Una revuelta contra las políticas gubernamentales que, según muchos, usurpan la autoridad de los padres, se está extendiendo por todo el país —especialmente en los estados azules donde los legisladores han promovido la ideología transgénero y la «atención a la afirmación del género»— según padres, abogados y profesores.
Durante más de un año, los padres de California han acudido en masa a las audiencias legislativas y han llamado por teléfono por centenares para protestar contra las políticas que animan a las escuelas a mantener en secreto las transiciones sociales de género de los niños. Los maestros también han empezado a negarse a ocultar a los padres información sobre la identidad de género de los niños.
Mientras tanto, los miembros demócratas del Grupo Legislativo LGBTQ de California han promovido leyes que apoyan la llamada atención de afirmación de género, especialmente para los niños, promocionándola como un modelo «pionero en el país».
Grupos de defensa de los derechos de los padres como Our Duty se han opuesto al modelo, mientras que grupos como Planned Parenthood, Igualdad de California y otros lo apoyan.
Los distritos escolares de California afirman que están obligados por ley a mantener en secreto las transiciones de género ante los padres, a menos que el niño quiera decírselo a sus padres. Pero recientes sentencias judiciales cuentan una historia diferente.
Caso histórico
El 14 de septiembre, un juez federal impidió que el Distrito Escolar Unido de Escondido castigara a dos maestros que se negaron a cumplir las directrices del Departamento de Educación de California que animan a los educadores a mantener en secreto las transiciones de género de los alumnos ante sus padres.
El juez Roger T. Benítez concedió una orden judicial preliminar (pdf) contra el estado y el Distrito Escolar Unido de Escondido declarando que la política es inconstitucional.
Las maestras, Elizabeth Mirabelli y Lori Ann West, alegaron que el estado y el distrito violaron sus derechos constitucionales y religiosos. Ambas fueron puestas en situación de baja administrativa remunerada tras la presentación de su demanda en abril, pero están negociando con el distrito para volver a trabajar en el aula.
Las maestras declararon a The Epoch Times que las transiciones de género entre las chicas de su escuela secundaria son un «experimento social» que se ha convertido en un contagio social.
Cuando las chicas acuden a los consejeros escolares reciben «muchos elogios y afirmaciones» y se las considera «valientes» y «honestas», dijo la Sra. West.
«En nuestra escuela sólo hay chicas. Se lo creen. Reciben mucha atención. Ven que una chica obtiene esto, y como que le siguen la corriente. Las está infectando. Se está extendiendo».
Hasta hace poco, era raro que un solo niño se identificara como transgénero, pero cada vez es mucho más frecuente, afirma la Sra. West.
«En una clase había siete niñas que de repente querían ser trans», dijo.
La Sra. Mirabelli dijo que las transiciones de género son una «tendencia» en las escuelas públicas de California.
«Las escuelas son ahora el ingeniero social», dijo. «Están haciendo la transición social de los niños, y a medida que avanzan en la transición social, el siguiente nivel es, por supuesto, la transición médica.
«No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras ocurre todo esto.
«Tuve un niño trans en mi clase. Era una alumna fantástica, una de mis favoritos: trabajaba duro, sacaba buenas notas, se portaba bien. Teníamos una gran relación. Yo sabía que esa niña no era un niño, y en un futuro no muy lejano se miró al espejo y dijo: ‘Eh, soy linda’. Espera un momento».
La Sra. Mirabelli dijo que no quiere formar parte de poner a los niños en una «cinta transportadora» hacia los bloqueadores de la pubertad, las hormonas del sexomopuesto y, finalmente, las transiciones quirúrgicas de las que podrían arrepentirse más adelante en la vida.
«Estos niños tienen 10, 11 y 12 años. Están en plena adolescencia. Llevamos décadas enseñando a niños adolescentes. Lo hemos visto todo. Sabemos que pasan por muchas cosas», afirma.
Para llegar al fondo de por qué están de moda las transiciones de género, dijo: «Sigue el dinero».
El llamado mercado de la cirugía de reasignación de sexo alcanzó los 2100 millones de dólares el año pasado en Estados Unidos y se espera que se duplique con creces hasta alcanzar los 5000 millones de dólares en 2030, según un informe de 2022 de la consultora Grand View Research. Más estudios publicados por Acute Market Reports indican que Norteamérica posee al menos la mitad de la cuota de mercado mundial de las llamadas cirugías de reasignación de sexo.
