El Observatorio Independiente COVID-19 informó este sábado que unas 2087 personas han muerto con síntomas relacionados al virus del PCCh, comúnmente conocido como nuevo coronavirus, en Nicaragua desde que la pandemia llegó al país en marzo pasado.
Por su parte, el régimen informa se han presentado 83 fallecimientos por el patógeno.
“Se han verificado 2087 muertes, de las cuales, 133 (6 %), se categorizan como muertes por neumonía, y 1954 (94 %) como sospechosas de COVID-19”, señaló el Observatorio Ciudadano, conformado por una red de médicos y voluntarios, quienes registran casos sospechosos del virus del PCCh que las autoridades aparentemente no toman en cuenta.
Hasta el pasado día 1, el Observatorio registró “7402 casos sospechosos (de COVID-19) verificados”, una cantidad superior a los 2519 confirmados que reportó el régimen en su informe más reciente, emitido el 30 de junio pasado.
El Observatorio clasifica como “sospechosos” los casos verificados por sus integrantes, ya que en Nicaragua las pruebas de la COVID-19 son administradas exclusivamente por el régimen, que hasta ahora no ha informado cuántas de estas realiza cada día.
Al menos cuatro departamentos (provincias) registran más de un centenar de fallecidos, según los datos el Observatorio: Managua 722, Masaya 224, León 140, y Matagalpa 118. Los tres primeros se ubican en la zona Pacífico, la más poblada de Nicaragua, y la última en el norte.
Pérdidas en salud
El Observatorio Ciudadano COVID-19 también informó que unos 87 trabajadores de la salud han fallecido con sintomatología sospechosa de la COVID-19, de los cuales, 38 son médicos, 22 personal de enfermería, 11 administrativos, cinco de laboratorio, tres visitadores médicos, un odontólogo, y siete clasificados como “otros”, que incluye personal de apoyo.
Adicionalmente, el informe reflejó que al menos 691 trabajadores sanitario de Nicaragua han presentado síntomas del virus del PCCh, causante del padecimiento de la COVID-19.
También destacó un total de 77 “irregularidades” en el manejo de la pandemia por parte de las autoridades, como “exposición de persona en aglomeraciones, respuestas inadecuadas del Ministerio de Salud, amenazas, y represalias”, estas últimas, contra personas que critican la actuación del régimen de Nicaragua frente a la crisis de salud.
En esta ocasión, el Observatorio hizo un llamado de “alerta” por las comunidades indígenas, especialmente la de Karawala, ubicada en la Región Autónoma Caribe Sur (RACS), y Waspam, en la Región Autónoma Caribe Norte (RACN).
El Observatorio señaló que la de Karawala “no cuenta con los recursos médicos mínimos para protegerse de la COVID-19, como tanques de oxígeno, oxímetros, o mascarillas”, y que “el centro de salud (carece de) energía eléctrica”.
En la de Waspam, se señaló que los indígenas “no tienen los recursos suficientes para comprar jabón, mascarillas, etcétera, y mantener las condiciones de higiene recomendadas, tampoco cuentan con información sobre la COVID-19 en su lengua materna”.
El régimen que preside Daniel Ortega no ha establecido restricciones para contener la pandemia, aplica medidas mínimas de prevención social, y promueve aglomeraciones, en lo que ha denominado como “estrategia singular”.
Dicha estrategia ha despertado preocupación en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como sus dependencias en salud y derechos humanos.
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