El hallazgo en el estado mexicano de Jalisco de más de 300 cadáveres en contenedores frigoríficos, en septiembre del 2018, debe trascender a instancias internacionales ya que podría ser catalogado de lesa humanidad, señalaron hoy dos organizaciones no gubernamentales (ONG).
El descubrimiento «visibilizó la profunda crisis forense» de Jalisco, de la cual forma parte la incineración de cuerpos, con participación, autorización y responsabilidad de autoridades estatales y municipales, indicaron el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) y la Fundación Heinrich Böll.
En la presentación del informe «Incineraciones de cuerpos no identificados», César Pérez, del Cepad, acusó a las autoridades de Jalisco de «indolentes» y «criminales» al tener cuerpos sin identificar mientras hay quienes desde hace años buscan a sus familiares desaparecidos.
Indicó que el grado de impunidad «nos ha llevado a estos extremos» y expuso que este informe se le hará llegar al representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, para que sea retomado por organismos internacionales.
Anna Karolina Chimiak, del Cepad, informó de que entre 2006 y 2018 se incineraron en Jalisco 1.581 cuerpos no identificados, sin practicarles una prueba científica para su eventual identificación posterior.
El hallazgo de cadáveres «apilados y tratados de manera degradante» en cámaras de refrigeración constituyó una de las «graves consecuencias y evidencias de las omisiones, negligencias y violaciones a derechos humanos» atribuibles en los últimos años a las autoridades del estado de Jalisco, denunció.
Chimiak destacó que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses ha mostrado «graves inconsistencias» en sus informes y «ha ocultado y eliminado información» trascendente.
Dos familiares de desaparecidos, Rosario Cervantes y Ana Enamorado, ofrecieron sus testimonios ante estas graves omisiones durante la presentación del informe.
Cervantes dijo que con la incineración de cuerpos «matan la esperanza de poderlos encontrar» y les «niegan la posibilidad de recuperar, al menos, un pedazo para poder descansar y tener paz. El Estado contribuye y se hace cómplice de las desapariciones», acusó.
Por su parte, Enamorado contó que las autoridades le dijeron en algún momento que si tenían a su hijo «pero el cuerpo no estaba, además de que ese cuerpo ya se había incinerado».
El presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de México, Jaime Rochín, informó hace un mes de que revisará el manejo forense de cuerpos tras el abandono de dos contenedores con cadáveres en el occidental estado de Jalisco
La iniciativa pretende elaborar un diagnóstico de los institutos forenses y servicios periciales de México sobre las condiciones de manejo y almacenamiento de cadáveres no identificados.
Rochín insistió en que es urgente una homologación de procesos y protocolos de identificación y cuidado de los cuerpos sin vida en todo el país, donde el problema de la desaparición forzada va en aumento.
La revisión fue decidida a raíz del hallazgo de dos contenedores frigoríficos con más de 300 cadáveres abandonados en septiembre de 2018.
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