Varios países occidentales unieron sus voces para pedir que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas realice un debate sobre los «crímenes contra la humanidad» de China en la región de Xinjiang.
Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia presentaron el lunes un borrador de propuesta en el que piden un debate en la próxima sesión del Consejo, a principios del año 2023, sobre la situación en Xinjiang.
El borrador de propuesta requiere una mayoría de votos en el Consejo de la ONU para ser aprobado. Si se aprueba, sería la primera vez que las violaciones de los derechos humanos por parte de China se incluyen formalmente en la agenda del consejo.
La medida se adoptó tras la publicación el mes pasado de un informe de la ONU en el que se detallan los abusos cometidos por el Partido Comunista Chino (PCCh) contra los uigures y otras minorías musulmanas, que, según el informe, constituyen crímenes contra la humanidad.
El consejo cuenta actualmente con China y Estados Unidos como miembros. El borrador se presentó dos días antes de que finalice el plazo para presentar este tipo de documentos, lo que permite a los diplomáticos debatirlo e incluso votar sobre él antes de que finalice la sesión.
John Fisher, director adjunto de defensa global de Human Rights Watch, dijo que el impulso de las naciones occidentales para un debate en la ONU ayudará a que se realice «un examen muy necesario» a las amplias violaciones de los derechos humanos del PCCh en Xinjiang.
Informe de la ONU «largamente postergado»
El informe de la ONU, publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), concluyó que la escala y la brutalidad de las detenciones, enmarcadas por el PCCh como «centros de formación profesional», probablemente se califican como un crimen contra la humanidad.
Un libro blanco del PCCh, citado en el informe, dice que entre 2014 y 2019 el régimen ha detenido a casi 13,000 personas, mientras que a otros, más de 30,000, los ha «castigado» por «extremismo religioso».
Sin embargo, según el informe, el número real de detenidos podría ser de más de un millón y los llamados «centros educativos», que se crearon para delincuentes no violentos, se utilizan a menudo para detener a personas por su origen étnico, religioso o cultural.
Esto sería probablemente una violación directa del artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que prohíbe la detención arbitraria, de acuerdo al informe.
Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, criticó el «inexcusable retraso» de la publicación del informe, pero subrayó que esto no debe desviar la atención de la importancia del documento.
«Ahora que la ACNUDH ha hecho públicas por fin sus conclusiones, ha llegado el momento de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU establezca un mecanismo internacional independiente para investigar estos crímenes de derecho internacional y otras graves violaciones de derechos humanos en Xinjiang», afirmó Callamard a través de una declaración el 1 de septiembre.
«Todos los Estados miembros tienen la obligación moral de apoyar las propuestas para debatir el informe y establecer un mecanismo de investigación, o de lo contrario quedarán en el lado equivocado de la historia», añadió Callamard.
Con la colaboración de Andrew Thornebrooke e información de The Associated Press
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