Las partes implicadas en una demanda colectiva por el hackeo a la Oficina de Gestión de Personal (OPM), en 2015, anunciaron el 6 de mayo en los tribunales que han llegado a un acuerdo de USD 63 millones.
Los demandantes, incluidos el Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro (NTEU) y la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE), demandaron a la OPM en julio de 2015 después de que el gobierno de EE.UU. revelara que piratas informáticos habían tomado la información personal de más de 21 millones de empleados federales actuales, anteriores y potenciales, así como de miembros de sus familias.
Los archivos fueron presuntamente robados por piratas informáticos chinos, que instalaron malware y extrajeron información confidencial como fechas de nacimiento, números de seguridad social, 5.6 millones de juegos de huellas dactilares, información de salud psicológica y emocional e historias personales de «compulsiones de juego, problemas maritales, pasados ilícitos, uso de drogas y alcohol”, según los registros judiciales.
Los expertos en seguridad advirtieron que el Partido Comunista Chino (PCCh) puede usar los datos pirateados de la OPM para chantajear a los empleados del gobierno, reclutar infiltrados como espías y monitorear a las personas que hablan en contra de sus políticas.
Reportajes anteriores de The Epoch Times revelaron que el régimen chino estaba usando información robada del hackeo a OPM para construir una base de datos masiva sobre estadounidenses, usándola para espionaje político y económico.
El litigio por el hackeo duró casi cinco años antes de que un juez federal remitiera el caso a una mediación privada en enero de 2020. El acuerdo de conciliación presentado el 6 de mayo dice que “el trasfondo de las negociaciones de las partes sigue siendo confidencial”.
El 5 de mayo, las partes llegaron a un acuerdo para que OPM pagara USD 60 millones a un fondo de liquidación para las víctimas del hackeo. El contratista de OPM, Peraton, cuyo sistema también fue violado, pagará USD 3 millones al fondo, según el acuerdo.
Las víctimas podrían recibir entre USD 700 y USD 10,000, según el acuerdo, que aún requiere la aprobación de un juez federal.
“El acuerdo es el resultado de extensas negociaciones y da cuenta de los aspectos únicos de este litigio, incluyendo la estricta limitación de la recuperación del gobierno y los problemas de causalidad que los demandados habrían argumentado que resultan de la atribución del hackeo a un actor estatal extranjero», escribieron los abogados en el acuerdo, instando al juez a su aprobación.
«El hecho de que estas violaciones de datos se atribuyeran al gobierno chino, aparentemente motivado por consideraciones de política exterior, habría agravado los riesgos asociados a la localización del daño de los demandantes en la [OPM]».
Si se aprueba, la OPM y los abogados de los demandantes lanzarán una campaña de correo electrónico y relaciones públicas para notificar a los millones de posibles demandantes, según el acuerdo.
Aún no se ha programado una audiencia para que un juez considere el acuerdo propuesto. No todos los demandantes han accedido a llegar a un acuerdo. La jueza de distrito, Amy Berman Jackson, otorgó permiso el 9 de mayo para que esos demandantes presentaran una demanda enmendada.
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