Un parlamentario del gobernante Partido del Poder Popular (PPP) de Corea del Sur propuso este viernes un proyecto de ley para prohibir la matanza y venta de carne de perro y gato para poner fin a su consumo, una polémica práctica aún vigente en el país.
La propuesta partió de Tae Yong-ho, que considera que «la cultura de comer perros y gatos debería ser erradicada en una era en la que 15 millones de personas (cerca de un cuarto de la población de Corea del Sur) crían animales» domésticos, según declaraciones recogidas este viernes por la agencia local de noticias Yonhap.
La propuesta legislativa propone una revisión de la Ley de protección animal para prohibir los puntos anteriormente mencionados y permitir a las autoridades la concesión de subsidios para los negocios vinculados al consumo de este tipo de carne que hayan cerrado voluntariamente o cambiado su actividad de negocio.
La iniciativa cuenta con apoyo dentro del principal partido de la oposición.
La propuesta de Tae se produce meses después de que la actual primera dama surcoreana, Kim Keon-hee, instara en una entrevista a endurecer la protección animal en el territorio y a abandonar la práctica del consumo de carne canina, que entre las potencias más desarrolladas sólo se mantiene vigente en Corea del Sur y China.
El consumo de carne de perro en Corea del Sur ha caído enormemente en las últimas décadas a medida que han ido en aumento el número de hogares que poseen mascotas.
Sondeos de años recientes muestran que más de un 80 % de los surcoreanos nunca ha probado la carne de perro y no tiene intención de hacerlo, al tiempo que la mayoría de los grandes mercados de este tipo de carne han cerrado ya y el gobierno y diversas asociaciones han logrado clausurar muchas granjas y mataderos.
El anterior gobierno liberal estableció el año pasado un comité mixto para tratar de crear un «consenso social» sobre la necesidad o no de prohibir el consumo de carne de perro.
Aunque la mayoría de surcoreanos no ha comido nunca esta carne una encuesta del año pasado muestra que solo en torno a un tercio de la población está a favor de que se prohíba su consumo y los partidarios de esta práctica argumentan que las personas deberían tener libertad para elegir lo que comen.
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