Un grupo de diputados de la oposición peruana presentó este martes en el Parlamento una nueva moción de vacancia (destitución) contra el presidente Pedro Castillo por supuesta «permanente incapacidad moral», lo que consideran un paso previo a unas elecciones generales que incluyan la renovación del Congreso.
La moción fue impulsada por el diputado no agrupado Edward Málaga y contiene las firmas de 67 de los 130 congresistas que integran el hemiciclo peruano, aunque la iniciativa legislativa deberá obtener los votos a favor de 87 parlamentarios del pleno para prosperar.
En una rueda de prensa posterior, Málaga explicó que esta iniciativa legislativa «no excluye el adelanto de elecciones o reformas políticas» y negó que los congresistas estén «aferrándose al cargo».
Es más, dijo que la moción de destitución es «el primer paso para adelanto a elecciones generales», lo que incluye renovar el Parlamento.
Se trata del tercer intento de la oposición para destituir a Castillo en su año y medio de gestión, marcado por constantes enfrentamientos entre su gobierno y el Congreso, altamente fragmentado y dominado por la oposición, y la inestabilidad en el Ejecutivo, que ha contado con cerca de 80 ministros en cinco gabinetes.
Argumentos de la vacancia
Esta nueva moción de destitución, de más de 100 páginas, sostiene que «resulta inaceptable que, a pesar de las restricciones del artículo 117 de la Constitución, un presidente ejerza el cargo en medio de fuertes indicios de corrupción, grave indignidad, o cuestionamientos morales y éticos».
En concreto, el documento hace referencia a algunas acusaciones que giran en torno a Castillo y su círculo más íntimo, sindicados como presuntos integrantes de una supuesta organización corrupta.
También menciona el «copamiento y desmantelamiento del aparato Estatal a través de la designación de altos funcionarios con graves cuestionamientos, favoreciendo los intereses del presidente y sus allegados en perjuicio del bienestar ciudadano».
Por ello, acusan al jefe de Estado de haber incurrido en la causal de «permanente incapacidad moral», una figura jurídica sobre la cual en varias ocasiones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación por carecer de definición objetiva y no haber sido interpretada por el Tribunal Constitucional del país.
Este es el noveno proceso de este tipo que un presidente peruano afronta desde 1992 y el tercero contra Castillo, quien sorteó un primer intento de diciembre de 2021, cuando la moción ni siquiera llegó a ser admitida a trámite, y el segundo proceso en marzo pasado, cuando la moción sumó solo 55 votos a favor.
Nueva escalada de tensiones
La presentación de esta moción de destitución llega en medio de una escalada de tensiones entre ambos poderes del Estado, después de que el gobierno de Castillo interpretara el «rechazo de plano» de la mesa directiva del Congreso sobre un planteamiento de su Ejecutivo como una primera denegación a la cuestión de confianza.
Esta decisión, que el Gobierno lee como una primera «bala de plata» ante la posibilidad legal de cerrar el Parlamento en caso de obtener dos negaciones a votos de confianza, provocó la semana pasada una crisis total del equipo ministerial que encabezaba el ex primer ministro Aníbal Torres.
Por su parte, Castillo ha denunciado una suerte de «complot» en su contra por parte de un sector de la oposición política, del Poder Judicial y de los medios de comunicación para sacarlo del poder mediante lo que calificó como una «nueva modalidad de golpe de Estado».
El mandatario empezó a hacer estas acusaciones después de que la fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, presentara ante el Congreso una denuncia constitucional en su contra por presuntamente liderar una supuesta organización criminal, en la estarían implicados exmiembros de su gobierno y su círculo familiar.
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