El estado mexicano de Guerrero ofreció 103.734 dólares (2 millones de pesos mexicanos) de recompensa por datos para localizar a los activistas Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro, desaparecidos el 12 de febrero.
La recompensa, ofrecida por el gobierno y la Fiscalía General del Estado, ha sido anunciada en el marco de la búsqueda de Obtilia y de Hilario, vistos por última vez cuando viajaban en transporte público de Tierra Colorada a Chilpancingo,
Obtilia, activista de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’Phaa (OPIM), cuenta desde 2009 con medidas provisionales de protección por resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y en los últimos meses recibió amenazas de muerte.
Desde su desaparición, el gobierno de Guerrero confirmó que puso en marcha protocolos de búsqueda y localización y que envió expertos al último sitio en el que fueron vistos.
Además, se mantiene un operativo terrestre y aéreos por las zonas en las que se presume podrían estar los activistas, además de que Concejo Municipal Comunitario de Ayutla informó este jueves que han comenzado una búsqueda paralela de sus compañeros.
Patricia Ramírez Bazán, miembro de este Concejo, confirmó que al menos 400 personas están en labores de localización de Obtilia y de Hilario.
«No podemos permitir este tipo de situaciones; (para) nosotros como gobierno comunitario y defensores de los pueblos es un golpe directo», argumentó.
Sostuvo que la experiencia que tienen por ser habitantes de la región «sabemos cómo está la situación y decidimos hacer esta movilización civil, porque la vamos a encontrar», apostilló.
Ramírez Bazán confirmó que en relación a la desaparición de sus compañeros, se hará una indagatoria de todos los integrantes del Concejo «caiga quien caiga y la pague quien la deba».
En tanto, en la ciudad de Chilpancingo, capital de Guerrero, activistas por los derechos humanos y colectivos de desaparecidos marcharon con pancartas y fotografías de la activista para exigir su aparición con vida.
La primer alerta de su desaparición fue hecha por el sacerdote y activista de los derechos humanos Alejandro Solalinde que denunció que fueron «levantados» (detenidos ilegalmente).
Grupos de derechos humanos y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) han pedido al gobierno de Guerrero su búsqueda y localización inmediata.
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