El ex vicepresidente de la Alianza de Hong Kong en Apoyo de los Movimientos Patrióticos Democráticos de China, Albert Ho Chun-yan, fue detenido por la policía de seguridad nacional por presunta obstrucción a la justicia durante su libertad bajo fianza, acusado de «incitación a subvertir el poder del Estado». La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha expresado su gran preocupación por este incidente y por el caso en curso en virtud de la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong (NSL).
El 28 de marzo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tuiteó que estaba siguiendo de cerca el caso actual de la NSL con gran preocupación. Mencionaron específicamente a Ho Chun-yan, detenido en marzo, e instaron a las autoridades a liberarlo para que recibiera tratamiento médico urgente.
Este tuit coincidió con el 33º día del juicio de los 47 activistas prodemocráticos acusados de «conspiración para subvertir el poder del Estado», en el que inicialmente se tenía previsto que declarara el segundo testigo de la fiscalía, Chiu Ka-yin. Sin embargo, debido a que uno de los jueces, Chan Chung-hing, se enfermó, el juicio se pospuso hasta el 29 de marzo.
Se ha dicho que Ho estuvo recluido en la prisión de alta seguridad de Stanley tras revocársele la libertad bajo fianza. Según informes de Radio France Internationale, Ho estuvo recluido principalmente en régimen de aislamiento, y su estado de salud no era estable.
El Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, está inquieto por la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha seguido de cerca la NSL, y en su primer discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra el 7 de marzo, Volker Turk, nombrado Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en octubre de 2022, expresó su preocupación por los derechos humanos de minorías étnicas como los uigures y los tibetanos por parte del Partido Comunista Chino. También se mostró preocupado por la creciente restricción del espacio cívico, incluida la detención arbitraria a defensores de los derechos humanos y abogados. Al tiempo que pedía medidas a Beijing, también expresó su preocupación por el impacto de la NSL.
Cuando comenzó el “caso de las 47 personas” en febrero de 2023, Turk afirmó que era crucial cumplir con el derecho internacional sobre los derechos humanos, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Volvió a publicar la deliberación del Comité de Derechos Humanos de la ONU en la que se pedía al gobierno de Hong Kong que aboliera la NSL y el delito de incitación.
El 27 de julio de 2022, el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió un informe de revisión sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte del gobierno de Hong Kong, en el que criticaba la detención de más de 200 ciudadanos, así como la disolución de sindicatos laborales y estudiantiles desde la aplicación de la NSL en 2020. El Comité instó al gobierno de Hong Kong a abolir la NSL.
La «Ley de Seguridad Nacional» es repetidamente criticada por violar los derechos humanos
En octubre de 2022, siete miembros de la organización social «Gloria a Hong Kong» fueron declarados culpables de «conspirar para incitar a la subversión del poder del estado», la primera vez que se condenaba a menores en virtud de la NSL en Hong Kong. Entre ellos, cinco menores de 21 años fueron condenados a reeducación mediante el trabajo. Ravina Shamdasani, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó su conmoción por el veredicto.
En aquel momento, señaló que, aunque el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas había recomendado explícitamente en julio que el gobierno de Hong Kong aboliera la NSL. El Comité lamentó comprobar que la ley seguía aplicándose en Hong Kong, incluso contra niños. Ella le recordó al gobierno de Hong Kong que su sistema judicial y de aplicación de la ley debe estar en línea con las obligaciones establecidas en el derecho internacional de los derechos humanos.
En octubre de 2021, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió un comunicado en el que decía que varios expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas expresaron su profunda preocupación por la detención del vicepresidente de la Alianza de Hong Kong en Apoyo a los Movimientos Patrióticos Democráticos en China en septiembre de 2021 e instó a las autoridades a abstenerse de utilizar la NSL y a revisar su implementación. En ese momento, el vicepresidente fue acusado de “incitar a la subversión del poder del estado”. Los expertos señalaron que tales cargos de sedición sofocaban indebidamente los derechos básicos protegidos por el derecho internacional, incluido el derecho a la libertad de expresión, reunión pacífica y participación en los asuntos públicos.
También mostraron su preocupación por la definición de «agentes extranjeros» de la Ley de Seguridad Nacional. Consideraban que tales medidas reguladoras restringían y castigaban indebidamente a los receptores de fondos extranjeros, vulnerando el derecho a la libertad de asociación y otros derechos humanos. La NSL en Hong Kong contradijo fundamentalmente el derecho internacional y las obligaciones de China en materia de derechos humanos.
Antes de que el Partido Comunista de China impusiera la NSL, ella señaló que seguía de cerca la revisión del proyecto de ley por parte de la Asamblea Popular Nacional y creía que cualquier ley en Hong Kong y su aplicación debían cumplir plenamente las obligaciones de China en materia de derechos humanos y respetar las disposiciones pertinentes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aplicables a Hong Kong.
Ella también señaló en ese momento que cualquier ley relacionada con la seguridad nacional debe tener un alcance y definición claros y solo permitir restricciones estrictas y necesarias a los derechos humanos.
La aplicación de dichas leyes debe estar sujeta a una supervisión legislativa y judicial significativa. Afirmó además que «tales leyes nunca deben utilizarse para reprimir a las personas que ejercen sus derechos».
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