El Parlamento Europeo reclamó este jueves a los países de la Unión Europea (UE) que consideren como una organización terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán, que actúa como fuerza armada en el país.
La Eurocámara pidió además sancionar al líder supremo de Irán, Ali Jamenei, por la represión de las protestas desatadas en el país tras la muerte de la joven kurda Masha Amini en septiembre.
Tras una votación a mano alzada durante el pleno en Estrasburgo, el Parlamento aprobó una resolución en la que pide al Consejo de la Unión Europea, el órgano que representa a los gobiernos de los Estados miembros, que, además de la Guardia Revolucionaria, también clasifique como organización terrorista a todas sus fuerzas subsidiarias, como la milicia paramilitar Basij y la Fuerza Quds.
Además, los eurodiputados también piden expandir la lista de sanciones de la UE contra Irán a las dos principales figuras políticas del país, el líder supremo Ali Jamenei y el presidente Ebrahim Raisi, junto a sus familias, además de castigar al fiscal general, Mohamad Jafar Montazeri, como responsables de la represión de las protestas que se producen en el país desde septiembre de 2022.
El régimen iraní ya ha ejecutado al menos a cuatro personas por su participación en las protestas contra la muerte de Masha Amini, que falleció bajo custodia policial tras ser detenida por llevar el velo islámico presuntamente mal puesto, mientras otros 17 manifestantes han sido también condenados a la horca.
En total la represión policial de las protestas ha dejado casi 500 muertos y 20,000 detenidos, según los datos recopilados por ONG establecidas fuera de Irán.
Según los eurodiputados, todos los responsables de violaciones de los derechos humanos en Irán deben ser sancionados por los Veintisiete y en el texto de la resolución piden «más ajustes en la posición de la UE hacia Irán».
Además, también reclaman que los responsables del asesinato de manifestantes sean llevados ante la justicia e instan a las autoridades iraníes a poner fin a la represión de las protestas y a dejar en libertad a todos los condenados a muerte, un instrumento que, según la Eurocámara, el régimen usa para acabar con la disidencia.
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