Según el Gender Mapping Project, hace una década sólo había «un puñado» de clínicas de reasignación de sexo para niños que operaban en Norteamérica, pero ahora hay más de 400 que participan en lo que se ha convertido en una industria multimillonaria, incluso cuando algunas partes de Europa se alejan del modelo de «atención afirmativa».
La orientación es «necesaria»
Paul Jonna, abogado de Thomas More Society que representa a las maestras, declaró a The Epoch Times que la sentencia a favor de las maestras es significativa.
«Esta sentencia podría establecer realmente el marco de cómo debe analizarse esta cuestión, no sólo en California, sino en todas partes», afirmó
El estado emitió unas directrices «muy engañosas» en forma de página de preguntas frecuentes a todos los distritos escolares del estado, en las que se afirmaba que la exclusión de los padres es obligatoria según la legislación de California en virtud de los derechos de privacidad de los niños y que era necesaria para mantener la seguridad de los alumnos, dijo.
«Dijeron que se trataba de una orientación no vinculante, pero utilizaron palabras como ‘obligatorio’ y ‘debe’, y básicamente todos los distritos escolares la interpretaron como vinculante», dijo el Sr. Jonna. «El [distrito] estaba convencido de que era vinculante y así lo dijo en la audiencia… pero, de hecho, no era obligatorio».
El juez, dijo, estaba muy preocupado por las posturas incoherentes que ha adoptado el estado e interrogó a los abogados del estado en la audiencia de cuatro horas sobre si la política estaba respaldada por la ley.
«Entonces, ¿cuál es?», preguntó el juez, según la transcripción judicial. «¿Es la FAQ vinculante para el distrito escolar o no?».
«La noción estatista de que el poder gubernamental debe sustituir a la patria potestad en todos los casos porque algunos padres maltratan y descuidan a sus hijos es repugnante para la tradición estadounidense», dijo el juez Benítez, citando el caso Parham contra J.R., de 1979, de la Corte Suprema.
Y añadió: «¿No es eso precisamente lo que hacen tus normas? … Básicamente dice que se presume que todos los padres son el enemigo si el niño simplemente dice: ‘No quiero que mis padres lo sepan'».
El juez preguntó por qué se «excluye» a los padres, que en última instancia son legalmente responsables del cuidado y la educación de sus hijos.
«¿El distrito escolar tiene a los niños durante cuánto, seis horas al día?», preguntó el juez.
Cuando un abogado del Estado respondió: «seis o siete», Benitez dijo: «Díganme cómo puede tener sentido que un niño pase siete horas al día fingiendo ser ‘X’ y luego pase las otras 18 horas al día fingiendo ser ‘Y’, y luego, los fines de semana, 24 horas al día siendo ‘Y’. ¿Cómo puede ser eso saludable para un niño? ¿Cómo es posible que eso no sea perjudicial para un niño?».
El Sr. Jonna confía en que, aunque el distrito escolar o el estado recurran la sentencia, «la razón acabará imponiéndose» y el caso sentará un precedente legal.
«La orden no abarca todos los distritos escolares, pero pone a todos los distritos escolares sobre aviso de que se trata de políticas ilegales», dijo el Sr. Jonna. «Si al final somos capaces de establecer que se trata de un acto ilegal para el Distrito Escolar Unido de Escondido, entonces será ilegal para todos los distritos escolares».
Quienes se oponen a las políticas de notificación a los padres suelen citar el Proyecto de Ley de la Asamblea 1266, la Ley de Éxito y Oportunidad Escolares, una ley de California de 2014 que apoya los derechos de privacidad de los alumnos por encima de la patria potestad para los niños mayores de 12 años. La ley dice que debe permitirse a los alumnos transgénero participar en programas y actividades escolares segregados por sexo y utilizar instalaciones acordes con su identidad de género, sin tener en cuenta su sexo biológico. Sin embargo, no dice nada sobre mantener las transiciones de género en secreto ante los padres.
Ni Mark Olson, presidente del Distrito Escolar Unido de Escondido, ni el Departamento de Educación de California respondieron a las solicitudes de comentarios.
El caso de Chino Valley
Refiriéndose a la demanda de California contra el Distrito Escolar Unificado de Chino Valley por su política recientemente adoptada, que obliga al personal de la escuela a notificar a los padres si su hijo cambia de identidad de género en la escuela, el Sr. Jonna dijo que los funcionarios estatales están haciendo declaraciones contradictorias.
«En realidad, están demandando a un distrito escolar que se atreve a desviarse de esta supuesta orientación no vinculante», dijo.
