El acuerdo de ley bipartidista logrado en materia de asignaciones para la seguridad nacional, en el que se abordan algunos temas relacionados con la inmigración, está causando reacciones en contra por parte de organizaciones hispanas de defensa de los migrantes.
Uno de los puntos más polémicos sobre la ley es una “autoridad de emergencia fronteriza” que permitiría al Secretario de Seguridad Nacional restringir la entrada de inmigrantes cuando se alcance un umbral de 4000 detenciones diarias en un lapso de una semana. Además, se cerraría la entrada en la frontera en caso de que se alcance un promedio de 5000 entradas diarias en una semana.
Algunas organizaciones de defensa de los migrantes dicen que el acuerdo no soluciona los problemas que enfrentan los inmigrantes ilegales desde el punto de vista humanitario.
Frankie Miranda, presidente y director ejecutivo de la Federación Hispana, considera que la medida tiene fines políticos electorales. Los estadounidenses “no deberíamos tener que elegir entre eliminar las protecciones humanitarias y brindar ayuda a nuestros aliados”, dijo en un comunicado.
La organización considera que esta podría ser una ”oportunidad para comunicarse y coordinarse con ciudades y estados que enfrentan escasez de mano de obra y aumentar la inmigración legal para potenciar sus economías”, es decir, proporcionar a los inmigrantes vías para legalizarse.
Por otro lado, Janet Murguía, presidenta y directora ejecutiva de UnidosUS, reconoció que el acuerdo incluye fondos destinados para el sistema de asilo, a los que considera inversiones necesarias, además de que “restringe la expansión de las medidas más estrictas más allá de la frontera”.
“Sabemos que la reciente migración hacia la frontera sur es insostenible y exige una respuesta que resulte en una frontera segura, ordenada y consistente con nuestra soberanía y nuestros valores. Sin embargo, lamentablemente este acuerdo no es la solución que nuestro país necesita”, dijo Murguía.
Agregó que la organización estaba decepcionada del mismo y calificó las medidas fronterizas como “duras e inviables”. Asimismo, dijo que el proyecto de ley es marcadamente punitivo y considera que “empeorará la crisis humanitaria”.
Otra líder hispana, Kica Matos, presidenta del Centro Nacional de Derecho de Inmigración, dijo que de aprobarse, esta ley “diezmaría el sistema de asilo de Estados Unidos”. Señala que algunas de las posibles consecuencias de su aprobación serían “más familias separadas, más niños detenidos y más personas enviadas de regreso para enfrentar persecución, tortura e incluso la muerte».
Las organizaciones no explican cuáles son las medidas específicas dentro del proyecto con las que no están de acuerdo.
Sin embargo, el proyecto de ley contempla continuar con las solicitudes de asilo, que se aprobarán en caso de que el solicitante cumpla con los requisitos necesarios. También se aplicarían deportaciones para los que se les niegue el asilo y, por otra parte, permite que las solicitudes de grupos familiares se tramiten juntas, según el proyecto.
Las restricciones de entrada y las deportaciones no aplicarían para los menores que intentan entrar solos a los Estados Unidos y asigna 350 millones de dólares al Departamento de Salud y Servicios Humanos para la gestión de refugiados y menores no acompañados.
Por otra parte, se asignan 204 millones de dólares al FBI para implementar pruebas de ADN, cuyo trabajo está rezagado.
Esta ha sido una de las preocupaciones en relación al tráfico de menores que entran con adultos por la frontera, ya que sin las pruebas no se puede comprobar si son sus verdaderos familiares. También abordaría otras preocupaciones de seguridad nacional al tener un registro de quiénes intentan entrar al país de forma ilegal.
Entre otras disposiciones, el proyecto contempla 1,400 millones de dólares para apoyar refugios y actividades humanitarias, además de asignar 424.5 millones de dólares para el combate del tráfico de fentanilo y otras drogas.
A pesar de que algunas organizaciones lo han considerado como muy estricto, otros consideran que el acuerdo no está haciendo lo suficiente para asegurar la frontera.
La Fundación de Políticas Públicas de Texas (TPFF) dice que el acuerdo empeoraría la situación.
Carine Martínez, directora de Frontera Segura y Soberana de la TPPF, dijo que el acuerdo “malinterpreta la naturaleza de la crisis fronteriza y, por lo tanto, no puede promover una solución”.
Atribuyó la crisis fronteriza a que el gobierno mexicano “coopera abiertamente con sus propios cárteles criminales, traficando con seres humanos” y a que el gobierno de Estados Unidos “se niega a cumplir con su deber constitucional”.
“Necesitamos ser duros con México y también con D.C.”, dijo.
TPFF criticó que el proyecto no contempla esta relación y que “paraliza su propia ‘autoridad de emergencia fronteriza’ mediante una variedad de mecanismos” que permiten eximir unilateralmente y sin revisión a cualquiera del conteo que active la autoridad o limitando la vigencia de esta.
Además, señala que a través de este se otorgarían fondos a “ONG que, conscientemente o no, han instigado la crisis fronteriza y los cárteles de tráfico de personas detrás de ella”.
Por su parte, Heritage Foundation se hizo eco de estas declaraciones, no solo criticando la financiación a este tipo de organizaciones, sino también a las llamadas “ciudades santuario”. Calificó el proyecto como “un desastre para la seguridad fronteriza”.
“Estas medidas no sólo continuarían la crisis fronteriza sino que también harían que sea más difícil de solucionar para cualquier futuro presidente con mentalidad de hacer cumplir la ley”, dijo la organización a través de un informe publicado este lunes.
Hay dudas de que el proyecto bipartidista progrese en el Senado, en medio de desacuerdos entre los miembros de ambos partidos, mientras al interior de los demócratas se rechaza el acuerdo y el líder de la minoría republicana en el senado recomienda votar este 7 de febrero en contra de su debate.
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