para la salud pública».
El HHS dijo que la declaración de la Ley PREP “ha sido una herramienta clave para garantizar que los estadounidenses tengan un amplio acceso a contramedidas críticas contra COVID-19, incluidas vacunas, pruebas y tratamientos” y “ha brindado flexibilidades y protecciones para aquellos individuos y entidades que han participado en el suministro de estas herramientas críticas, que han ayudado a Estados Unidos a llegar a un mejor lugar con COVID-19.»
El proyecto de ley del Sr. Roy ya cuenta con 19 copatrocinadores, entre ellos los representantes Lauren Boebert (R-Colo.), Clary Higgins (R-La.), Ralph Norman (RS.C.) y Andy Harris (R-Md.). .
“Muchos estadounidenses se vieron injustamente obligados a vacunarse contra COVID-19”, dijo en un comunicado el representante Eric Burlison, republicano por Missouri, otro copatrocinador. «Por supuesto, se les debe permitir presentar una demanda si resultan afectados por la vacuna».
Children’s Health Defense, una organización sin fines de lucro, se encuentra entre los partidarios de la propuesta.
«Los daños y las muertes causadas por la vacuna contra COVID-19 exigen responsabilidades», dijo Mary Holland, presidenta del grupo, en un comunicado. «Esta legislación representa un acontecimiento fundamental en la rectificación de estas injusticias y pavimenta el camino para un futuro más responsable».
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