El Tribunal Supremo debería declarar inconstitucional la ley del Obamacare confirmando el fallo de un juez de hace dos años que la anuló, argumentaron los abogados de Texas y la administración Trump.
Una audiencia telefónica el 10 de noviembre en los casos consolidados de California contra Texas y Texas contra California duró 121 minutos, superando los 80 minutos programados.
El juez Reed O’Connor del Distrito Norte de Texas dictaminó el 14 de diciembre de 2018 que la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud a Bajo Precio era inconstitucional en su totalidad, pero mantuvo su aplicación durante el proceso de apelación.
Cuando el Congreso revocó en 2017 el mandato que obligaba a los estadounidenses a comprar un seguro médico, «cortó la última pierna en la que se sostenía [el Obamacare]», sostuvo el juez. «El tribunal considera que el mandato individual ‘es esencial para’ e inseparable de ‘las otras disposiciones de'» la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud a Bajo Precio.
Esa ley fue promulgada en marzo de 2010 sin un solo voto republicano en el Congreso para su aprobación final. Las primas de los seguros se han disparado desde entonces y muchos consumidores no han podido pagar las primas y han perdido su seguro. Los críticos culpan al Obamacare por los costos fuera de control y la burocracia añadida.
En un caso del 2012 conocido como NFIB vs Sebelius, la Corte Suprema confirmó la gigantesca ley de 2000 páginas como constitucional, en la teoría de que el mandato individual —que obligó a los estadounidenses a comprar un seguro médico aunque no lo quisieran— era un ejercicio válido del poder del Congreso para cobrar impuestos. El presidente de la Corte Suprema John Roberts sorprendió a muchos al votar a favor de la ley, lo que llevó a una votación de 5-4 a favor.
El tribunal volvió a confirmar el mandato individual en 2015 en el caso King vs Burwell, en una votación de 6-3. El Congreso luego despojó el mandato en la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos de 2017 reduciendo la penalidad fiscal por no comprar un seguro a cero a partir de 2019.
Diecinueve estados, incluyendo Texas, y los consumidores presentaron entonces una demanda alegando que la ley revisada era inconstitucional porque el mandato individual era tan integral a la ley que no podía funcionar sin él. Dieciséis estados adoptaron la posición opuesta y argumentaron que el estatuto modificado debía ser confirmado.
Los abogados se involucran
Donald Verrilli, abogado de la Cámara de Representantes de EE. UU., controlada por los demócratas, rechazó completamente el argumento de que todo el estatuto del Obamacare debería desaparecer.
«No hay manera de que el Congreso hubiera preferido un resultado que sacara a 23 millones de personas de su seguro, terminara con las protecciones para las personas con condiciones preexistentes y creara un caos en el sector de la salud», dijo durante la audiencia.
«Los argumentos de los demandados llevan la adjudicación constitucional como un juego de ‘te tengo’ a un nivel completamente nuevo, pero esto no es un juego. Los precedentes de esta Corte requieren respeto por el papel constitucional del Congreso, y esos precedentes excluyen enfáticamente el resultado que los demandados buscan».
El otro lado respondió.
La eliminación del mandato es «el equivalente funcional de una cláusula de indivisibilidad», como se argumentó en el caso de la NFIB, el procurador general en funciones Jeffrey Wall le dijo al juez Samuel Alito durante la audiencia.
«El Congreso hizo algo muy específico en 2017», dijo el abogado. «Dijo que no queremos que la gente tenga que hacer este pago nunca más si no quieren tener un seguro».
Divisibilidad
Roberts y el juez Brett Kavanaugh parecían reacios a encontrar el estatuto inconstitucional.
Dirigiéndose a Verrilli, Kavanaugh sugirió que sería fácil anular el mandato sin invalidar todo el estatuto.
«Tiendo a estar de acuerdo con usted en que este es un caso muy sencillo de divisibilidad según nuestros precedentes, lo que significa que eliminaríamos el mandato y dejaríamos el resto de la ley en su lugar», dijo el juez.
La jueza Amy Coney Barrett le preguntó a Verrilli, “¿por qué no podemos decir que cuando el Congreso redujo a cero el impuesto, ya no era un impuesto porque no generaba ingresos y, por lo tanto, ya no podía justificarse como un poder tributario? ¿El Congreso lo presentó como un mandato que tendría que estar justificado por la Cláusula de Comercio?».
Kavanaugh también trató el tema de la separabilidad cuando habló con el procurador general de Texas Kyle D. Hawkins.
«Mirando nuestros precedentes de separabilidad, parece bastante claro que el remedio adecuado sería cortar la disposición del mandato y dejar el resto de la ley en su lugar, las disposiciones relativas a las condiciones preexistentes y el resto», dijo.
«¿Cómo se sortean esos precedentes sobre la separabilidad, que parecen estar en el punto de mira?».
«Los evito confiando en el texto del estatuto», dijo Hawkins, explicando que algunas partes del estatuto dejan claro que el mandato es «esencial» para el funcionamiento del Obamacare.
«Ciertamente no hay ningún requisito de palabras mágicas para una cláusula de separabilidad o de no separabilidad», dijo el abogado.
«Lo que vemos en [la sección] 18091 es un énfasis repetido por el Congreso de que el mandato es esencial para lo que buscaban lograr. No se trata de una referencia fugaz en … una disposición. En las subsecciones h), 9 i) y j), lo vemos una y otra vez…».
«El Congreso sabe cómo escribir una cláusula de no separabilidad, y ese no es el lenguaje que eligieron aquí», dijo Kavanaugh. «Estoy de acuerdo con usted en centrarse en el texto… pero tengo problemas para ver eso como el equivalente a una cláusula de no separabilidad».
Permitir que el Congreso revoque
Roberts, quien escribió la decisión de NFIB contra Sebelius, dijo que los jueces deberían dejar la revocación de la ley a los legisladores elegidos.
«En cuanto a la cuestión de la separación, creo que es difícil para usted argumentar que el Congreso pretendía que toda la ley cayera si el mandato era anulado cuando el mismo Congreso que redujo la pena a cero ni siquiera trató de derogar el resto de la ley», dijo Roberts a Hawkins.
«Creo, francamente, que querían que la corte hiciera eso. Pero ese no es nuestro trabajo».
La declaración de Roberts sobre el Congreso de no tratar de revocar la ley del Obamacare está en desacuerdo con el registro histórico. La Ley de Empleos y Reducción de Impuestos de 2017 que redujo a cero la multa relacionada con el mandato salió del 115º Congreso (2017-2018). De hecho, los legisladores votaron varios proyectos de ley en ese Congreso que tenían por objeto derogar el Obamacare.
Hawkins trazó una hoja de ruta que la Corte Suprema podría utilizar para invalidar la ley del Obamacare con un mínimo de confusión y agitación.
“Quiero enfatizar que reconocemos los intereses de dependencia en juego en este régimen regulatorio”, dijo.
«El tribunal de distrito ha suspendido su sentencia final parcial. Si este tribunal estuviera de acuerdo con nosotros en que la ACA no es válida, esa suspensión podría extenderse por un tiempo apropiado para permitir a los estados y a las ramas políticas del gobierno federal una oportunidad de acomodar esos intereses de dependencia».
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