El Consejo de Seguridad de la ONU condenó este miércoles la matanza de 35 personas en Birmania, entre ellas cuatro niños y dos trabajadores de la ONG Save the Children, el pasado 24 de diciembre, y exigieron el cese inmediato de la violencia en la zona.
El organismo además subrayó la «necesidad de asegurar la rendición de cuentas en torno a este hecho», y enfatizó la «importancia de respetar los derechos humanos y la seguridad de los civiles», así como el acceso humanitario sin impedimentos para todo el que necesite ayuda.
Apuntó, asimismo, a la necesidad de una «protección total» del personal médico y de organizaciones humanitarias, en clara referencia a los dos trabajadores de Save the Children que murieron en el ataque.
Unicef confirmó este miércoles el asesinato de cuatro menores de edad entre las al menos 35 víctimas de la masacre contra civiles en el estado Kayah, este de Birmania, supuestamente perpetrada por el Ejército birmano.
Las víctimas menores son dos adolescentes de 17 años, una adolescente cuya edad no se precisa y un menor de entre 5-6 años del que no se ha podido determinar el género, según informes procedentes de fuentes «creíbles» al ente internacional, apuntó anoche en un comunicado.
Los 35 cadáveres calcinados fueron encontrados el 24 de diciembre en Kayah, uno de los estados en conflicto por los combates entre los militares y las milicias civiles opuestas al golpe de Estado.
Birmania ha entrado en una espiral de crisis y violencia desde que los militares liderados por Min Aung Hlaing tomaron el poder el 1 de febrero en un golpe de Estado que derrocó al gobierno democrático de Aung San Suu Kyi, actualmente bajo arresto.
Además de protestas pacíficas y un movimiento de desobediencia civil, se han formado milicias civiles que han tomado las armas junto a las guerrillas étnicas que llevan en conflicto con el Ejército birmano desde hace décadas.
Casi once meses después de la asonada, la junta militar sigue sin tener el control completo del país a pesar de la brutal violencia utilizada contra la disidencia y que ha causado hasta la fecha al menos 1380 muertos y más de 11,200 detenidos, según la Asociación de Asistencia a los Prisioneros Políticos (AAPP) birmana.
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