El exasesor de Trump Rudy Giuliani debe entregar una larga lista de activos —incluidos sus intereses en su apartamento de Manhattan y el reloj de su abuelo— para satisfacer la sentencia de casi 150 millones de dólares ganada por dos extrabajadores electorales de Georgia que lo demandaron por difamación, dictaminó un juez federal el 22 de octubre.
La orden del juez del Distrito Sur de Nueva York Lewis Liman estableció una administración judicial para Ruby Freeman y Wandrea «Shaye» Moss, la pareja de madre e hija que demandaron con éxito a Giuliani por las afirmaciones de que habían manejado mal las boletas durante las elecciones de 2020. Giuliani tiene siete días para entregarles los activos.
Entre otras cosas, la orden otorga a las mujeres la propiedad del Mercedes-Benz modelo SL500 de 1980 de Giuliani, «varios artículos de mobiliario», más relojes, un anillo de diamantes y dinero en efectivo de su cuenta corriente.
«La Corte considera que todos los artículos e intereses enumerados (…) deben ser objeto de rotación y administración judicial a fin de garantizar que la liquidación de los activos transferidos se lleve a cabo de forma rápida y coherente por el abogado elegido por el demandante, maximizando la escala de valor de los artículos únicos e intangibles y, por lo tanto, aumentando la probabilidad de satisfacción de la sentencia del demandante», dijo Liman.
El juez se abstuvo de ordenar el traspaso del condominio de Giuliani en Palm Beach (Florida), a la espera de que se resolviera el litigio, entre otras cosas sobre el derecho de Giuliani a la exención del impuesto sobre bienes inmuebles en virtud de la legislación estatal. Mientras tanto, Liman emitió una orden de restricción que impide a Giuliani intentar vender el condominio «o tomar cualquier acción que disminuya el valor de ese activo».
Parte de la decisión de Liman establece un calendario para la presentación de los argumentos relacionados con el condominio y una vista el 28 de octubre. Tres anillos de las Series Mundiales también son objeto de litigios pendientes. El hijo de Giuliani, Andrew, ha intervenido, alegando que su padre le regaló los anillos en 2018.
Liman también ordenó que Giuliani entregara el reloj de su abuelo, afirmando que «por dolorosas que sean las circunstancias, una parte no puede pretender que toda reliquia familiar esté exenta de los procedimientos de [la ley de Nueva York]».
Freeman y Moss solicitaron los bienes de Giuliani el 30 de agosto tras la desestimación de su caso de bancarrota en Nueva York.
El portavoz de Giuliani, Ted Goodman, criticó previamente la presentación como un paso «diseñado para acosar e intimidar al alcalde» mientras éste apela la sentencia «objetivamente irrazonable».
«Esta demanda siempre ha estado diseñada para censurar e intimidar al alcalde y para disuadir a otros de ejercer su derecho a hablar y a denunciar», dijo Goodman. Sostiene que «el sistema judicial ha sido convertido en un arma» contra Giuliani «y tantos otros con fines políticos estrictamente partidistas».
La orden es el último golpe para Giuliani, que se ganó el reconocimiento como «alcalde de América» tras sus acciones después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Antes de ser asesor del presidente Donald Trump, fue alcalde de Nueva York entre 1994 y 2001 y trabajó en el Departamento de Justicia del presidente Ronald Reagan.
Desde que lideró los esfuerzos legales de Trump en las elecciones presidenciales de 2020, Giuliani ha sido objeto de múltiples demandas y acusaciones penales.
En relación con su respuesta a las elecciones de 2020, ha sido inhabilitado tanto en Nueva York como en el Distrito de Columbia.
En sus recientes declaraciones financieras, Giuliani dijo que tenía unos 94,000 dólares en efectivo a finales de mayo, mientras que su empresa, Giuliani Communications, tenía unos 237,000 dólares en el banco. Una de las principales fuentes de ingresos de Giuliani ha sido una cuenta de jubilación con un saldo de poco más de un millón de dólares en mayo, frente a los casi 2.5 millones de dólares de 2022.
Giuliani había testificado que el Comité Nacional Republicano y la campaña de Trump le debían «alrededor» de 2 millones de dólares en honorarios. Se había resistido a entregar esas reclamaciones a Freeman y Moss alegando que las mujeres podrían utilizarlas en un intento de generar un frenesí mediático.
Liman rechazó el argumento de Giuliani y sostuvo que las mujeres tenían «derecho por ley a reclamar cualquier interés pendiente de los demandados en satisfacción de su sentencia, incluidos los intereses contingentes, futuros e intangibles».
La transferencia y la administración judicial de la demanda permitieron a Freeman y Moss «ponerse en el lugar [de Giuliani] con respecto a la Campaña Trump con el fin de perseguir efectivamente la demanda».
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