Al menos siete distritos escolares de California han adoptado ya políticas de notificación a los padres derivadas de la legislación propuesta por el asambleísta Bill Essayli (R-Corona), que fue eliminada cuando el presidente del Comité de Educación de la Asamblea, Al Muratsuchi (D-Torrance), se negó a permitir que fuera escuchada. El Sr. Muratsuchi dijo: «No sólo porque el proyecto de ley propone una mala política, sino también porque una audiencia proporcionaría potencialmente un foro para una retórica cada vez más llena de odio dirigida a los jóvenes LGBTQ».
La Ley de la Asamblea 1314 habría exigido que un maestro, consejero o empleado escolar notificara a los padres en el plazo de tres días desde que tuviera conocimiento de que un alumno se identificaba en la escuela como un género que no coincidía con el sexo del niño que figuraba en su acta de nacimiento o con el sexo asignado al nacer.
Desde entonces, el Sr. Essayli ha asistido a varias concentraciones por los derechos de los padres, animando a los casi 1000 consejos escolares de California a aprobar políticas de notificación a los padres.
Mark Trammell, abogado y director ejecutivo del Centro para la Libertad Americana, declaró a The Epoch Times que el centro representa ahora a un grupo de padres que pretenden intervenir en el caso del estado contra Chino Valley. A principios de este mes, se concedió al estado una orden de restricción temporal para detener la aplicación de la política de notificación a los padres del distrito, en vigor desde el inicio del curso escolar.
«En octubre se celebrará una audiencia al respecto, en la que participaremos», dijo el Sr. Trammell. «Nuestra perspectiva es que los padres, en virtud de este precedente constitucional bien asentado, tienen el derecho fundamental de dirigir la educación de sus hijos, y eso incluye las decisiones educativas».
En una declaración conjunta, los padres dijeron que se oponen a las políticas estatales contra las políticas de notificación a los padres porque infringen sus derechos y aíslan a los niños del apoyo que necesitan.
Los derechos de los padres se vulneran «cuando se ve que las escuelas ocultan secretos a los padres o que las escuelas mienten a los padres sobre lo que ocurre en el aula», dijo el Sr. Trammell.
Distrito escolar de Spreckels
Otro distrito escolar de California fue demandado después de que los maestros y otros empleados supuestamente entrenaran a una niña de 11 años para hacer una transición social a una identidad de género masculina, y recientemente llegó a un acuerdo con Alicia Konen, que ahora tiene 16 años, y su madre, Jessica Konen, por 100,000 dólares.
La demanda, presentada el 14 de junio de 2022, nombraba como demandados al Distrito Escolar Spreckels Union, al director y a dos maestros de la Escuela Media Buena Vista de Salinas, California.
Jessica Konen dio un paso al frente después de que una grabación de audio filtrada de una conferencia de fin de semana de la Asociación de Maestros de California, celebrada en Palm Springs en octubre de 2021, revelara que los maestros describían cómo reclutaban en secreto a alumnos para el club LGBT de la escuela. Los dos maestros fueron suspendidos posteriormente y ya no trabajan en el distrito.
Según el Center for American Liberty y las alegaciones de la demanda, Alicia fue reclutada para unirse a un «Club de la Igualdad», en el que se le enseñaba sobre bisexualidad, identidades transgénero y otros conceptos LGBT cuando estaba en sexto curso. Empezó a utilizar un nombre y pronombres masculinos y llevaba un binder bajo la ropa de hombre.
Eric Sell, abogado de derechos civiles del Center for American Liberty que representó a los Konen, declaró a The Epoch Times que el distrito escolar llegó a un acuerdo sobre el caso basándose en las alegaciones subyacentes en la demanda, pero no ha admitido ninguna culpa ni responsabilidad.
La Sra. Konen calificó el acuerdo de «gran victoria» para ella, su hija y otros padres.
«Nuestras voces han cambiado las cosas», declaró a The Epoch Times.
El caso fue el primero de este tipo a nivel nacional, pero ahora están surgiendo casos similares en todo Estados Unidos, dijo el Sr. Trammell.
«Estamos muy orgullosos de esta victoria», dijo.
Como se trata de un acuerdo en un caso civil —no de un veredicto que siente precedente en un tribunal penal— no se citará en futuros casos judiciales, pero servirá de disuasión para otros distritos escolares, dijo.
El Sr. Trammell citó también el caso de Aurora Regino, una madre de Chico, California, que demandó al Distrito Escolar Unificado de Chico porque «la escuela de su hija empezó a hacerle la transición… sin conocimiento de los padres» cuando la niña estaba en quinto curso.
