Un organismo de las Naciones Unidas creado para luchar contra las drogas y la corrupción está siendo cuestionado por haber firmado un acuerdo con una agencia extrajudicial china conocida por sus violaciones de los derechos humanos.
El grupo de derechos humanos Safeguard Defenders, con sede en Madrid, anunció el 29 de junio una nueva investigación sobre el sistema de detenciones secretas de China conocido como «liuzhi», así como la presentación de las conclusiones de su investigación (pdf) al grupo de relatores especiales y grupos de trabajo de expertos de Procedimientos Especiales del Consejo de DD.HH. de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El grupo de derechos civiles califica el sistema liuzhi como un «sistema legalizado de desaparición».
Su preocupación se centra en cómo la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (ONUDD) optó por trabajar con la agencia china que está detrás del sistema liuzhi, la Comisión Nacional de Supervisión. Ambos firmaron un memorando de entendimiento en octubre de 2019.
Desde ese mes, la Comisión Nacional de Supervisión china sometió a al menos 28,983 víctimas al sistema liuzhi, según estimaciones del grupo de derechos civiles. Durante el mismo lapso de tiempo, el régimen chino solo confirmó haber sometido a 5909 personas al sistema.
Safeguard Defenders también estimó que una media mínima de 16 a 76 personas son sometidas al sistema liuzhi cada día.
«La Comisión Nacional de Supervisión es responsable de actos generalizados y sistemáticos de desaparición forzada, tortura y otros actos inhumanos de carácter similar que causan intencionadamente grandes sufrimientos o graves daños al cuerpo o a la salud mental o física, graves violaciones de los derechos humanos que han sido denunciadas ante las Naciones Unidas», declaró el grupo de derechos.
Los detalles del acuerdo son limitados, salvo en que las dos partes trabajarán en áreas que incluyen el intercambio de información sobre la prevención de la corrupción y la repatriación de fugitivos. Por ello, Safeguard Defenders declaró que pidió a la ONUDD que haga público el contenido completo del Memorando de Entendimiento, pero su petición fue denegada.
«Si 28,983 personas detenidas arbitrariamente, desaparecidas y torturadas desde la firma del Memorándum de Entendimiento no son suficientes para que la ONUDD se dé cuenta de que la Comisión Nacional de Supervisión no es un socio adecuado, y mucho menos para desarrollar una cooperación más profunda, ¿cuántas lo son?», cuestionó Safeguard Defenders.
La Comisión Nacional de Supervisión, un órgano no judicial, es una agencia anticorrupción de gran tamaño creada por el Partido Comunista Chino (PCCh) en marzo de 2018. Se encarga de investigar los delitos económicos cometidos por empresarios, miembros del partido y empleados de instituciones estatales.
Esta comisión nacional tiene un enorme poder, el que incluye la emisión de órdenes de detención, la congelación de activos, la citación de sospechosos y la retención de estos durante al menos seis meses en el sistema liuzhi, donde se les niega el acceso a ver a su familia o a un abogado.
Laura Harth, directora de campañas de Safeguard Defenders, declaró que todas las agencias de la ONU están «obligadas a respetar los derechos humanos fundamentales contenidos en los tratados y convenciones de derechos humanos», los que prohíben la detención arbitraria, las desapariciones forzadas, las torturas y la ausencia de acceso a la representación legal, entre otros, según un correo electrónico enviado a The Epoch Times.
«Sin embargo, al firmar un Memorando de Entendimiento y reconocer al organismo extrajudicial de la Comisión Nacional de Supervisión como representante legítimo del Gobierno chino para el ámbito de la Convención contra la Corrupción, la ONUDD se desentiende completamente de sus obligaciones al respecto», explicó Harth.
Los sospechosos pueden ser retenidos bajo el sistema liuzhi durante más de seis meses, añadió.
«El único propósito del tiempo detenidos —hasta seis meses— es producir una confesión y un sospechoso probablemente permanecerá el tiempo necesario para asegurar dicha confesión», añadió.
En mayo de 2018, menos de dos meses después de la creación de la Comisión Nacional de Supervisión se informó de la primera muerte conocida bajo el sistema liuzhi. Citando al medio de comunicación estatal chino Caixin, Safeguard Defenders reportó que el fallecido fue Chen Yong, quien estuvo recluido durante 26 días antes de su muerte. Chen era conductor de un funcionario local sospechoso de un caso de corrupción.
La familia de Chen vio su cuerpo destrozado y magullado, lo que sugiere que fue «torturado hasta la muerte», según el grupo de derechos humanos (pdf).
Otro detenido por el sistema liuzhi fue Meng Hongwei, un conocido expresidente de Interpol, quien desapareció tras regresar a China en septiembre de 2018, un mes antes de que la Comisión Nacional de Supervisión publicara un comunicado confirmando su detención. En enero de 2020, Meng fue condenado a 13 años y seis meses de prisión tras declararse culpable de aceptar más de 2 millones de dólares en sobornos.
El memorando de entendimiento que la Comisión Nacional de Supervisión firmó con la ONUDD no es el único. Según el sitio web de la comisión, también firmó acuerdos similares con varios países, como Argentina, Tailandia, Filipinas y Vietnam.
«Al menos para la Comisión Nacional de Supervisión, la firma de estos memorandos de entendimiento legitima efectivamente la medida de China de entregar la cooperación judicial, y las investigaciones penales, a un órgano no judicial», declaró Safeguard Defenders.
Liuzhi no es la única forma de desaparición forzada en China. El PCCh también comete «secuestros masivos autorizados por el Estado», tanto de su población como de extranjeros, en virtud de un sistema denominado «Vigilancia Residencial en un Lugar Designado». Este sistema se ejecuta por agentes de policía de los ministerios de seguridad pública y seguridad del Estado de China.
En agosto de 2019, 27 organizaciones de derechos humanos, entre ellas Safeguard Defenders, el Congreso Mundial Uigur y la Campaña Internacional por el Tíbet, emitieron una declaración conjunta en la que piden al régimen chino que ponga fin a todas las formas de desaparición forzada, incluidas la Vigilancia Residencial en un Lugar Designado y la liuzhi.
Safeguard Defenders pidió a Procedimientos Especiales del Consejo de DD.HH. de la ONU que lleven a cabo un «análisis exhaustivo» del sistema liuzhi y de cómo «se ajusta a las obligaciones legales y de derechos humanos internacionales».
Harth pidió a la ONUDD que haga público el contenido del memorando de entendimiento y añadió que la agencia de la ONU debe cesar inmediatamente cualquier cooperación con Comisión Nacional de Supervisión, que sitúe al órgano del partido comunista como «representante legítimo» del régimen chino.
La ONUDD no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios de The Epoch Times.
Con información de Cathy He.
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