El destacado catedrático de Derecho de la Universidad George Washington, Jonathan Turley, dijo el viernes que la orden de mordaza impuesta al expresidente Donald Trump en su caso electoral es errónea e «inconstitucional».
Turley hizo estas declaraciones en una aparición en «The Ingraham Angle» de Fox News el viernes, poco después de que un tribunal federal de apelaciones congelara temporalmente la orden de silencio contra el presidente Trump mientras se desarrolla su apelación ante el tribunal.
«Quizás con mucha precaución decidieron ordenar esta suspensión hasta que puedan darle una revisión completa», dijo Turley en el programa. «La razón por la que creo que esto podría ser bastante significativo es porque creo que la orden es inconstitucional».
La saga de la orden de silencio fue provocada por una solicitud del fiscal especial Jack Smith y se impuso cuando la jueza de distrito estadounidense, Tanya Chutkan, emitió la orden el 17 de octubre.
Turley dijo que la solicitud de Smith de imponer la orden de silencio era «igualmente inconstitucional» y que incluso uno de los críticos más acérrimos del presidente Trump, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), ha denunciado la orden de silencio.
Ha «atraído las críticas incluso de la ACLU, que es un crítico acérrimo de Donald Trump», dijo Turley. «Pero la ACLU ha dicho: ‘Mira, esto es flagrantemente inconstitucional'».
La orden de silencio se impuso en el caso de interferencia electoral que enfrenta el expresidente en Washington, D.C.
El caso es uno de los muchos a los que se enfrenta el presidente Trump -con un total de 91 cargos por delitos graves- mientras sigue siendo el favorito para la nominación presidencial republicana de 2024.
El presidente Trump sostiene que es inocente de todos los cargos y que las diversas acusaciones representan un esfuerzo de sus oponentes políticos para socavar sus posibilidades de ganar la carrera por la Casa Blanca.
«¡Esta orden, según muchos juristas, es impensable!» dijo el presidente Trump en una publicación en Truth Social, y agregó que cree que esto le quita «ilegal e inconstitucionalmente» sus derechos protegidos por la Primera Enmienda.
“Excesiva y peligrosa”
Un día después de que la juez Chutkan impusiera la orden de silencio, Turley escribió un artículo de opinión argumentando que la orden representa una violación a la libertad de expresión que limita la capacidad del presidente Trump (y de otros involucrados en el caso, como los abogados) de plantear objeciones a presuntos abusos del gobierno.
«Esta orden debería preocupar a todos los que valoran la libertad de expresión», escribió el profesor de derecho en el artículo de opinión del 18 de octubre. «Si bien las probabilidades pueden favorecer a Chutkan en la apelación, esta orden debería ser revocada por ser demasiado amplia y peligrosa».
Con su decisión de suspender la orden de silencio el viernes, el panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito de D.C. efectivamente dio un visto bueno a la línea de razonamiento de Turley.
Sin embargo, el panel señaló en su orden que «no debe interpretarse en modo alguno como un fallo sobre el fondo de esa moción» y que el objetivo de la congelación temporal es dar al tribunal la oportunidad de considerar la moción de emergencia del equipo legal de Trump para una suspensión mientras la apelación se abre camino a través de los tribunales.
Los abogados del presidente Trump han denunciado la orden, argumentando en una moción de emergencia que viola la libertad de expresión protegida constitucionalmente.
«Ningún tribunal en la historia de Estados Unidos ha impuesto una orden de silencio a un acusado penal que está haciendo campaña activamente para un cargo público, y mucho menos al principal candidato a presidente de Estados Unidos», escribieron. «La Orden de Silencio viola los derechos de la Primera Enmienda del presidente Trump y de más de 100 millones de estadounidenses que lo escuchan».
Uniéndose a los abogados del presidente Trump en la oposición a la orden mordaza estaba el director ejecutivo de la ACLU, Anthony D. Romero, quien describió la orden de la juez Chutkan como «demasiado amplia y demasiado vaga» y que «si permitimos que se coarten sus derechos de libertad de expresión, sabemos que otras voces impopulares -incluso con las que estamos de acuerdo- también serán silenciadas”.
“Fundamental para el tejido estadounidense”
La orden de silencio -actualmente en suspenso a la espera de la apelación- le prohibía al presidente Trump hacer declaraciones públicas u ordenar a otros que hicieran declaraciones públicas que «apuntaran» a los equipos jurídicos de la acusación y la defensa, al personal del tribunal y al personal de apoyo, así como a cualquier testigo potencial «razonablemente previsible» o a su testimonio en el caso.
Al conceder su suspensión administrativa en espera de apelación, el tribunal de apelaciones dio a los abogados del presidente Trump hasta el 8 de noviembre para presentar un escrito en respuesta. Les dieron a los fiscales hasta el 14 de noviembre para presentar su respuesta, y los argumentos orales están programados para el 20 de noviembre.
La orden de silencio en el caso electoral en Washington no es la única impuesta al expresidente.
También se le impuso una orden de silencio en un caso civil separado en Nueva York el mes pasado. Ese caso surgió por una demanda de fiscal general del estado, Letitia James, y el expresidente supuestamente violó esa orden dos veces, lo que resultó en multas de USD 15,000.
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