Un grupo de 23 organizaciones opositoras nicaragüenses solicitaron este viernes a la Organización de los Estados Americanos (OEA) declarar «ilegítimo» al régimen del líder Daniel Ortega, quien fue reelegido en noviembre pasado con sus principales contrincantes en prisión.
«Las expresiones de la oposición nicaragüense consideran oportuna y urgente la convocatoria a una sesión extraordinaria de la Asamblea General de la OEA, que persiga los objetivos siguientes: lograr la liberación de todas las personas presas políticas y, que los Estados miembros de la OEA declaren ilegítimo al Gobierno de Nicaragua, responsable de crímenes de lesa humanidad», indicaron las organizaciones.
Entre los demandantes están la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que fue la contraparte del Ejecutivo nicaragüense en una mesa de negociación con la que se buscaba una salida a la crisis que vive el país desde abril de 2018, y la Unidad Nacional Azul y Blanco, integrada por dirigentes de las manifestaciones antigubernamentales y disidentes sandinistas.
Los solicitantes demandaron que la OEA tome la decisión con base en la resolución de la Asamblea General del organismo del 12 de noviembre pasado, en la que reconoció que las elecciones celebradas el día 7 de ese mes «no fueron libres, justas ni transparentes, carecen de legitimidad y que más bien sus instituciones democráticas han sido seriamente socavadas por la dictadura Ortega-Murillo».
«El actuar violento y represivo de Ortega-Murillo representa una amenaza regional en materia de democracia y derechos humanos», explicó el dirigente de la Unidad Nacional Azul y Blanco Enrique Martínez en el pronunciamiento de las organizaciones.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha responsabilizado a Ortega por la muerte de al menos 355 nicaragüenses, incluyendo 22 policías, en los ataques armados de 2018 contra manifestaciones antigubernamentales. El régimen reconoce 200 muertes.
Los llamados de atención de la OEA sobre los sucesos de violencia política en Nicaragua desde 2018 han llevado a continuos roces entre el organismo y el régimen de Ortega.
Las confrontaciones entre las partes llegaron al punto culminante en noviembre pasado, cuando el régimen nicaragüense denunció la Carta de la OEA, una decisión a través de la cual Ortega retira a Nicaragua del organismo, y que se hará oficial a fines de 2023.
La situación se agudizó el pasado domingo, cuando las autoridades nicaragüenses decidieron no esperar el tiempo estipulado para cortar toda relación con la OEA, al expulsar del país a sus representantes, ocupar sus oficinas en Managua, y retirar las credenciales de los funcionarios del país ante el organismo.
Esta semana el Consejo Permanente de la OEA celebró una sesión, en la que sus integrantes calificaron de «ilegal» la decisión de Ortega, y se comprometió a responder a Nicaragua, sin especificar fecha ni acciones.
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