«[Estos casos] realmente abrieron los ojos a los padres», dijo. «No sabían que esto estaba ocurriendo. Estas políticas, especialmente en California, son directrices de la Asociación de Maestros de California que los distritos escolares están adoptando y no se notifica a los padres».
El aumento de los litigios es tanto el resultado de que los padres den un paso al frente como un reflejo del cambio de poder político en algunos consejos escolares en 2022, cuando fueron elegidos más padres.
Refiriéndose a varios proyectos legislativos que ahora están a la espera de que el gobernador de California, Gavin Newsom, los convierta en ley o los vete, el Sr. Trammell advirtió que las libertades civiles —incluidos los derechos de los padres, la libertad de expresión y la libertad religiosa— están en juego.
Si el gobierno puede restringir el derecho de las personas religiosas o de quienes no creen en la transexualidad a ser padres de acogida o a adoptar niños, u obligar a los jueces de familia a favorecer a un progenitor que «afirme su género» en una disputa por la custodia de un hijo, «¿qué impide que en el futuro el gobierno te quite la custodia de tu hijo biológico o de tu hijo adoptivo?, preguntó el Sr. Trammell.
«Da miedo», dijo. «Todos hemos visto la legislación que está sobre la mesa de Newsom, pero es realmente aterrador pensar en la próxima sesión legislativa y en cómo serán esos proyectos de ley».
Con el aumento del número de demandas contra las transiciones secretas de género y la creciente demanda de políticas de notificación a los padres, el Sr. Trammell dijo que «hay muchas posibilidades» de que la cuestión acabe siendo decidida por la Corte Suprema de EE. UU.}
Más demandas
El Center for American Liberty también ha emprendido acciones legales contra médicos y centros médicos por amputar quirúrgicamente los senos sanos de al menos tres niñas menores de edad: Layla Jane a los 13 años, Chloe Cole a los 15 y Luka Hein a los 16.
La Sra. Hein se une a una lista cada vez mayor de otros «detransicionistas», como se les conoce, que han hablado, como Cat Cattinson, Abel Garcia, Laura Becker, Daisy Strongin y David Bacon, que lamentan profundamente el daño irreparable causado a sus cuerpos.
El 13 de septiembre, el Center for American Liberty, el abogado Jeff Downing y la Thomas More Society presentaron una demanda (pdf) en nombre de Hein contra médicos del Centro Médico de la Universidad de Nebraska por supuesta negligencia médica. Los médicos le practicaron una doble mastectomía supuestamente tras sólo dos consultas «antes de explorar opciones de tratamiento de salud mental más amplias o tratamientos de transición no quirúrgicos, como la terapia hormonal», según un comunicado.
A lo largo de su adolescencia, la Sra. Hein padeció complicaciones de salud mental «como ansiedad, depresión y disforia de género como consecuencia de diversos acontecimientos traumáticos», según una declaración emitida por el Center for American Liberty.
«Estaba atravesando la época más oscura y caótica de mi vida, y en lugar de darme la ayuda que necesitaba, estos médicos convirtieron ese caos en realidad», dijo la Sra. Hein en un comunicado.
El Sr. Downing, abogado especializado en mala praxis de Nebraska, y el centro están presentando también una demanda por responsabilidad civil en nombre de Hein contra el Consejo de Regentes de la Universidad de Nebraska.
A mediados de agosto, el juez del Tribunal Superior de Nueva Jersey David F. Bauman concedió una medida cautelar que impedía temporalmente a tres distritos escolares del condado de Monmouth —Manalapan-Englishtown, Marlboro y Middletown— aplicar las políticas de notificación a los padres en relación con los alumnos que se identifican como transgénero mientras el caso siga pendiente en los tribunales.
El fiscal general de Nueva Jersey, Matthew Platkin, presentó en junio una demanda contra los distritos escolares alegando que las políticas son «ilegales».
Aunque el Sr. Bauman reconoció los derechos de los padres en su sentencia, afirmó que el estado también tiene derecho a impedir que se perjudique a los niños que pertenecen a grupos protegidos por la Ley de Nueva Jersey contra la Discriminación.
«La posibilidad estadística de que incluso un solo alumno transgénero afectado por las Políticas Enmendadas huya de casa, o intente suicidarse o se suicide, es suficiente para inclinar la balanza de las equidades a favor del Estado», escribió el Sr. Bauman en la orden judicial.
En Massachusetts, cuatro padres han demandado al Comité Escolar de Ludlow y a varios funcionarios escolares alegando que se violaron sus derechos parentales por unas políticas que permiten a las escuelas mantener ocultos a los padres los cambios de identidad de género de los niños.
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