Cientos de vehículos participaron este martes en una masiva movilización en el norte de la provincia de Santa Fe para repudiar la decisión del Gobierno argentino de expropiar la compañía Vicentín, una de las principales agroexportadoras del país.
La extensa caravana de autos, camionetas y tractores decorados con banderas argentinas recorrió con un sonoro «bocinazo» los pocos kilómetros que unen Avellaneda, la localidad donde tiene su sede el complejo industrial de Vicentín, con la vecina ciudad de Reconquista para expresar su rechazo a la intervención gubernamental de la empresa y su plan de expropiación.
Los ciudadanos de la región anunciaron en tanto un «banderazo» el próximo sábado 20 de junio, Día de la Bandera de Argentina, que coincidirá con otra protesta en la ciudad santafesina de Rosario, donde se encuentra el Monumento a la Bandera nacional.
El «bocinazo» se sumó a la lista de protestas que encabezaron los habitantes de Avellaneda desde el 8 de junio, cuando el presidente Alberto Fernández anunció la intervención y su decisión de enviar al Congreso un proyecto de ley para expropiar la compañía fundada hace casi cien años, y que incluyó una movilización para expulsar a los funcionarios enviados por el Gobierno en Buenos Aires.
Fernández defendió el pasado fin de semana su proyecto para «rescatar» la compañía, pese a los cuestionamientos de entidades agrícolas e industriales, y evitar que «termine en manos de capitales extranjeros».
Vicentín solicitó en febrero el concurso preventivo de acreedores con una deuda estimada en unos 1350 millones de dólares y entre sus de acreedores están 2600 productores agropecuarios, bancos públicos, liderados por el estatal Banco Nación, y un comité de acreedores extranjeros liderado por la Corporación Financiera Internacional (IFC, dependiente del Banco Mundial).
«Tengamos en cuenta que en Argentina hay siete cerealeras y cuatro de ellas son de capitales extranjeros», alegó el mandatario.
Los accionistas de Vicentín rechazaron la medida gubernamental al considerar que «inhabilita todas las negociaciones que la compañía» realizaba para alcanzar «una solución en el ámbito privado y deja como única opción la estatización de la empresa, manifestando el propio presidente que esa es la única posibilidad».
«La intervención y el proyecto de expropiación que sostiene el actual Gobierno en cabeza del presidente Alberto Fernández viola las garantías constitucionales, elude de manera arbitraria la independencia de poderes de una nación y pone en jaque la confiabilidad en las instituciones que requiere toda república democrática», señalaron los accionistas en una carta abierta publicada en los medios de comunicación.
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