Acabar con los cárteles internacionales de la droga y la narcoesclavitud asociada a la producción ilegal de marihuana en el sur de Oregon, Estados Unidos, requerirá de «todos manos a la obra», manifestaron las fuerzas policiales reunidas con los líderes electos en una mesa redonda el 10 de noviembre, convocada en Medford por el congresista republicano Cliff Bentz.
Los participantes señalaron que la regulación inadecuada, la apertura de las fronteras y el atractivo de las cantidades ilimitadas de dinero en efectivo están contribuyendo a crear una atmósfera de un «salvaje oeste» en las zonas principalmente rurales.
«Hay mucha frustración y mucho miedo, y mucha gente sale perjudicada», dijo Bentz durante la reunión. «Tenemos que abordar esto y hacer algo al respecto».
El condado de Jackson ya declaró el estado de emergencia mientras los cárteles roban agua, intimidan a los residentes y esclavizan a más de 10,000 inmigrantes ilegales, que al parecer son presionados bajo amenazas de muerte ya sea a ellos o a sus familias en su país.
Hay denuncias más graves aún que están surgiendo, sobre algunas personas que han sido torturadas y otras ejecutadas.
«Se trata de una catástrofe humanitaria que está ocurriendo a la vista de todos», añadió Bentz. «La gente no puede ignorarlo».
Bentz convocó la reunión en su distrito natal apenas unos días después de escribir al fiscal general Merrick Garland, para pedirle ayuda federal.
En esa carta, facilitada a The Epoch Times, el congresista pide al fiscal general que ordene al FBI y a la DEA que proporcionen recursos adicionales a los condados de Jackson, Josephine, Douglas y Klamath en Oregon. En concreto, pidió que se envíen equipos de hasta 20 personas a cada uno de ellos.
La solicitud llamó la atención del Departamento de Seguridad Nacional, que está planeando un viaje de investigación a fines de noviembre.
«Ellos están dispuestos a hacer todo lo que puedan con la mayor rapidez posible», explicó Bentz.
El congresista se sentó con los líderes locales para obtener más detalles sobre lo que necesitan en una región determinada.
«Hemos llamado la atención de la nación sobre este asunto muy rápidamente. Ahora, ¿qué necesitan que hagamos?», preguntó a los participantes, entre los que se encontraban el sheriff del condado de Jackson, Nathan Sickler; el alcalde de Medford, Randy Sparacino; el comisario del condado de Jackson, Rick Dyer; y las representantes estatales Kim Wallan y Lily Morgan.
«Necesitamos ayuda federal y no podemos esperar al año que viene», dijo Morgan.
En lugar de cultivar solo de mayo a octubre —la principal temporada de cultivo de cannabis al aire libre— los cultivadores operan ahora todo el año, produciendo tres o cuatro cosechas cada año, explicó, y las fuerzas de seguridad están desbordadas.
Morgan dijo que el FBI tiene que ayudar a la policía local a investigar las conexiones financieras y a investigar el tráfico de personas y la servidumbre involuntaria.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos debe regular los derivados intoxicantes del cáñamo, como el CBD, añadió Morgan. Eso requeriría revisiones del proyecto de ley agrícola de 2018, que permitió la producción legal de cáñamo, pero no incluyó una aplicación o regulación adecuada.
«Oregon ha emitido licencias de cáñamo desde 2015, pero no envió a ningún inspector a terreno hasta 2020», explicó Morgan. «El [proyecto de ley] que legaliza la producción de cáñamo no contempla la entrada de productos de cáñamo intoxicantes en el mercado general».
Los cárteles criminales internacionales utilizan las operaciones de cultivo de cáñamo legal para encubrir el cultivo de marihuana ilegal. La Autoridad Sanitaria de Oregon informa de que casi la mitad de las explotaciones de cáñamo registradas e inspeccionadas en el estado lo hacen.
«Muchas operaciones intercalan las plantas de marihuana en un campo de cáñamo», dijo el sheriff del condado de Josephine, Dave Daniel, a The Epoch Times. «Cuando el cultivo termina, cosechan la marihuana ilegal y dejan que el cáñamo se pudra».
Las granjas de cáñamo registradas no permiten la entrada de los inspectores estatales y no hay nada que las fuerzas policiales puedan hacer.
Los participantes en la mesa redonda también instaron al gobierno federal a seguir el curso del dinero.
«Tenemos violencia relacionada con la transferencia de dinero», explicó Morgan.
«Hemos incautado millones de dólares en efectivo y no están gravados, ni contabilizados, y eso es solo el dinero que hemos incautado», añadió Stickler, quien sugirió que el «IRS (Servicio de Impuestos Internos) averigüe a dónde van esos millones de dólares».
Como «región crítica para el tráfico de drogas», Oregon también necesita las actividades de «aplicación agresiva» que ofrece el programa federal de Zonas de Alta Intensidad de Tráfico de Drogas (HIDTA), dijo Morgan.
Este programa permite la colaboración entre las fuerzas de seguridad locales y las federales. Esto ya ha demostrado su eficacia en el sur de Oregon.
El 17 de agosto, una colaboración con el programa HIDTA dio lugar a una gran redada en la que unos 250 agentes de seguridad de más de una docena de organismos estatales, locales y federales ejecutaron una orden de registro en un cultivo sospechoso. En ese registro se descubrieron aproximadamente 200,000 plantas en 400 invernaderos, repartidos en 1300 acres. También reveló el alcance de la narcoesclavitud, con casi 300 trabajadores viviendo en condiciones miserables en el lugar.
«Con este tipo de ayuda, podemos controlar este problema, pero llevará un tiempo», dijo Daniel, quien encabezó la investigación.
«También necesitamos que se sume el fiscal de los Estados Unidos», dijo Stickler. «Podemos detener a toda la gente que queramos, pero si no hay un enjuiciamiento, no cuenta».
La compleja situación requiere un proceso de triaje, según Dyer.
«Nadie se hace ilusiones de que vayamos a erradicar completamente este problema en un año», añadió. «Pero podemos empezar a marcar la diferencia».
Mientras tanto, el grupo seguirá presionando al estado de Oregon para obtener más recursos. La oficina del gobernador ya está considerando tomar medidas durante una sesión especial en febrero.
«No podemos esperar a febrero», dijo Sparacino. «Ya hemos puesto el pie y traspasado el problema durante demasiado tiempo».
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