Dos comisiones de la Cámara de Representantes iniciarán el 16 de mayo un procedimiento por desacato contra el fiscal general Merrick Garland, que intenta impedir que obtengan las entrevistas grabadas por el fiscal especial Robert Hur con el presidente Joe Biden.
A pesar de las citaciones que obligan a su cooperación, Garland se ha negado a proporcionar a los investigadores de la Cámara las grabaciones de la investigación de Hur sobre el manejo de documentos clasificados por parte del presidente.
Ahora, en medio de la posibilidad de ser acusado por desacato al Congreso, el fiscal general le ha pedido al presidente que haga valer el privilegio ejecutivo para impedir que los investigadores obtengan las cintas, petición que el presidente ha concedido.
“Le escribo para informarle que el Presidente ha hecho valer el privilegio ejecutivo sobre las grabaciones de audio solicitadas y está haciendo una afirmación protectora de privilegio sobre cualquier material restante en respuesta a las citaciones que aún no se han presentado”, escribió el Fiscal General Adjunto Carlos Uriarte en un Carta del 16 de mayo, obtenida por primera vez por Politico, a los presidentes de los comités de Asuntos Judiciales y de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara.
La carta fue enviada el mismo día que los miembros de los dos comités estaban listos para comenzar a redactar dos resoluciones separadas para declarar en desacato al Sr. Garland.
“Las comisiones de Supervisión y de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes enviaron citaciones legales al fiscal general Garland para las grabaciones de audio de la entrevista del presidente Biden con el fiscal especial Hur, pero él sigue desafiando nuestras citaciones», dijo el presidente de la Comisión de Supervisión y Responsabilidad, James Comer (republicano de Kentucky), en un comunicado del 13 de mayo.
“Estas grabaciones de audio son importantes para nuestra investigación sobre la retención intencional de documentos clasificados por parte del presidente Biden y su aptitud para ser presidente de Estados Unidos. Debe haber consecuencias por negarse a cumplir con citaciones legales del Congreso y tomaremos medidas para declarar al Fiscal General Garland en desacato al Congreso”.
El anuncio del presidente coincidió con la publicación del informe del presidente del Comité Judicial, Jim Jordan (R-Ohio), recomendando procedimientos por desacato contra el Sr. Garland por su incumplimiento de las citaciones.
Si bien el Departamento de Justicia ha proporcionado a los comités transcripciones de las grabaciones solicitadas, el departamento se ha negado a entregarlas. Las grabaciones de audio, han señalado los investigadores del juicio político, son “materialmente diferentes” de las transcripciones, que pueden modificarse.
En su informe, Jordan señaló que Garland “no invocó ningún privilegio constitucional o legal” negando su obligación de cumplir plenamente con las citaciones.
Aparentemente en respuesta, Garland le escribió al presidente Biden el 15 de mayo instándolo a hacer valer el privilegio ejecutivo.
«Las necesidades de los Comités son claramente insuficientes para compensar los efectos nocivos que la producción de las grabaciones tendría sobre la integridad y eficacia de investigaciones policiales similares en el futuro», escribió.
El fiscal general también señaló que no creía que los comités pudieran superar una afirmación de privilegio ejecutivo en una impugnación judicial.
Investigación de acusación
Si bien los presidentes de los comités republicanos han afirmado que el desafío del Sr. Garland justifica una remisión para procesamiento, no todos los miembros de sus comités están de acuerdo.
“Este marcado de desacato tiene más que ver con ayudar a la campaña de Trump que con cualquier desacuerdo legítimo con el Departamento de Justicia”, escribieron los demócratas del poder judicial en las redes sociales.
Del mismo modo, el representante Dan Goldman (D-N.Y.), miembro del Comité de Supervisión y Responsabilidad, catalogó la medida como un intento de distraer la atención de lo que describió como la fallida “farsa de juicio político” de los republicanos.
Muchos republicanos de la Cámara de Representantes han sostenido durante mucho tiempo que el presidente Biden debería ser acusado de presunto soborno y tráfico de influencias, pero una investigación de juicio político en curso se ha estancado, particularmente después de que fiscales federales acusaran a un testigo clave de supuestamente mentir sobre la participación de los Biden en un plan de soborno en Ucrania.
La cámara logró impugnar al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en febrero por su manera de administrar la frontera sur, pero el juicio fue rápidamente desestimado por el Senado controlado por los demócratas.
El Sr. Comer ha planteado la idea de enviar una remisión penal al Departamento de Justicia en lugar de proceder con una votación sobre el juicio político al presidente.
«¿Cómo es la verdadera rendición de cuentas? ¿Se parece a un juicio político a Joe Biden en la Cámara de Representantes y que luego el Senado lo presente como lo van a hacer con el juicio político a Merrick Garland? ¿O significa remitir verdaderos casos criminales al Departamento de Justicia? Creo que esto último», dijo en marzo.
La acusación de desacato al Sr. Garland funcionaría de forma muy parecida. Si el pleno de la Cámara lo aprueba, se remitiría el caso al Departamento de Justicia. La invocación del privilegio ejecutivo, sin embargo, impide esencialmente cualquier enjuiciamiento al fiscal general por su incumplimiento.
“El presidente Biden aparentemente teme que los ciudadanos de este país y todos escuchen esas cintas”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (R-La.), sobre la medida en una conferencia de prensa. «Obviamente confirman lo que el fiscal especial ha descubierto y probablemente causarían, supongo, en su opinión, tal alarma en el pueblo estadounidense que el presidente está usando todo su poder para reprimir su liberación».
Si los investigadores del impeachment desean seguir adelante, probablemente será necesaria una batalla judicial para superar la afirmación de privilegios del presidente.
Jackson Richman y Zachary Stieber contribuyeron a este artículo
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