DEL RÍO, Texas —Los contribuyentes estadounidenses están financiando cada vez más el paso de un flujo constante de migrantes que acaban cruzando ilegalmente a Estados Unidos, según nuevos reportes.
Un programa de «intervenciones en efectivo» de las Naciones Unidas proporciona a los migrantes que se dirigen a la frontera estadounidense tarjetas de débito, ayuda para el alojamiento, el transporte y la asistencia médica. Se puede acceder a la asistencia en las ciudades de las rutas más transitadas desde América Latina a través de México.
Miles de migrantes convergen en el sur de México, donde solicitan asilo —lo que les permite viajar sin restricciones en México— y luego la mayoría se dirige directamente a la frontera con Estados Unidos, donde cruzan ilegalmente y vuelven a solicitar asilo.
Los migrantes reciben tarjetas de débito que cada mes son recargadas, según Todd Bensman, que reporta desde la ciudad de Tapachula, en la frontera sur de México con Guatemala. Bensman es el investigador principal de seguridad nacional en el Centro de Estudios de Inmigración.
En Tapachula, el 14 de enero, un hombre haitiano esperaba que le depositaran los 3600 pesos que le debían (unos 180 dólares), dijo Bensman. Una mujer hondureña dijo que su tarjeta de crédito proporcionaba 2500 pesos al mes para cuatro personas.
En la ciudad fronteriza de Reynosa, en el norte de México, las familias estaban recibiendo el equivalente a 400 dólares cada 15 días, dijo.
«Las Naciones Unidas comenzaron a aumentar las CBI [Intervenciones basadas en dinero en efectivo] en 2019, gastando 60 millones de dólares en 29,000 migrantes en América Latina, y luego duplicando los desembolsos en 2020, con planes para aumentar enormemente su uso en las Américas durante 2022 y en adelante», dijo Bensman.
En el año fiscal 2021, Estados Unidos contribuyó con casi 1900 millones de dólares en asistencia humanitaria al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), según el Departamento de Estado.
Estados Unidos financia alrededor del 20% del presupuesto total de las Naciones Unidas, que comprende 193 naciones, y el 40% de los ingresos del ACNUR. según un informe del Consejo de Relaciones Exteriores. El presupuesto de ACNUR para 2022 es de 8990 millones de dólares.
ACNUR lleva varias décadas utilizando intervenciones basadas en el dinero en efectivo.
Son «a menudo una forma más digna de asistir a las poblaciones afectadas, ya que capacitan a las personas para determinar sus propias necesidades y la mejor forma de satisfacerlas», según ACNUR.
Silvia Garduno, portavoz de la ONU en Tapachula (México), dijo que las tarjetas de dinero en efectivo están estrictamente reguladas como intervención humanitaria.
«La asistencia humanitaria en efectivo está disponible solo para personas con vulnerabilidades particulares que buscan asilo en México y que tienen la intención de permanecer en el estado mexicano donde han solicitado asilo hasta que el proceso se complete», dijo Garduno a Bensman.
«Se proporciona para ayudar a garantizar que puedan cubrir los gastos básicos de vida mientras se procesan sus solicitudes de asilo en México. Este proceso puede durar de tres a cuatro meses».
Sin embargo, Bensman dijo que cuestiona que el programa solo se aplique a personas muy vulnerables y no pudo obtener de las autoridades los criterios concretos.
«Sospecho que están siendo muy laxos en las definiciones basándome en la demografía de los migrantes que he visto», dijo Bensman a The Epoch Times.
La gran mayoría de los migrantes que se congregan en Tapachula acaban cruzando la frontera sur de Estados Unidos en pocos meses.
El representante Lance Gooden (R-Texas) presentó recientemente un proyecto de ley para poner fin a los pagos de Estados Unidos al ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU y el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA).
«Los contribuyentes estadounidenses no deberían subvencionar una invasión masiva de nuestro país por un flujo interminable de migrantes desconocidos y que no han sido investigados», escribió Gooden en un comunicado en ese momento.
«Es hora de que la Administración Biden ponga fin a esta crisis y recupere el control de nuestra frontera sur».
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