El Tribunal Administrativo de Cundinamarca multó hoy a la constructora brasileña Odebrecht con 800.000 millones de pesos (unos 251 millones de dólares) y la inhabilitó por 10 años para firmar contratos con entidades oficiales como consecuencia de los actos de corrupción en los que se vio implicada en Colombia.
Con esta decisión el tribunal acogió la solicitud hecha por el procurador general, Fernando Carrillo, para «proteger la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público» frente a Odebrecht.
Según la Fiscalía, la constructora pagó sobornos en Colombia por 28,35 millones de dólares (unos 84.000 millones de pesos colombianos) para hacerse con el contrato de la carretera Ruta del Sol II.
En el fallo se determinó que la compañía brasileña deberá indemnizar a la nación con 251 millones de dólares (800.156.144.362 pesos colombianos).
Para ello, se ordenó realizar «el embargo de las cuentas bancarias y los dividendos obtenidos por las sociedades Concesionaria Suta del Sol S.A.S, Constructora Norberto Odebrecht S.A., Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S., Estudios y Proyectos del Sol S.A.S.-Episol S.A.S., CCS Costructores S.A., y seis personas naturales».
También, el tribunal inhabilitó a la multinacional «por 10 años» para contratar con entidades oficiales y declaró la suspensión total del contrato de la Ruta del Sol, sus adiciones y modificaciones.
El escándalo de Odebrecht se avivó el mes pasado después de que Noticias Uno emitiera una entrevista grabada en agosto con el ingeniero Jorge Enrique Pizano, testigo clave en el caso, en la que aseguró que el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, conocía desde 2015, antes de estar en el cargo, las irregularidades de la brasileña.
Pizano falleció el pasado 8 de noviembre de un paro cardíaco y tres días después su hijo, Alejandro, también murió tras beber una botella de agua que encontró en el escritorio de su padre y que contenía cianuro.
Para llevar tres de las investigaciones contra Odebrecht hoy fue elegido como fiscal el decano de la facultad de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, Leonardo Espinosa Quintero.
El pasado 16 de noviembre la vicefiscal general de Colombia, María Paulina Riveros, pidió a la Corte Suprema de Justicia estudiar «la viabilidad» de nombrar un fiscal para estos casos después de que una red de inspección presentó una recusación para que se apartara de la investigación sobre Odebrecht por su cercanía con Martínez.
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