Los documentos recientemente revelados que muestran que las grandes empresas tecnológicas tomaron medidas en repetidas ocasiones tras ser presionadas por la Casa Blanca y otros funcionarios de la Administración Biden demuestran que el gobierno de EE. UU. se confabuló con las empresas, según una abogada de New Civil Liberties Alliance (NCLA).
«Está claro que el gobierno les decía a Facebook y a Twitter y a otras empresas de redes sociales lo que tenían que hacer y que ellas respondían y lo hacían, borrando cuentas, retirando posteos, etc., lo que realmente corrobora nuestra teoría de la acción del Estado», dijo la abogada, Jenin Younes, a The Epoch Times.
Los documentos se hicieron públicos esta semana en el marco de una causa contra el gobierno, presentada por dos fiscales generales, por presuntas violaciones de la Primera Enmienda.
Muestran que funcionarios de la Casa Blanca, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), el Departamento de Seguridad Nacional y otros organismos se comunicaron con Facebook, Twitter, Google y otras empresas en relación con la moderación de contenidos, instando repetidamente a las empresas a castigar a los usuarios que promovían la presunta desinformación sobre COVID-19.
Por ejemplo, Rob Flaherty, un funcionario de la Casa Blanca, presionó a Facebook para que tomara medidas contra la «información errónea y la desinformación», así como contra el «contenido que induce a la indecisión», según muestra un correo electrónico.
Después de que Facebook y los funcionarios de la Casa Blanca se reunieran, un ejecutivo de Facebook pidió a la Casa Blanca que «se asociara» en los planes para hacer frente a las «nuevas afirmaciones de desinformación» tras la esperada autorización de una vacuna contra el COVID-19 para niños de 5 a 11 años.
Más tarde, Flaherty señaló que no estaba satisfecho, compartiendo un enlace a una historia sobre la presunta desinformación en Facebook y escribiendo: «ni siquiera estoy seguro de qué decir en este momento».
Otro funcionario de la administración, cuyo nombre fue tachado, se dirigió a Twitter para ofrecer un experto que informara a Twitter sobre la gente que «cita incorrectamente los datos del VAERS de los CDC», lo que, según dijo, «es una fuente importante de desinformación».
El VAERS, o Sistema de Notificación de Efectos Adversos de las Vacunas, es un sistema al que la gente puede informar de los efectos adversos tras la vacunación.
Twitter aceptó la invitación.
Reuniones
Funcionarios de la Administración tuvieron al menos 45 reuniones sobre desinformación o temas relacionados con las grandes empresas tecnológicas desde principios de 2021, mostraron los documentos.
Estos incluyeron reuniones entre la Oficina del director de Salud Pública y Google, reuniones entre los CDC y Twitter, y reuniones entre el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) y Facebook.
Los CDC celebraron repetidamente «reuniones de vigilancia» en las que ofrecían ejemplos concretos de lo que los funcionarios consideraban información errónea, según los documentos y otros publicados anteriormente. El Departamento de Seguridad Nacional se reunió con Microsoft para hablar de desinformación y la Casa Blanca se reunió con Facebook en múltiples ocasiones.
Después de una de las reuniones, Facebook dijo a los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional que estaba tomando «acciones históricas» en cuatro áreas planteadas por la Casa Blanca en las recomendaciones a las plataformas de redes sociales en julio, incluyendo la adopción de medidas sobre la desinformación.
«Estos contactos no son esporádicos en modo alguno. Son casi diarios si miras todo», dijo a The Epoch Times John Vecchione, litigante principal de NCLA en el caso.
Violaciones de la Primera Enmienda
La demanda original señalaba las peticiones públicas de los funcionarios de la Administración Biden para que las empresas de redes sociales tomaran medidas enérgicas, y decía que las empresas que actuaban de acuerdo con esas peticiones violaban la Primera Enmienda.
Una entidad privada viola la Primera Enmienda «si el gobierno la coacciona o la induce a tomar medidas que el propio gobierno no estaría autorizado a hacer, como censurar la expresión de un punto de vista legal», decía la demanda, citando una decisión anterior de la Corte Suprema de EE. UU.
«Esto es exactamente lo que ha ocurrido en los últimos años, empezando por las amenazas expresas e implícitas de los funcionarios del gobierno y culminando con los programas de censura abierta y explícita de la Administración Biden. Después de haber amenazado y engatusado a las plataformas de redes sociales durante años para que censuraran los puntos de vista y los oradores desfavorecidos por la izquierda, los altos funcionarios del Poder Ejecutivo han pasado a una fase de colusión abierta con las empresas de redes sociales para suprimir a los oradores, los puntos de vista y los contenidos desfavorecidos en las plataformas de redes sociales bajo el pretexto orwelliano de frenar la llamada ‘desinformación’, ‘información errónea’ e ‘información maliciosa‘», añade la demanda.
Incluso los fiscales generales y otros abogados implicados en el caso se quedaron atónitos cuando se entregó el primer tramo de pruebas —los documentos hechos públicos esta semana, dijo Vecchione.
Los abogados «están sorprendidos por la cantidad de presiones e información que va de un lado a otro entre las entidades aparentemente privadas y el gobierno federal sobre lo que se puede decir y no decir en Estados Unidos».
Los demandantes han pedido al juez que obligue al gobierno a presentar más documentos.
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