El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador dispuso este miércoles que se reanude la sustanciación de las solicitudes de juicio político promovidas por el correísmo contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar, acusada de un presunto incumplimiento de funciones.
El CAL dispuso que la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea retome el proceso que había quedado temporalmente suspendido al alegar la fiscal general una situación de riesgo para el desarrollo de su embarazo.
La decisión del CAL obedece a la solicitud que enviara en agosto pasado la propia fiscal, cuando pidió al Parlamento que reanudara la tramitación del juicio de censura en su contra, al considerar que ya no está en riesgo su gestación.
Este órgano también autorizó a la Comisión de Fiscalización que califique las solicitudes y resuelva su unificación en un solo trámite, al existir dos peticiones de juicio político en paralelo, presentadas en noviembre y en mayo por los asambleístas Gissela Garzón y Héctor Valladarez, respectivamente, ambos de la Revolución Ciudadana, la fuerza política que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017).
Salazar, no obstante, ha calificado el proceso político en su contra como un «narcojuicio», al considerar que lo impulsan grupos ligados al crimen organizado que intentan evitar las investigaciones en su contra del Ministerio Público.
Aunque no ha nombrado a nadie, la fiscal ha asegurado que ese proceso parlamentario es «un burdo intento de revancha de los grupos delictivos» en su contra y para dilatar la acción fiscal «en contra de la corrupción, la impunidad y la delincuencia organizada».
Salazar, que lidera la Fiscalía General del Estado desde 2019, ha llevado varios procesos por corrupción, sobre todo contra la administración del expresidente Rafael Correa (2007-2017), quien fue condenado a ocho años de prisión en el denominado caso «Sobornos», una trama ligada al escándalo de la constructora brasileña Odebrecht.
Correa, asilado en Bélgica, ha negado los cargos y ha dicho ser víctima de una persecución judicial (‘lawfare’) en su contra dirigida por Salazar y sus enemigos políticos.
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