El Consejo de Derechos Humanos celebró este lunes una sesión sobre la situación de Nicaragua, en la que tanto la ONU como delegaciones de diferentes países y disidentes nicaragüenses subrayaron el empeoramiento de las libertades fundamentales en un país «cada vez más alejado de los derechos humanos».
«Cada día que pasa el país se desvía más de las libertades fundamentales, profundizando el sufrimiento del pueblo, alimentando el éxodo de los más jóvenes, y minando el futuro de las instituciones democráticas», destacó al iniciarse la sesión la alta comisionada adjunta de la ONU para los derechos humanos, Nada Al-Nashif.
«Líderes políticos e indígenas, miembros de la Iglesia Católica, defensores de derechos humanos, periodistas y otras personas han sido atacadas sistemáticamente por el Gobierno tras expresar ideas críticas, y muchos de ellos están en el exilio, sin posibilidades de regresar», destacó Al-Nashif.
Entre esos exiliados se encuentra Medardo Mairena, uno de los que fueron desterrados por el régimen de Daniel Ortega a causa de su activismo, y quien formó parte de una delegación de la sociedad civil nicaragüense que participó en el diálogo de hoy en Ginebra.
«Esperamos que la comunidad internacional nos ayude a salir de esto, de un Gobierno que no respeta los derechos humanos dentro de Nicaragua. Sabemos las dificultades que enfrentan también mis hermanos de lucha que aún son presos políticos», destacó a EFE Mairena, uno de los fundadores del Movimiento Campesino.
Según indicó hoy la «número dos» de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, 17 mujeres y 54 hombres en Nicaragua, incluidos opositores políticos y defensores de derechos humanos, siguen sufriendo detención arbitraria, con denuncias de torturas y amenazas a los presos y sus familiares.
«Deben adoptarse acciones contundentes para que cese la represión sistemática que vivimos dentro de Nicaragua para que podamos alcanzar una defensa de los derechos humanos y que los nicaragüenses podamos regresar a nuestra patria», indicó Mairena, actualmente exiliado en Estados Unidos y quien fue perseguido en su país por liderar la oposición al proyecto de canal interoceánico.
La alta comisionada adjunta denunció recientes acontecimientos ocurridos en Nicaragua como la cancelación del estatus legal del partido político indígena y afrodescendiente YATAMA, o la privación de la libertad de dos de sus representantes en la Asamblea Nacional.
«Nuestra Oficina está preocupada por la salud e integridad física de uno de ellos (Brooklyn Rivera, de 71 años), cuyo paradero se desconoce desde su detención el 28 de septiembre», subrayó Al-Nashif, lamentando que los escaños de YATAMA fueran ilegalmente reasignados a gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
También recordó el caso de una mujer detenida en abril simplemente por llevar una camiseta con el eslogan «viva Nicaragua libre», quien actualmente sólo puede ver a sus hijos de uno y ocho años 45 minutos cada mes.
Citó asimismo el caso del obispo Rolando Álvarez, que no formó parte del grupo de sacerdotes liberados tras un reciente acuerdo entre Nicaragua y el Vaticano, y que por tanto sigue en prisión «siendo sometido a confinamiento en solitario y privado del necesario alimento y de un cuidado sanitario adecuado.
Según la abogada y activista Alexandra Salazar, de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), con sesiones de la ONU como la de hoy «debe continuar la presión sobre Nicaragua para que vuelvan la democracia, las elecciones libres, y sean liberados los presos políticos.
«Nos preocupa sobremanera la situación en la que se encuentran las personas e a cárcel, la manera en que están siendo torturadas, y estamos viendo que muchas personas son sometidas a situaciones de desaparición forzada, encarcelamiento injusto y aislamiento», añadió en declaraciones a EFE.
En la sesión de hoy participó en representación del régimen nicaragüense la procuradora general Wendy Morales, quien reiteró el «rechazo total» del régimen de Ortega a este tipo de diálogos que «son una atrevida forma de agresión e injerencismo en contra de la dignidad de las personas nicaragüenses y nuestra soberanía».
Estas sesiones de crítica a Nicaragua, agregó, «surgen de resoluciones basadas en campañas mediáticas de desinformación y odio que intentan sanciones y bloqueos en detrimento de los principios elementales de los derechos humanos».
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