Los legisladores de Oregón aprobaron por abrumadora mayoría un proyecto de ley que convertiría la posesión de ciertas drogas en un delito menor en el estado, volviendo a criminalizar sustancias como el fentanilo, la heroína y la metanfetamina.
La decisión pone fin a un experimento de tres años en el que Oregón se convirtió en el primer estado del país en despenalizar la posesión y el uso personal de todas las drogas.
El proyecto de ley fue aprobado por el Senado estatal por 21 votos a favor y 8 en contra con apoyo bipartidista. La Cámara estatal lo aprobó 51-7 el día anterior, también con el apoyo de ambos partidos.
Ahora se encuentra en el escritorio de la gobernadora demócrata Tina Kotek, quien tiene hasta el 3 de abril para convertirla en ley, esencialmente revocando la Medida 110 aprobada por los votantes del estado.
Adoptada con un apoyo del 58 por ciento en 2020, la Medida 110 “Ley de Recuperación y Tratamiento de la Adicción a las Drogas” despenalizó las cantidades de drogas duras de los usuarios (incluidos el fentanilo, la cocaína, la metanfetamina y la heroína) y favoreció la financiación de opciones de tratamiento a la adicción a través del impuesto estatal al cannabis.
Sin embargo, mientras el dinero de los impuestos fluía, los programas de tratamiento no se materializaban. Mientras tanto, la adicción a las drogas, el consumo de fentanilo, las sobredosis y la falta de vivienda en Oregón se han disparado.
“La gran despenalización de las drogas de la Medida 110 ha sido un fracaso épico”, afirmó la Asociación de Contribuyentes de Oregón en su sitio web.
“Atrajo a miles de los peores adictos del país a mudarse aquí para aprovechar nuestros narcóticos abundantes y baratos. Los políticos tardaron (por años) en implementar los programas de tratamiento de la Medida 110, pero fueron rápidos en implementar pipas de crack, agujas, tarjetas de regalo de 500 dólares y más de 20,000 tiendas de campaña gratuitas. Portland empeoró las cosas al quitarle fondos a su policía y no procesar a los criminales”.
Según encuestas recientes del Emerson College, el 56 por ciento de los encuestados apoyó la derogación. Una encuesta de GS Strategy Group encontró que el 59 por ciento de los demócratas y el 93 por ciento de los republicanos querían que se revocara la medida.
Destacados habitantes de Oregón, incluido el cofundador de Nike, Phil Knight, anunciaron planes para redactar una medida electoral pidiendo a los votantes que revoquen la medida en noviembre. Pero después de la votación de la Cámara, la Coalición para arreglar y mejorar la Medida electoral 110 dijo que retiraría su petición si el proyecto de ley era aprobado por el Senado y el gobernador Kotek lo convertía en ley.
Derogar la ley
El Proyecto de Ley 4002 de la Cámara de Representantes de Oregón, que revocaría la Medida 110, es el resultado de intensas negociaciones entre el partido mayoritario Demócrata y sus homólogos Republicanos. Los representantes escucharon horas de testimonio de grupos de defensa, agentes del orden, familiares de víctimas de sobredosis y proveedores de salud conductual, y finalmente llegaron a un compromiso.
Otorga más poder a la policía y a los fiscales para redirigir a los usuarios a tratamiento y convierte la posesión para uso personal en un delito menor punible con hasta seis meses de cárcel. Los legisladores esperan que este enfoque anime a las personas a recibir tratamiento en lugar de ir a la cárcel.
La ley permitiría que la policía tome medidas enérgicas contra el consumo de drogas en áreas públicas como parques y refugios y pretende facilitar el procesamiento de personas que venden drogas. La posible pena de cárcel por un delito menor de posesión de drogas solo entraría en vigor si un acusado viola su libertad condicional.
También establece formas de ofrecer tratamiento como alternativa a las sanciones penales.
El proyecto de ley “alienta”, en lugar de obligar, a las agencias encargadas de hacer cumplir la ley a crear programas que desviarían a las personas hacia servicios contra la adicción y a favor de la salud mental en lugar del sistema de justicia penal. Veintitrés de los 36 condados de Oregón ya acordaron ofrecer esta alternativa financiada por los contribuyentes.
