El mandato de la vacuna contra el COVID de United Airlines ha violado las creencias religiosas de algunos empleados, según un tribunal federal de apelaciones.
El mandato de la empresa permite solicitudes de exención religiosa, pero incluso si se otorgan esas solicitudes, algunos empleados a los que se les otorgan se ven obligados a dejar de trabajar, no recibir pago y dejar de recibir beneficios pagados por la empresa, un conjunto de condiciones calificadas como licencia sin goce de sueldo.
El tratamiento de las objeciones religiosas desencadenó una demanda, que solicitó a un tribunal que bloqueara el mandato para ellos, pero un juez federal se negó a hacerlo en noviembre de 2021, afirmando que los demandantes no demostraron que se enfrentarían a una afectación irreparable.
En el nuevo fallo, fechado el 17 de febrero, dos jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos determinaron que el trato de United a los objetores religiosos equivalía a “coerción”.
“United ha presentado a los demandantes dos opciones: Violar sus convicciones religiosas o perder todos los salarios y beneficios indefinidamente. Esa es una elección imposible para los demandantes que quieren permanecer fieles, pero deben poner comida en la mesa. En otras palabras, United está coaccionando activamente a los empleados para que abandonen sus convicciones”, escribieron los jueces de circuito Jennifer Walker Elrod, designada por George W. Bush, y Andy Oldham, designado por Trump, en la opinión mayoritaria que aún no ha sido firmada.
Los jueces señalaron que el director ejecutivo de United, Scott Kirby, les dijo a los trabajadores en un foro ciudadano que se aceptarían «muy pocas» solicitudes de exención religiosa y que United les había preguntado a los trabajadores que buscaban una exención una serie de preguntas, como si recibieron vacunas en el pasado creadas con la ayuda de las células madre.
La decisión de United de “coaccionar a los demandantes para que violen sus convicciones religiosas” provoca un daño que “es irreparable y respalda una orden judicial preliminar”, o un fallo que bloquearía el mandato para ellos mientras el caso está en curso, dijeron los jueces.
Devolvieron el caso al juez federal de distrito Mark Pittman, el designado por Trump que rechazó la solicitud de medida cautelar preliminar el año pasado.
En una larga disidencia, el juez de circuito Jerry Smith, un nominado por Reagan que completó el panel de tres jueces que consideró la apelación, afirmó que la mayoría reescribió efectivamente una parte de la Ley de Derechos Civiles en su decisión «para crear una nueva causa de acción». Ni la ley ni los precedentes legales están a favor de los empleados, dijo.
Mark Paoletta, abogado que representa a los demandantes, dijo en un comunicado que estaban “complacidos de que el Quinto Circuito reconociera el daño sustancial e irreparable que las acciones ilegales de United están causando a sus empleados”.
“Esperamos seguir reivindicando los derechos de los empleados de United con motivos religiosos o médicos por no poder recibir la vacuna contra el COVID-19. No se debe exigir a ningún empleado que abandone sus creencias o su salud para seguir trabajando”, agregó.
United dijo a los medios de comunicación en un comunicado que seguirá defendiendo el mandato.
“No hay duda de que nuestro requisito de vacunación ha salvado vidas y ha mantenido a nuestros empleados fuera del hospital”, dijo. “Y está claro que la mejor manera de mantenerse a salvo es que todos se vacunen, como han decidido hacer casi todos los empleados de United”.
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