El régimen de Nicaragua ha buscado asumir el control de las actividades religiosas, principalmente las de la Iglesia católica, institución a la que el líder Daniel Ortega ha calificado de «mafia» y de ser antidemocrática, según denunció este martes el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
La denuncia fue hecha en San José, Costa Rica, durante la presentación del informe «Violaciones a la libertad religiosa – Etapas de represión contra la Iglesia en Nicaragua», elaborado por esa ONG, integrada en su mayoría por activistas nicaragüenses exiliados.
El abogado nicaragüense Juan Carlos Arce, miembro del Colectivo, dijo durante la presentación de ese informe que «el régimen de Nicaragua está empeñado en controlarlo todo» y que ve en los símbolos de la Iglesia católica, en «su infraestructura, sus estructuras, su jerarquía, un riesgo», y por eso «apuntan a destruir» o bien usurpar las actividades religiosas.
A su juicio, Ortega, que controla los cuatro poderes del Estado en Nicaragua, tiene como objetivo «configurar una Iglesia a la medida, y en la medida que no la pueden controlar, la van a destruir».
El régimen organiza actividades religiosas
El activista nicaragüense Yader Valdivia, también del Colectivo, sostuvo que el Estado ha buscado asumir el control de las actividades religiosas «reemplazando a la Iglesia católica en la organización de eventos como procesiones y festividades».
El régimen de Nicaragua, a través de la Policía Nacional, ha prohibido a la Iglesia sacar a los santos a las calles desde febrero pasado, cuando no les autorizó celebrar las procesiones de viacrucis durante la Cuaresma ni después en Semana Santa.
La orden policial fue adoptada después de que Ortega tildara de «mafia» a sacerdotes, obispos, cardenales y al papa Francisco.
Según Valdivia, Ortega utiliza «estas celebraciones como herramientas de propaganda política y control social».
«Promueven la fe como una religión popular, que tratan de maquillar como que sí se siguen realizando actividades religiosas (por parte de la Iglesia católica) y no son más que actividades propagandísticas», señaló.
Los ataques a la Iglesia católica
Observó que esa usurpación por parte del régimen de las actividades religiosas «va acompañado del ahogamiento financiero y operativo de la Iglesia», incluyendo el cierre de medios de comunicación y centro de estudios católicos, así como el encarcelamiento y expulsión de sacerdotes.
«Por un lado podemos observar como las actividades religiosas de fe son canceladas o son limitadas a realizarse dentro de los templos (…), y por otro lado como el Estado de Nicaragua ha asumido estas actividades religiosas como actividades populares», agregó.
Sobre el proceso de ahogamiento financiero que sufre la Iglesia, según el Colectivo, «van desde amenazas fiscales a confiscación y congelamiento de cuentas que han afectado operaciones diarias de la Iglesia».
Esa ONG instó a las organizaciones internacionales de derechos humanos «a mantener un escrutinio constante sobre la situación en Nicaragua y a tomar medidas efectivas para asegurar que se respeten los derechos fundamentales de todas las personas en el país», entre ellas «la libertad religiosa, que es un pilar esencial de cualquier sociedad justa y libre, y no podemos permitir que sea socavada».
Arce sostuvo que «los nicaragüenses vivimos el mayor ataque en la historia de nuestro país a la fe, a la libertad de expresión, a la libertad de organización, es decir el mayor ataque a los derechos humanos en la historia del país».
Las relaciones del régimen del líder Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, marcados por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas, y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.
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