La ONG Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) aseguró este martes que el encarcelado obispo Rolando Álvarez y la veterana defensora de derechos humanos Vilma Núñez, ambos nicaragüenses, «se encuentran sufriendo graves violaciones a los derechos humanos».
Raza e Igualdad hizo esa denuncia en el marco de la ceremonia de entrega del Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia 2023, celebrado en Estrasburgo (Francia), en la que, junto a la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Red EU-LAT, destacó el «trabajo legítimo y esencial de las personas defensoras de derechos humanos nicaragüenses para contribuir a la democracia y el Estado de Derecho en la región más violenta del mundo para quienes defienden los derechos humanos».
«La situación en Nicaragua continúa deteriorándose gravemente y continua la total impunidad de todos los crímenes cometidos desde abril de 2018, en particular los crímenes de lesa humanidad, por ello es importante que no cese el apoyo de la comunidad internacional a la sociedad civil independiente en Nicaragua», abogó la directora de la oficina de las Américas de la FIDH, Jimena Reyes, en una declaración enviada a los medios.
Reyes destacó que tanto el obispo Álvarez como la defensora Núñez quedaron entre los tres finalistas del Premio Sájarov, lo que, a su juicio, es «un reconocimiento a la valiente labor de las personas nicaragüenses defensoras de los derechos humanos».
Para Raza e Igualdad, tanto el religioso como la veterana defensora de derechos humanos «son símbolos de la lucha por la libertad, la restauración de la democracia y el Estado de derecho en Nicaragua».
«Ambos se encuentran en el país, en condición de apátrida, despojados de sus derechos ciudadanos y expuestos a graves violaciones a sus derechos humanos e integridad personal», agregó.
Piden cese de «los crímenes de lesa humanidad»
Sobre Núñez, esa ONG resaltó que cuenta con un legado de más de 60 años de trabajo a los derechos humanos y es actualmente secretaria general adjunta de la FIDH y presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), una organización con más de 33 años que ha documentado, denunciado y acompañado «a múltiples víctimas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo (la número dos del régimen y esposa de Ortega)» y que fue ilegalizada hace cinco años.
En el caso de Álvarez, es obispo de la diócesis de Matagalpa y secretario de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua. Es considerado «una de las voces más críticas del régimen y tuvo un papel destacado en la mediación que ejerció la Conferencia Episcopal durante el proceso de diálogo tras las masivas protestas pacíficas ocurridas en abril de 2018», subrayó Raza e Igualdad.
Recordó que el 9 de febrero pasado, Ortega ordenó su destierro junto a otras 222 personas presas políticas, sin embargo, él se opuso y lo trasladaron a una prisión de máxima seguridad, «donde está en situación de apátrida y en aislamiento total, cumpliendo una condena de 26 años por supuestos delitos considerados traición a la patria”.
«No descansaremos hasta que cesen los crímenes de lesa humanidad en Nicaragua. Ortega y Murillo deben liberar inmediatamente a monseñor Álvarez y las más de 90 personas que permanecen privadas por motivos políticos en Nicaragua. Basta de leyes que castigan la defensa de los derechos humanos, devuelvan los derechos ciudadanos a la doctora Núñez», dijo, por su lado, el director de Raza e Igualdad, Carlos Quesada.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, acentuada tras las elecciones de noviembre de 2021, en las que el líder Ortega, en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo.
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