El comité del 6 de enero de la Cámara de Representantes votó el lunes para presentar cargos penales contra dos exasesores del presidente Donald Trump. La votación es el último intento de la comisión para reforzar su autoridad tras una feroz batalla legal por el privilegio ejecutivo.
El comité del 6 de enero se formó en junio en una votación mayoritariamente partidaria, y todos menos dos republicanos (Adam Kinzinger (R-Ill.) y Liz Cheney (R-Wyo.)) votaron en contra de formar la comisión. El comité está dirigido casi exclusivamente por demócratas, con Kinzinger y Cheney como los únicos republicanos en el panel.
El comité recomendó cargos de desacato al Congreso contra Peter Navarro y Dan Scavino, quienes se negaron a testificar ante el comité citando su privilegio ejecutivo como exasesores de la Casa Blanca.
En el momento de la votación, el presidente del comité del 6 de enero, Bennie Thompson (D-Miss.), rechazó los reclamos de privilegio ejecutivo.
“El privilegio ejecutivo no pertenece a cualquier funcionario de la Casa Blanca. Pertenece al presidente”, dijo Thompson. “Aquí, el presidente Biden ha dejado claro que el privilegio ejecutivo no impide la cooperación con el Comité Selecto ni del Sr. Scavino ni del Sr. Navarro.
“Incluso si un presidente ha invocado formalmente el privilegio ejecutivo con respecto al testimonio de un testigo, que no es el caso aquí, ese testigo tiene la obligación de sentarse bajo juramento y hacer valer el privilegio pregunta por pregunta. Pero estos testigos ni siquiera se molestaron en presentarse”.
Ninguno de los exasistentes ha respondido públicamente a los cargos, pero Scavino pareció refutar los cargos en una publicación que compartió en Facebook sobre un artículo de Breitbart que dice que el comité es «falso».
Afirmando que la concentración del 6 de enero «Stop the Steal» equivalía a una «insurrección» en toda regla contra el gobierno de Estados Unidos, la comisión del 6 de enero ha perseguido con celo a antiguos aliados de Trump, incluidos aquellos que no trabajaban con la Casa Blanca en el momento de la manifestación.
En octubre, la comisión fijó su mirada en el exasesor de la Casa Blanca Steve Bannon, quien dejó la Casa Blanca años antes del mitin del 6 de enero.
Bannon, alegando el privilegio ejecutivo, rechazó la citación. La Cámara de Representantes, liderada por los demócratas, no tardó en presentar una acusación de desacato al Congreso contra Bannon, y desde entonces el Departamento de Justicia del presidente Joe Biden acusó a Bannon del cargo.
Los abogados de Trump han argumentado que Bannon y otros exfuncionarios no deberían cumplir las citaciones porque la información solicitada está protegida por el privilegio ejecutivo de Trump.
La historia es muy parecida a la del exjefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, que también rechazó la citación de la comisión del 6 de enero en noviembre, alegando el privilegio ejecutivo.
Desde entonces, la comisión del 6 de enero ha ampliado aún más su búsqueda, enfocándose en miembros del Congreso en funciones como los representantes Jim Jordan (R-Ohio), Scott Perry (R-Pa.) e incluso el líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy (R-Calif).
McCarthy calificó los esfuerzos para citar a los miembros del Congreso en funciones como un “abuso de poder”, y los tres republicanos de la Cámara se negaron a testificar ante el comité.
El panel también se fijó recientemente en Ginni Thomas, la esposa del juez de la Corte Suprema Clarence Thomas, por las afirmaciones de que ella había enviado un mensaje de texto a Meadows durante la manifestación del 6 de enero.
En vista de la naturaleza partidista de la citación y los cargos presentados por la comisión, algunos republicanos, incluido el propio Trump, han dicho que hace parte de una “cacería de brujas” dirigida exclusivamente a los enemigos republicanos de los demócratas.
Otros, como McCarthy, han sido más ambiguos en sus críticas al comité. Cuando la comisión envió su citación a Bannon, McCarthy argumentó que las disputas legales en curso hacían que se desconociera la legitimidad de la citación.
“Están emitiendo una citación inválida”, dijo McCarthy. “Emitir una citación inválida debilita nuestro poder. Tiene derecho a ir a la corte para ver si tiene privilegio ejecutivo o no. No sé si lo hace o no, pero el comité tampoco. Así que están debilitando el poder del propio Congreso al emitir una citación inválida”.
Después que el comité recomendara la imputación de cargos criminales a Navarro y Scavino, le corresponde a la Cámara de Representantes tramitar la acusación para enviarla al fiscal general, Merrick Garland, con el propósito de que se decida o no iniciar una investigación.
Zachary Stieber contribuyó a este artículo.
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