El proyecto de ley facilitará que los usuarios reciban tratamiento mientras están encarcelados al establecer un programa para que reciban medicamentos para el trastorno por consumo de opioides mientras estén en prisión. También facilita que los adictos reciban medicamentos para la abstinencia al prohibirle a las aseguradoras que exijan autorización previa para esos medicamentos.
Los farmacéuticos podrán prescribir y dispensar resurtidos tempranos de medicamentos para la adicción a opioides.
“Los habitantes de Oregon han sido claros desde el principio: están listos para que termine este experimento de despenalización de las drogas”, dijo la representante republicana Christine Goodwin, que forma parte del Comité Conjunto de Respuesta sobre Adicción y Seguridad Comunitaria.
“Los escuché y voté para proporcionar a las fuerzas del orden las herramientas necesarias para responsabilizar a los traficantes de drogas, dirigir a las personas que luchan contra la adicción al tratamiento y restaurar la seguridad en nuestras comunidades”.
La Sra. Goodwin argumentó que la legislación no “reparará el daño causado en los últimos tres años”, pero que “volver a involucrar a las fuerzas del orden y al sistema de justicia penal es un buen punto de partida”.
El proyecto de ley recibió fuertes testimonios a favor de los fiscales de distrito, la policía y los alguaciles de Oregón, así como de grupos como la Cámara de Comercio Metropolitana de Portland y la Cámara de Comercio del Condado de Washington.
En oposición
No todo el mundo está de acuerdo con hacer retroceder la Medida 110. Cinco demócratas y cuatro republicanos votaron en contra de la medida. A los legisladores demócratas que se opusieron al proyecto de ley les preocupa que la política resulte en más arrestos y exacerbe las desigualdades sociales.
“La criminalización por adicción a las drogas no es la respuesta”, dijo el representante demócrata Travis Nelson, a quien le preocupa que el proyecto de ley perjudique desproporcionadamente a las personas de color.
«Me temo que se pueda estar dando un paso atrás», dijo Nelson.
En un testimonio escrito oponiéndose al proyecto de ley ante el Comité Interino Conjunto sobre Adicciones y Seguridad Comunitaria, la Oregon Health Equity Alliance (Alianza para la Equidad en la Salud de Oregón) declaró: “Sabemos que la HB 4002 infligirá más daño y violencia gubernamental a las comunidades negras y de color. Los habitantes negros y morenos de Oregon serán arrestados en mayor proporción y tienen más probabilidades de enfrentar encarcelamiento y sentencias más severas. Hemos visto esto en el pasado y la legislatura tiene el poder de aprender de estas experiencias y no repetir la historia”.
La HB 4002 es “un teatro político, no una buena política, que empeorará estos problemas”, escribió Sandy Chung, directora ejecutiva de la ACLU de Oregón en el sitio web de la organización. “Desviará dólares de impuestos limitados de soluciones reales como tratamiento, vivienda y equipos móviles de crisis no policiales como CAHOOTS y Portland Street Response”.
La Sra. Chung añadió que la HB 4002 está diseñada para “desperdiciar incontables millones de dólares de los contribuyentes en una expansión desmedida del disfuncional sistema penal de Oregón”.
La Coalición de Salud Latina de Oregón testificó que la criminalización de las drogas “afectará de manera desproporcionada a las personas de raza negra y de color, a los habitantes de Oregón que se encuentran sin hogar y en pobreza, y a los habitantes de zonas rurales de Oregón, perpetuando las disparidades existentes en nuestro sistema de justicia penal”.
Imagine Black, un grupo de defensa con sede en Portland, considera que el nuevo proyecto de ley representa un gran revés. Según un comunicado en su sitio web, cree que los legisladores “priorizaron las voces de la policía sobre las de las comunidades de color”.
Otro grupo que apoya la Medida 110, Unite Oregon, protestó frente al Capitolio estatal, y muchos portaban carteles que decían: “Gracias por invertir en la supremacía blanca”.
Suponiendo que el gobernador Kotek firme el proyecto de ley, se convertirá en ley el 1 de septiembre de 2024.
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