El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se reunió este viernes en sesión especial sobre la situación de Birmania (Myanmar) en la que se condenó el golpe de Estado del pasado 1 de febrero, se pidió la liberación de los detenidos tras él, y se barajaron posibles sanciones internacionales.
«El golpe es ilegal en todos los sentidos, y la comunidad internacional debe evitar reconocer a un régimen ilegítimo», declaró en su intervención ante el Consejo el relator de la ONU para los derechos humanos en Birmania, Thomas Andrews.
El experto señaló que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas «debe considerar opciones antes usadas en situaciones similares, incluyendo sanciones, embargos de armas, prohibiciones de viaje y llamamientos a que intervenga la Corte Penal Internacional».
«El Tatmadaw (Ejército birmano) debe volver a sus cuarteles y permitir reformas que acaben con la impunidad de sus líderes, primando el control civil sobre los militares», agregó el relator, quien también pidió una convocatoria de emergencia de la Asamblea General de la ONU para analizar la crisis en el país surasiático.
La «número dos» de la Oficina de Naciones Unidos para los Derechos Humanos, Nada Al Nashif, abrió la sesión advirtiendo que los acontecimientos actuales en Birmania «son un grave retroceso para el país tras una década de difícil transición democrática».
Al Nashif subrayó que la actual crisis en Birmania «es hija de la impunidad, después de años de ausencia de control civil sobre los militares y de desproporcionada influencia de éstos en las estructuras políticas y económicas».
«El Tatmadaw es el mayor obstáculo para el desarrollo de Birmania como una nación moderna y democrática, y su comandante en jefe, Min Aung Hlaing, junto a otros líderes, deben ser reemplazados», afirmó.
Al Nashif señaló que la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet, ha documentado al menos 350 detenciones de políticos y activistas tras el golpe.
«A muchos no se les ha permitido un representante legal, ser visitados por familiares, y algunos siguen desaparecidos», recordó, para expresar también su apoyo a los manifestantes que en las calles de varias ciudades birmanas se han opuesto a la asonada militar.
«Expresamos nuestro apoyo en vuestro derecho a la justicia, la libertad, la participación democrática, la seguridad, y el desarrollo pacífico, sostenible e inclusivo», señaló, tras pedir a los militares que no repriman las protestas «pues más violencia contra ellas sólo agravará la ilegitimidad del golpe y la culpabilidad de sus líderes».
El representante de Birmania ante Naciones Unidas en Ginebra, Myint Thu, intervino tras estas declaraciones para reiterar que las medidas tomadas en su país responden a las supuestas irregularidades de las elecciones el pasado 8 de noviembre.
«Estamos afrontando desafíos extremadamente complicados y una transición difícil que no queremos retrasar, pero esperamos recibir más comprensión y colaboración de la comunidad internacional», señaló el embajador birmano.
La sesión especial del Consejo de Derechos Humanos, en la que se espera que se vote una resolución condenatoria, fue convocada a petición del Reino Unido y la Unión Europea.
El embajador portugués en Ginebra, Rui Macieira, destacó en nombre de la UE que el golpe de Estado «amenaza con revertir diez años de transición democrática» y es «una toma del poder inaceptable e ilegítima que ha hecho que el reloj de la historia de Birmania retroceda en el tiempo».
El embajador se unió a las peticiones de que se libere «inmediatamente y sin condiciones al presidente de la República (Win Myint) la consejera de Estado (Aung San Suu Kyi) y todos los detenidos, incluidos periodistas y defensores de derechos humanos».
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