El presidente de Argentina, Alberto Fernández, fue denunciado penalmente este viernes por fuerzas de la oposición, tras afirmar que no acatará el fallo de la Corte Suprema de Justicia que lo obliga a restituir fondos a Buenos Aires.
La exdiputada y líder de la Coalición Cívica -una facción de la oposición-, Elisa Carrió, denunció junto a otros legisladores del bloque al jefe de Estado acusándolo de los delitos de alzamiento, desobediencia judicial, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, según consta en el documento al que tuvo acceso EFE.
Además, la denuncia se extiende a funcionarios del gabinete de Fernández, como el ministro de Interior, Eduardo De Pedro; el de Economía, Sergio Massa; y el jefe de Gabinete, Juan Manzur.
«Estas conductas significan una afrenta al sistema republicano de gobierno, habida cuenta que desafían públicamente a desconocer la autoridad constitucional de uno de los poderes del estado, sino que también debilitan las instituciones republicanas y aparecen como constitutivas de delitos de acción pública», expresa la denuncia de Carrió junto a otros legisladores de su espacio.
También la formación Republicanos Unidos (liberal) presentó una denuncia penal.
Esta controversia comenzó en 2020, cuando el gobierno del peronista Fernández recortó los fondos que debe girar a la capital, un estado autónomo como las provincias argentinas, en concepto de distribución de los impuestos que el Fisco recauda y que deben ser repartidos entre las provincias y la ciudad de Buenos Aires.
El alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, una de las principales figuras de la oposición, acudió a la Corte Suprema, que el pasado miércoles, le dio la razón y dictaminó que el Poder Ejecutivo restituya a Buenos Aires el 2.95 % de los fondos de la denominada coparticipación federal.
La ciudad debe recibir 180,000 millones de pesos (997 millones de dólares) adicionales a los que ya percibe.
«Resulta inexplicable que el Estado Nacional desconozca, desobedezca, impida, rehúse, omita o retarde el cumplimiento de un fallo, por el sólo hecho de resultar adverso a sus pretensiones», remarca el documento.
Por otra parte, distintos bloques de la oposición estarían preparando un pedido de juicio político contra Fernández, remoción del cargo contra parte del gabinete presidencial y denuncias por sedición.
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